Reuniones, tratativas y varios documentos. Desde hace al menos una semana, las dirigencias políticas del Frente Amplio -encabezadas por el diputado Gonzalo Winter (CS) y el exasesor parlamentario de Gabriel Boric y abogado de Nodo XXI, Francisco Arellano (Comunes)- iniciaron una serie de conversaciones entre los parlamentarios oficialistas para establecer ciertos “mínimos legislativos” si es que la propuesta constitucional es aprobada en septiembre próximo.

En medio del debate de las modificaciones a hacer al nuevo texto, en el Frente Amplio prima la idea de que el escenario para “afinar” sus aspectos más débiles es en su implementación, en contraposición a la postura que prima en el Socialismo Democrático -particularmente en el PPD y su documento “Apruebo para mejorar”-, que plantea reformar directamente la Carta Fundamental. En el conglomerado oficialista buscan entregar certezas a los votantes indecisos por esa vía, en un escenario donde si bien el Apruebo ha repuntado en los sondeos de opinión, la ventaja sigue estando en manos del Rechazo.

El relato -admiten en la bancada frenteamplista- es hablar durante la campaña de “implementación” y no de reformas sustantivas al texto. La misma jefa de bancada RD, Catalina Pérez, señaló hace algunas semanas en este diario que más que reformas, los nudos críticos de la nueva Constitución están en los enunciados generales, y es el Congreso el espacio donde se deben dar esas garantías y afinar los contenidos.

Parte de eso quedó plasmado en un borrador de 12 puntos -al cual tuvo acceso La Tercera- en el que se abordan leyes “complementarias” a los artículos de la nueva Carta Magna. En el documento preliminar se incluyen los tópicos de salud; educación; pensiones; trabajo; seguridad; derechos de las mujeres; protección de los consumidores; prohibición para ejercer cargos públicos a condenados por corrupción, violencia intrafamiliar y otros; sanciones a los abusos en los mercados; vivienda; justicia y autonomía territorial indígena.

“En materia de salud, nos comprometemos a que exista un seguro universal de salud, que garantice una atención pronta y de calidad, y proteja la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse en el nuevo Sistema Nacional de Salud, que estará compuesto por clínicas y hospitales públicos y privados”, se lee en el punto referido a dicha área.

“Comprometemos además que en el nuevo sistema se respetarán los ahorros previsionales existentes en las cuentas individuales”, se plantea en el ítem referido a pensiones.

Sobre el derecho al aborto, en particular, se refleja un compromiso a que “la ley que regule los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres establezca el aborto libre, gratuito y seguro hasta las 14 semanas de embarazo”.

Mientras que en vivienda, en tanto, abordan las “dudas” en torno a la propiedad. “Comprometemos que la ley que regule el nuevo derecho a la vivienda (artículo 51) mantenga la actual política de vivienda que entrega propiedad en plena disposición para la o el beneficiario y su familia”.

Y en cuanto a educación, se afirma: “El Sistema Nacional de Educación que crea la nueva Constitución estará compuesto por colegios públicos, particulares subvencionados y particulares pagados; protegerá el derecho de los padres de elegir el colegio de sus hijas e hijos; y pondrá en el centro del deber del Estado la mejora y expansión de la educación pública. Nos comprometemos a través de la ley a construir mecanismos para la adecuada coordinación y respeto de los derechos de todos los actores que componen el sistema, y además aseguraremos que todos los jardines, escuelas y liceos públicos de Chile reciban el mismo financiamiento según sus necesidades, y que sea suficiente para asegurar una educación justa y de calidad”.

El capítulo más extenso, eso sí, es el referido a justicia indígena. “Los sistemas de justicia indígena están reconocidos en los artículos 307, 309 y 329 de la nueva Constitución, y mandatan a la ley establecer sus reglas de funcionamiento. Proponemos los siguientes puntos mínimos: Primero, que los procedimientos de justicia indígenas serán siempre voluntarios. Es decir, nadie podrá ser obligado a concurrir a ellos. Segundo, nos parece que hay materias que deben quedar excluidas de la justicia indígena. En particular, proponemos que los delitos en los que hay un interés general de la sociedad por su investigación y sentencia queden excluidos de la justicia indígena. Es decir, solo en aquellas materias que hoy la ley permite resolver con un acuerdo entre la víctima y el imputado podrán ser resueltos en la justicia indígena, la que además será siempre voluntaria. Tercero, que los principios del debido proceso y derechos humanos rijan en todos los sistemas de justicia del país.”

Según fuentes de la coalición, la lista preliminar elaborada por el Frente Amplio podría sufrir modificaciones conforme sea socializada con más parlamentarios. Hasta el cierre de esta edición, aún continuaban los diálogos para que -si concita consenso- la bancada completa del Frente Amplio firme el documento, junto con el PC y parte del PS.

Sin embargo, y por ese mismo diálogo, conocedores de este “acuerdo de mínimos” comentan que los 12 puntos podrían acotarse o ampliarse y que aún sigue en revisión por parte de los equipos técnicos de la bancada. En ciertos sectores de RD, por ejemplo, ven con distancia los compromisos en torno a las autonomías territoriales. “Que la organización y atribuciones de las autonomías territoriales indígenas deba ser coherente con el carácter único e indivisible del territorio de Chile”, señala el escrito.

La propuesta aún no ha trascendido entre las directivas del Socialismo Democrático. Sin embargo, según confirman quienes han seguido la elaboración, el coordinador de la campaña del Apruebo, Vlado Mirosevic (PL) sí tenía conocimiento de los puntos de interés plasmados en el texto.

Winter (CS) señala a La Tercera que “el mundo legislativo también comprende que tiene una responsabilidad posplebiscito. Y es importante e interesante iniciar conversaciones preliminares e informales sobre cuestiones legislativas que están contenidas en el texto constitucional. Básicamente, somos legisladores hablando de legislar”.

Desde Comunes, la diputada Emilia Schneider afirma que “la propuesta de nueva Constitución viene sin cerrojos y permite el debate democrático respecto a sus mejoras. Quienes hemos estado por las transformaciones que trae, tenemos que enfocarnos en dar certezas a la ciudadanía que podemos implementar cambios concretos”.