El reglamento de la Convención Constituyente estableció que las personas tienen posibilidad de hacer sus propuestas a través de lo que se llama la Iniciativa Popular de Norma. Así, miles de personas han participado en ese inédito proceso, con la particularidad que las más populares son muy distintas al tono refundacional que suelen tener los convencionales más mediáticos en sus discursos.

A manera de ejemplo, la iniciativa denominada Cannabis a la Constitución tiene ya 35 mil firmas, la reafirmación de un Banco Central Autónomo tiene 20 mil firmas, en contraste con las declaraciones del convencional Fernando Atria, quien en un foro planteó la intromisión del sistema político en dicho organismo. Su tono e idea es bastante popular dentro de la propia Convención. La idea promovida por activistas de derecha llamada “Con mi plata, no” sobre defender los ahorros previsionales también supera las 30 mil firmas. Y así sucesivamente.

¿Está hablando el pueblo en un tono distinto al de la Convención? ¿El exceso de discursos de interseccionalidad está afectando la legitimidad de dicho órgano? Estas preguntas son complejas, pues establecen una duda sobre el éxito de dicho proceso, y es un regalo para quienes proponen rechazar en el plebiscito de salida, sin que esté escrita una sola letra de la nueva Carta Magna.

Pero es un hecho que la Convención tiene un problema comunicacional serio. Lo planteó en su sede la expresidenta Bachelet, y lo ha reconocido la nueva mesa formada por Quinteros y Domínguez. La nueva presidenta del organismo ha tomado el tema como una epopeya personal y en su propia voz difunde día a día, vía WhatsApp, el accionar de la Convención. Pero la sensación que no han avanzado nada y las noticias sobre lo folclórico del organismo, incluyendo las declaraciones de Atria sobre el Banco Central, siguen siendo el ruido de fondo.

Es una apreciación injusta, pues la Convención ha tenido avances. Sacó el reglamento en el plazo pronosticado, sin ningún tono distinto al acuerdo de noviembre. La mayoría de las comisiones han recibido a todo el espectro político, y han avanzado en acuerdos importantes sobre el régimen presidencial y mantienen una viva e instruida conversación sobre el futuro órgano legislativo. Pese a las dificultades logísticas iniciales, se ha logrado la plena instalación y funcionamiento.

Pero el exceso de discursos de demandas, que han sido difundidas por la propia Convención y una especie de temor a plantear la importancia de los acuerdos ha conspirado contra ello. A veces se ve un tono demasiado recargado a la asamblea, en especial en las comisiones más ligadas a los aspectos económicos. También se suele confundir aquello que es motivo de ley con lo que debe tener rango constitucional, lo que explica muchas de las iniciativas populares sobre asuntos relevantes en la discusión. A manera de ejemplo, las relacionadas con el consumo de cannabis o los fondos previsionales debieran ser asuntos más propios del Congreso.

También la nueva mesa tiene una tarea fundamental: explicarle al país que el nuevo texto que nos regirá por muchas décadas requiere un acuerdo profundo. Esta es una palabra maldita en la neolengua que ha creado cierto sector político. También esos acuerdos deben hacerse de una forma que a las personas que han firmado iniciativas populares no les parezca nuevamente una especie de conciliábulo de iluminados e iluminadas.