A mediados de abril, Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco (UCT), fue electo como nuevo presidente de la Red G9, que agrupa a las universidades públicas no estatales, como la suya, la Pontificia Universidad Católica o la Universidad de Concepción.

Desde esa nueva vereda, el ingeniero acuícola analiza el presente de las casas de estudio, a las que la pandemia ha golpeado fuertemente, según sus palabras. Justo en un contexto de debate constitucional y en el que también deben adaptarse a los nuevos aranceles regulados de gratuidad.

¿Cuál ha sido el aporte del G9 en la pandemia?

Muchos de nuestros especialistas han estado participando y asesorando la vacunación, algunas universidades han puesto a disposición los laboratorios para el análisis de PCR. Se ha participado en las principales mesas, donde se toman decisiones. Hemos valorizado ese aporte y es cercano a los 18 mil millones de pesos.

Estamos ad portas de un proceso constituyente, ¿qué debe garantizar la Constitución en educación?

La política de provisión mixta en educación superior que ha tenido nuestro país debería de alguna manera quedar garantizada. Somos nueve universidades públicas no estatales y tenemos más del 50% de estudiantes en gratuidad, hay un tremendo compromiso público. Hay una tradición en el país respecto de cómo se hace la provisión de educación superior y creo que ha sido súper exitosa en términos globales, con todos los problemas y dificultades que se tienen.

¿La educación debe ser gratuita? ¿Se puede?

Como país hemos hecho un esfuerzo tremendo para avanzar hacia ella, pero no estoy tan convencido de que logremos tener un 100% de gratuidad. Uno mira las necesidades de otros sectores de la sociedad -la educación escolar y preescolar- y debe haber un acuerdo de hasta dónde tenemos capacidad para avanzar. Con la pandemia, la deuda pública de Chile probablemente va a subir considerablemente. Es muy difícil que como país tengamos las condiciones de avanzar a una gratuidad absoluta en la educación.

¿Cómo analiza la implementación de la gratuidad en la educación superior?

Estamos en una situación bien compleja: con la instalación de la nueva ley nos empezamos a encontrar con dificultades en la regulación de aranceles, en sus mecanismos y metodología que se fijó.

¿No conforma el nuevo cálculo de aranceles?

A pesar de que el subsecretario (de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas) ha anunciado que la propuesta mejora respecto de la inicial, estoy bastante decepcionado. Cuando uno compara, el fondo está focalizado en la contención del gasto más que en definir verdaderamente los aranceles en función de la necesidad de cada programa. Se presenta una situación homogénea que no responde a condiciones particulares.

¿Tiene datos concretos de cómo ello ha afectado al bolsillo del G9?

Tenemos algunas proyecciones y el modelo va sumando un desfinanciamiento constante. En las universidades del G9 es del orden de los 10 mil millones por año. Y este año será más.

¿El gobierno ha tenido apertura como para tirar un salvavidas?

A principios de mes, el ministro (de Educación, Raúl Figueroa) anunció que iba a generar una mesa de trabajo para ver cómo podía mejorarse la ley. Lo mismo nos transmitió el subsecretario al G9, pero hasta ahora ésta no se ha formado. Está bien que los aranceles sean regulados, tiene un efecto de contención, porque nada puede ser sin límites. Pero no sé qué va a pasar cuando se fije el total de aranceles. Preveo un efecto de desfinanciamiento constante de las universidades. El Artículo 108, a nosotros en particular como UCT, nos genera 1.000 millones de pérdida al año.

¿Hay espacio para salirse de la gratuidad?

Es muy difícil. No sé si alguna universidad tenga la capacidad, cuando ya tiene armado todo su sistema, de decir “me salgo”. Tal vez las grandes, pero para nosotros, las más chicas, es muy difícil. La UCT tiene el 72% de estudiantes en gratuidad y ninguno de ellos querría venir si no puede acceder a la gratuidad.

En este escenario, ¿cómo le ha pegado la pandemia al G9?

Ha significado menos ingresos. La pérdida de estudiantes impactó en nuestros presupuestos, principalmente en regiones menos conectadas con internet. La UCT perdió más de mil estudiantes, no por no poder darles bolsa de datos o tablets, que les dimos, pero si donde viven no llega la señal, es muy difícil. Si los estudiantes que tienen gratuidad renuncian, esos recursos se tienen que devolver. Y ya se contrataron profesores, plataformas, entonces el costo lo asume la universidad. Hay muchas en el límite del rojo y otras que hemos logrado mantenernos. Para las universidades, la pandemia agudiza muchísimo más el efecto que está teniendo la ley.

¿En el G9 hay instituciones corriendo riesgos económicos mayores?

No sé si estemos en el límite de una crisis, pero sí en una tendencia de ir desmejorando nuestros ingresos y capacidad de desarrollo. No me atrevería a decir que el próximo año va a ser en rojo, pero si esta tendencia continúa, las universidades más chicas del G9 pueden ser mucho más afectadas.

¿La educación virtual llegó para quedarse?

Las universidades van a ser o tender a desarrollar sus componentes digitales y usar todas esas herramientas. Debemos tener una profunda reflexión de cómo vamos a formar a los estudiantes. Eso ya ocurre en muchas universidades del mundo y muchas hemos tenido que avanzar más rápido de lo que teníamos pensado. Si las universidades no nos subimos en este tren de alta velocidad estamos perdidas definitivamente, porque el mundo se mueve hacia allá.

¿Es necesaria la presencialidad?

Indudablemente. Las universidades estamos súper conscientes de que hay mucha formación que no se puede hacer en línea. La presencialidad es clave. Hay una riqueza de la formación que se ha ido perdiendo. Respetando las condiciones, todas las universidades tenemos planes de retorno.