Aunque la inflación ha dado señales de ir cediendo en el último mes, no han sido pocas las solicitudes desde Apruebo Dignidad -la coalición del Presidente Gabriel Boric- para que el Ejecutivo reconsidere transferencias directas u otro tipo de ayudas económicas para la ciudadanía. Es en ese contexto donde ha reflotado la presión para mantener “congelado” el precio del transporte público, luego de que a mediados de octubre el Ministerio de Transportes afirmara que el alza en la tarifa de la locomoción comenzará en los primeros meses de 2023, aunque de manera “gradual”.

Una petición que se transmitió -primeramente- por parte de los personeros de Apruebo Dignidad en el cónclave de Cerro Castillo, pero que se ha reiterado en los últimos días en las intervenciones públicas de sus representantes y presidentes de partidos.

Esa insistencia llevó al Mandatario a dar una dura respuesta desde Bangkok, Tailandia, en medio de su participación en la APEC. “Esto no es un tema de Apruebo Dignidad o de una coalición u otra. Nosotros somos una alianza de gobierno, y lo que yo les manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan, es que es importante que nos comportemos como tal”, enfatizó.

Antes de partir de gira, el Jefe de Estado ya había comentado en un medio regional que “el precio (del transporte) no ha subido en tres o cuatro años. Eso no es sostenible en el tiempo, producto de la misma inflación. El cómo y cuándo hacerlo es algo que está en discusión desde el gobierno y tenemos que tener en consideración la situación de las familias (...). Es parte del arte de gobernar”.

Aunque el domingo pasado en Mesa Central dio un cierto matiz. “Si es necesario tomar más de estas medidas, por cierto que lo vamos a hacer (...). Lo estamos discutiendo con el ministro de Transportes, uno no puede mantener congelado eternamente el precio de la locomoción, pero entendemos que la situación económica de las familias es complicada y estamos discutiendo las mejores alternativas y tiempo”, precisó.

En La Moneda afirman que detrás de las palabras del Mandatario no hay un “enojo” respecto de su coalición, pero sí afirman que hay una definición meridianamente clara de que debe existir un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y las necesidades de la población. “Y esa discusión es técnica”, advierten allegados al gobierno, dando a entender que responderá a una facultad del Presidente y de las carteras involucradas, mas no de las colectividades.

Si bien las dirigencias de Apruebo Dignidad descartaron seguir profundizando en el tema, admiten -en privado- que algunas de las solicitudes son “parte del debate público” y que los partidos cumplen el rol de canalizar ciertas demandas ciudadanas, distanciándose de la idea de que la solicitud “pega” al gobierno en un escenario tensionado por los limitados recursos fiscales. “Los partidos no son el gobierno” -plantea un parlamentario- “y no podemos distanciarnos de la ciudadanía”.

De hecho, se espera que durante la reunión de este jueves -día que ha establecido la alianza de gobierno para reuniones- el punto sea abordado.

El líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, argumentó que “lo que uno aspira es al congelamiento de la tarifa, porque sabemos que afecta directamente al bolsillo de las familias chilenas (...). Entendemos el planteamiento del Presidente, y sabemos que acá hay que buscar algún equilibrio que no afecte las arcas públicas, tal vez el camino es tener algún tipo de ayuda directa, bono o subsidio que permita que no lo sienta tan fuerte en el bolsillo de las familias con más dificultades económicas”.

En el Socialismo Democrático ven con distancia las solicitudes de ayudas o amortizaciones económicas -como el subsidio al costo del pasaje- durante el ciclo inflacionario. En el cónclave, de hecho, el senador PPD Ricardo Lagos-Weber recalcó que ese tipo de solicitudes no se pueden realizar de forma pública, aludiendo -particularmente- al PC, quienes en una de las resoluciones del último comité central definieron emplazar al gobierno a “desplegar medidas concretas que aborden y corrijan el alza en el costo de la vida”.

La vocera de la alianza de gobierno y timonel PS, Paulina Vodanovic, respaldó la postura de Boric y reiteró que estas “son políticas privativas del Presidente. Todos estos llamados externos son complejos, porque van enturbiando la conversación (...). No corresponde que nadie esté por la prensa pauteando. Esas peticiones o esas inquietudes creo que hay representarlas en la forma que corresponde, que es el comité político”.

El alza del costo del pasaje fue una demanda sentida del Mandatario -y de su sector- en su período como parlamentario. En horas de la tarde del 18 de octubre de 2019 emplazó al -en ese entonces- Presidente Sebastián Piñera a “revertir el alza del pasaje ya y a no criminalizar la protesta social”.

Desde el Ministerio de Transportes sostienen que la discusión sobre el alza de la tarifa sigue en un proceso de análisis y que lo único claro es que cuando esta se aplique, será en forma gradual.

“La tarifa no puede estar eternamente congelada”, dice una fuente del MTT, “pero para el ministerio es relevante el contexto social, económico y político del país. Es un tema que afecta a toda la población”. Y lo anterior va en la misma dirección de lo que dijo el ministro Juan Carlos Muñoz en octubre: “El descongelamiento tiene que ser gradual y estamos pensando en algo que sea intermedio. Va a ser un valor que va a estar entre la tarifa congelada y la inflación”.

Respecto a la fecha, Muñoz en aquella oportunidad señaló que “va a subir en enero o febrero seguramente”, pero el cuándo también está en estudio. “Eso no está zanjado”, dice otro personero del MTT que ha seguido la discusión.

Durante la tarde de este jueves, Muñoz precisó que “nos encontramos evaluando los diferentes escenarios, porque sabemos que se trata de un tema muy importante para millones de personas como el precio del transporte público (...). Lo que estamos haciendo es justamente compatibilizar las mejores alternativas y tiempo, pero sea cual sea la decisión, siempre será teniendo la gradualidad como base de esta. Bajo ningún escenario se ha evaluado un alza de la magnitud que algunas voces han levantado, comentando cifras de 80 pesos”.

Desde el Panel de Expertos del Transporte Público (PETP) confirman que aún no hay claridad de cuándo se propondrá el aumento de tarifa, y menos el monto de ese incremento (en abril ya había propuesto un aumento de 30 pesos).

“La única herramienta que tiene el panel es sacar cuentas, ver los recursos que se necesitan y aumentar las tarifas en relación a muchas variables, entre las que se encuentran el precio del petróleo, inflación, IPC y dólar”, señalan.

“La decisión final, en todo caso, es del Ministerio de Transportes, de Hacienda o incluso del Presidente de la República, pues el alza de la tarifa también va de la mano con los recursos que se puedan manejar para el subsidio”, añaden. Y cabe recordar que la tarifa congelada afecta no sólo a la RM, sino que a todo el país.

En cuanto a los plazos, el PETP hace una propuesta al MTT para que este pueda formular sus observaciones dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes. Una vez recibidas las observaciones, el PETP emitirá una resolución definitiva sobre el nivel de las tarifas.

Y ese nuevo nivel de tarifas deberá ser informado al MTT, a lo menos 30 días antes de su aplicación, la que, a su vez, será sancionada por Resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones e implementada por el Administrador Financiero de Transantiago S.A.

En la última sesión ordinaria del Panel de Expertos, en la que también participaron representantes del Directorio de Transporte Metropolitano (encabezados por la directora Paola Tapia), el gerente de Finanzas del DTPM, Diego Cruz, expuso sobre el subsidio utilizado a la fecha: $ 449 mil millones, equivalente al 64% del subsidio, respecto del total que asciende la suma de $ 699,9 mil millones, quedando un remanente de $ 250 mil millones para ser ejecutados en lo que resta del ejercicio.