Lo que sucedió ayer en la habitual reunión que el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostiene todos los lunes con los fiscales regionales dejó distintas interpretaciones entre los presentes. Para unos, fue la ratificación de lo que el líder del Ministerio Público planteó en su cuenta pública del 28 de abril pasado. Para otros, ceder ante las presiones por apurar las investigaciones que involucran a víctimas por delitos vinculados al atropello de derechos humanos entre 2019 y 2020, durante la crisis social.

En su discurso del miércoles de la semana pasada, Abbott sostuvo que “uno de los aspectos más graves y dolorosos de la crisis social han sido las denuncias por violaciones a los derechos humanos (...). Muchos de estos hechos se produjeron en contexto de manifestaciones muy masivas, lo que ha dificultado la identificación de los autores individuales”.

Según publicó Ciper en marzo pasado, el Ministerio Público -hasta el 28 de enero de 2021- cerró sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de derechos humanos (DD.HH.) ocurridas durante la crisis social. Y de acuerdo a las últimas cifras registradas por la fiscalía, a la fecha han formalizado 57 causas por violaciones a los derechos humanos, las que involucran a 118 imputados pertenecientes a Carabineros (113), el Ejército (4) y la Armada (1).

En ese contexto, Abbott señaló en la cuenta pública que ordenó a la Unidad Especializada en Derechos Humanos realizar un plan de contingencia para examinar los criterios de actuación en la persecución de los ilícitos por violaciones a los derechos humanos, aplicados en causas archivadas, y ver la opción de reabrir casos si hay razones para hacerlo.

Pero el tema no quedó solo en el discurso. Ayer, en la reunión realizada vía Zoom entre las 9.30 y las 11.00 con 11 fiscales regionales -se ausentó el fiscal regional del Maule-, Abbott profundizó en sus anuncios en esta materia y analizó lo planteado: habló sobre la creación de un equipo especializado para ver la reapertura de estos casos y sobre un documento que actualizará los criterios de actuación por estos ilícitos. De hecho, en los próximos días se dará a conocer por parte de la Fiscalía Nacional este escrito, el cual incluirá la persecución de la responsabilidad del mando de las instituciones involucradas en delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, algo que apenas se mencionó a la pasada -según algunos presentes-, pero que caló hondo en algunos fiscales, fue que se hablara sobre la posibilidad de que la persecución de estos ilícitos se transformara en una meta de gestión institucional.

La sola opción de evaluar algo así prendió las alarmas de algunos persecutores. Sobre todo, porque comentan que podrían cambiar la meta que tenían hasta ahora, la cual está girando en torno a los delitos en contra de la salud pública y la aplicación del Artículo 318 del Código Penal.

A raíz de esta posibilidad, algunos fiscales cuestionaron la política institucional al evaluarse la opción de modificar los ejes priorizados en la persecución penal. Sobre todo, dicen, considerando que en la cuenta pública, Abbott hizo una alerta en torno al alza de un 20% de los delitos de homicidios durante 2020. Así, señalan que no se entiende que ahora tengan que abocarse a un ilícito que es marginal en número, como las causas por violaciones a los derechos humanos.

Otros fiscales, en cambio, vieron lo indicado ayer por Abbott como un mensaje que los llama a seguir adelante en su trabajo y agotar las investigaciones por delitos de lesa humanidad, pero en ningún caso entendieron que de esta materia se podía llegar a establecer una meta institucional.

Además de las modificaciones de criterio de actuación en los ilícitos de DD.HH., la fiscalía se encontraba trabajando en un cambio en los criterios de delitos contra la salud pública. Esto, a raíz de los últimos fallos de la Corte Suprema en que despenalizó esta infracción a la restricción nocturna, en el entendido de que cuando las personas no andan en grupos o no se dirigen a fiestas no habría riesgo de afectar la salud pública.

Así, ayer el fiscal Abbott informó mediante correo electrónico a los funcionarios cuáles serían los cambios. En relación al Artículo 318 inciso primero del Código Penal, señaló que “los fiscales deberán tener presentes los criterios casuísticos asentados por la Corte Suprema para casos de infracción de aislamiento nocturno, debiendo iniciar investigación penal solo en aquellos casos donde se constate el riesgo hipotético requerido” por el máximo tribunal.

Como segundo punto, Abbott dijo que en los casos en que no se den los presupuestos del riesgo hipotético, al no tratarse de un asunto penal, “los fiscales deberán informar a los funcionarios policiales encargados del procedimiento que el organismo facultado para imponer sanciones, ante la infracción sanitaria, corresponde a la Seremi de Salud”. Y que en estas situaciones, “los fiscales deberán sugerir a los funcionarios policiales la remisión de los antecedentes a la autoridad sanitaria”.