Un día después de que arribara a Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos, la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) podría acogerse a la “confesión sincera” y término anticipado en el proceso por el Caso Interoceánica, que se encuentra en la etapa de control de acusación, a fin de reducir una probable condena.

El exmandatario está acusado de recibir unos US$ 35 millones a cambio de licitar a favor de la empresa brasileña Odebrecht el proyecto de construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

En una entrevista con Canal N, Carrión señaló que en el caso de la confesión sincera, la reducción de la condena puede ser de hasta un tercio, mientras que el término anticipado dependerá de la información que brinde al juez.

Respecto a la posibilidad de que se le dicte arresto domiciliario al exmandatario, Carrión sostuvo que su abogado, Roberto Su, tendrá que acreditar las pruebas, aunque recordó que el Ministerio Público ya adelantó que se opondrá a la medida. “Sin embargo, la defensa no está alegando que se acredite, sino más bien por una cuestión de salud que tendrá que ser demostrado con médicos y las pruebas respectivas”, dijo.

En la misma línea, el diario La República señaló que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acompañó al exmandatario desde que llegó hasta su ingreso al establecimiento penitenciario. Fuentes policiales informaron al periódico que la fiscal también le detalló a Toledo los beneficios penitenciarios, como la reducción de pena que podría recibir si se acoge a una sentencia anticipada.

La fiscalía ha solicitado 20 años y 6 meses de cárcel para el expresidente por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

El abogado de Toledo, Roberto Su, agradeció la cortesía de la fiscal de la Nación por interesarse en proteger los derechos de su cliente, desde que llegó al aeropuerto hasta antes de su traslado al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. Sin embargo, el profesional afirmó que no le han permitido visitar a su patrocinado y que desconoce si ha ingerido alimentos o cuál es su estado de salud. Además, aseguró que el expresidente “no está obligado” a participar en audiencias judiciales.