Desde hace 20 días, los principales cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos están siendo bloqueados por el denominado “Freedom Convoy” (“Convoy de la Libertad”), movimiento que logró reunir a cientos de personas en Ottawa para marchar en contra de los protocolos sanitarios establecidos por el gobierno de Justin Trudeau. La molestia estalló a fines de enero, cuando comenzó a regir el nuevo mandato de vacunas obligatorio, que exige a los camioneros que ingresen al país inocularse para cumplir con el esquema completo. El caos transfronterizo obligó al gobierno a tomar nuevas medidas invocando la Ley de Emergencias, instancia que no se utilizaba desde 1970 y que busca poner fin a la “rebelión” antivacuna en el país.

Durante el fin de semana, un contingente de policías llegó hasta el puente Ambassador en Windsor, Ontario, para retirar a la fuerza a cerca de 100 vehículos, en su mayoría camiones, camionetas y otros automóviles cubiertos con banderas de Canadá, que cumplían seis días estacionados bloqueando un tramo de dos kilómetros que conecta con Michigan, EE.UU. Cada día más de US$ 320 millones en bienes cruzan este camino, por lo que la propia Casa Blanca solicitó tomar medidas para evitar “serias consecuencias”.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, advirtió que tras una orden judicial para despejar el área, los vehículos restantes podrían ser confiscados y que “las multas por incumplimiento serán severas, con una pena máxima de US$ 78 mil y hasta un año de prisión”.

La ministra de Finanzas canadiense, Chrystia Freeland, señaló que la Ley de Emergencias permitirá a las instituciones financieras “congelar las cuentas personales o corporativas” que consideren se están utilizando para financiar las protestas, especialmente después de que la policía incautó armas largas, chalecos antibalas y cargadores de alta capacidad a los grupos. “Se trata de seguir el dinero y de detener la financiación de estos bloqueos ilegales”, defendió la funcionaria, tras asegurar que el país perdió US$ 500 millones por día y que se siguen registrando bloqueos en Manitoba y Alberta.

De acuerdo a la agencia Reuters, el estatuto activado en Canadá entrega al gobierno federal la potestad para imponer medidas temporales especiales sobre las provincias, con el objetivo de mantener la seguridad en el territorio, como ocurrió durante las dos guerras mundiales. Sin embargo, en “tiempos de paz” solo fue utilizado por el exprimer ministro Pierre Trudeau, padre del actual líder, durante la Crisis de Octubre de 1970.

“Los bloqueos están lastimando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública. No podemos permitir que estas peligrosas e ilegales actividades continúen”, señaló el lunes el primer ministro Trudeau ante las manifestaciones que iniciaron el 29 de enero en Ottawa, capital que debió decretar estado de emergencia el pasado 6 de febrero.

Según la BBC, el bloqueo en Windsor era el más grande hasta ahora, pero la fiebre antivacunas se ha extendido en el país con choques en los cruces fronterizos en Alberta y Manitoba. El variado grupo de manifestantes está integrado por una mezcla de escépticos a las vacunas, cristianos evangélicos y residentes locales contrarios a las cuarentenas y mascarillas, el cual se instaló en Ottawa donde cercó el centro, obligando a cerrar el comercio, para instalar parrillas y jugar hockey en las calles, mientras gritaban por “libertad”.

La concentración de los camioneros y simpatizantes llegó hasta zonas residenciales de Ottawa, donde el ruido por los bocinazos terminó por empeorar la situación. El alcalde Jim Watson aseguró que era una “guerra psicológica” y junto a los vecinos exigieron una respuesta estatal. Días después, una orden judicial prohibió temporalmente -por 10 días- el uso de bocinas, como resultado de una demanda presentada por un joven de 21 años que describió vivir “angustia mental, sufrimiento y tormento” generado por los altos niveles de sonido en el aire. Los manifestantes acordaron retirarse de los barrios para mantener las movilizaciones únicamente frente al Parlamento.

En medio del revuelo, el jefe de la policía de Ottawa, Peter Sloly, renunció ayer ante acusaciones de “inacción” frente a los manifestantes que han estado más de dos semanas en el centro de Ottawa. No obstante, la emergencia podría terminar siendo un fuerte golpe al liderazgo de Trudeau y del Partido Liberal, reelecto en septiembre pasado.

Una encuesta de opinión de Maru publicada la semana pasada en el National Post señala que un 56% de los canadienses no tiene ninguna simpatía por el “Convoy de la Libertad” y dos tercios no tendrían problemas con que la fuerza militar despeje las rutas. No obstante, un 53% de los encuestados acusa una respuesta gubernamental “débil” y un 44% culpa al primer ministro de “incendiar” la situación, por lo que solo un 16% votaría por Trudeau tras sus acciones de las últimas dos semanas.

Inicialmente, el gobierno canadiense aseguró que las protestas de los camioneros eran “minoritarias” e “inaceptables”, por lo que rechazaron sentarse en una mesa de diálogo. Ante la llegada de los camioneros a Ottawa, Trudeau acusó a los manifestantes de seguir “teorías de conspiración” y se alejó del manejo del conflicto defendiendo las estrictas restricciones impuestas por la pandemia.

Según el diario canadiense National Post, el uso de la Ley de Emergencia fue considerado por algunos sectores como una amenaza a la seguridad nacional, ya que es una legislación diseñada para tratar una invasión extranjera o una guerra civil, lo que se aleja de la situación actual. En cambio, el plan de vacunación obligatoria para funcionarios públicos y la industria del transporte decretado por Trudeau fue visto como una forma de obtener réditos electorales.

Aun con el desbloqueo de los principales pasos fronterizos, según CNN, los vehículos comerciales hacia Canadá han registrado demoras de más de cuatro horas en los últimos días. Por el momento, la exigencia de vacuna a nivel nacional para los camioneros sigue en pie, pero el gobierno de Ontario informó que si las cifras epidemiológicas los respaldan comenzará un levantamiento de restricciones desde el 1 de marzo, dejando sin efecto el pasaporte de inmunidad y eliminando los aforos en los espacios públicos, aunque la mascarilla se quedará por al menos otro mes.

Una encuesta del Instituto Angus Reid apunta a que en septiembre pasado un 69% de los canadienses respaldaba confinamientos y mayores medidas ante un eventual alza de contagios, pero en la más reciente edición un 54% ahora apoya el fin inmediato de las restricciones y comenzar a tratar al coronavirus como una gripe.

A la fecha, Canadá registra 3,2 millones de contagios y más de 35 mil fallecidos por el Covid-19. Además, tienen una de las tasas de inoculación más altas del continente, con datos de Our World In Data, un 85% de la población -32 millones- recibió al menos una dosis de la vacuna y un 80% -30 millones- cuenta con ambas dosis.