Impacto generó al interior del sindicato de funcionarios de Derechos Humanos del INDH el oficio de Carabineros que llegó hasta la entidad, que es dirigida por Sergio Micco, el 14 de abril pasado. En el documento, firmado por la general de Carabineros Karina Soza, se anuncia que la institución uniformada denunciará en el ámbito administrativo a la observadora Selene Aguilera Jiménez, quien protagonizó una fotografía que se hizo viral en redes sociales y que mostraba a un miembro de Fuerzas Especiales rociándole gas pimienta mientras ella grababa con su celular en una protesta que tuvo lugar en el sector de Plaza Baquedano el viernes 19 de marzo.

La acción de la policía es inédita. Nunca antes se denunció en el plano administrativo a un observador de Derechos Humanos y según se explica en el escrito se tomó la determinación pues los uniformados cuentan con imágenes que la muestran a ella, y a otras dos funcionarias del INDH, supuestamente entorpeciendo una detención. El oficio, al que tuvo acceso La Tercera, detalla que ese día se había convocado una protesta denominada “Libertad a los presos políticos de la revuelta, porque no nos callamos todos a La Moneda”. En ese contexto, explica Carabineros al INDH, y ya que el llamado a reunión implica infringir las medidas sanitarias que prohíben eventos públicos con más de 50 personas se procedió a detener a los ciudadanos que se aglomeraron pasadas las 17:30 en la esquina de Vicuña Mackenna con la Alameda.

Pasadas las 18:30, se puede leer en el informe de la general Soza, “personas empezaron a provocar desórdenes públicos y efectuando ataques al personal de servicio mediante lanzamiento de objetos contundentes de diferentes tamaños”. Agrega que “en el procedimiento que debió adoptarse y acciones de despeje realizadas por el personal de servicio ya señalado, se detuvo a un individuo que lazaba objetos contundentes a personal policial en la calle Santiago Bueras”. Es ahí cuando, según denuncia Carabineros, al momento de subir al imputado al vehículo policial de traslado, hacen uso del lanzamiento de una granada de mano con gas lacrimógeno, según su versión, para repeler los ataques que impedían la aprehensión.

“Es en este contexto que la observadora del INDH junto a dos funcionarias de ese organismo, debidamente individualizadas con chaqueta y credencial, además de portar mascarillas y cascos de protección, se encuentran en el lugar y utilizan sus teléfonos móviles para obtener imágenes de la detención realizada, sin respetar una distancia adecuada para el correcto proceder del personal aprehensor. Acto seguido una de ellas efectúa una acción de barrido con su pierna izquierda en la que patea la granada lacrimógena que se había activado como medida de protección del personal policial y la lanza en dirección a ellos”, dice el documento.

De todo lo narrado, constata el oficio, existen imágenes previas a la fotografía que se viraliza y en la que el funcionario de Fuerzas Especiales lanza gas a Aguilera. “A raíz de la situación que se generó, una de las funcionarias es alcanzada por una pulsación de líquido OC (gas pimienta) del dispositivo MK-9 que acciona el personal policial que prestaba cobertura a los aprehensores y que, a la postre, es la imagen que se viraliza en redes sociales”. La general agrega que en vista de estos antecedentes y las declaraciones de la funcionaria que dice haber sido víctima de golpes, ellos presentaron una denuncia y adjuntaron el material audiovisual de los minutos previos y posteriores a la intervención con gas pimienta.

Soza detalló los procedimientos que se han adoptado para el mejor actuar de observadores de Derechos Humanos y que ellos intentan facilitar la visita de funcionarios del INDH en las comisarías tras las protestas. Que al menos eso era muy común antes del estallido social y que en el último tiempo se ha vuelto a esa práctica. “Con todo lo narrado anteriormente se estima que la actuación de la funcionaria el día 19 de marzo de 2021 se aleja de los principios y orientaciones consignadas en los textos ya señalados (de las obligaciones de los observadores) lo que provocó la situación ampliamente difundida por redes sociales por el particular; no se debe olvidar que la condición de Aguilera es de funcionaria pública de un organismo que recibe financiamiento estatal y que sus referencias a otros miembros de organismos públicos (Carabineros de Chile) en declaración prestada a la cadena independiente Piensa Prensa refiriéndose como ‘bestias’, ‘locos’ en alusión al personal policial, no se condice con dicha calidad, debiendo en todo momento de la vida privada mantener una conducta acorde a su condición de servidor público, según lo ha señalado reiteradamente la Contraloría”.

Carabineros detalla ante el INDH que revisó las redes sociales de Aguilera. “De la revisión de las redes sociales personales y públicas de la señalada funcionaria se constata fácilmente la opinión y posición que mantiene respecto de la institución, del Gobierno, de la protesta social y de los denominados ‘presos políticos de la revuelta’, por lo que de inmediato surge la interrogante respecto de su imparcialidad y objetividad al momento de efectuar una labor de observación en manifestaciones sociales, como asimismo su justo y equilibrado proceder frente al personal policial y a las actitudes de los manifestantes que provocan el uso gradual de la fuerza, todo lo cual va en desmedro de su idoneidad para cumplir funciones de observadora”, se lee en el documento.

Finalmente el libelo sostiene que “por todas las consideraciones anteriores, es preciso hacer presente a este instituto, que Carabineros de Chile efectuará una presentación a la Contraloría con la finalidad de que se pronuncie respecto a las aprehensiones aquí señaladas, sin perjuicio de aplicarse las medidas internas a los funcionarios de la institución mediante la instrucción del proceso administrativo que se incoa actualmente, si el resultado de la investigación administrativa instruida así lo determine”.

Consultado el INDH si abrió o no un sumario a Aguilera por estos hechos, no entregaron información.

Luis Guerrero, presidente de la Asociación de Funcionarios del INDH, repudió la acción policial y sostuvo que la defensora de Derechos Humanos está siendo amedrentada.

“Nos hubiera gustado que Carabineros antes de realizar una acción como esta responda por las 132 querellas que se ha presentado el INDH con ocasión de agresiones y lesiones sufridas por defensoras y defensores de Derechos Humanos”, emplazó.

El dirigente sostuvo que “aquí lo que se ha asomado es casi coreográfico y coordinado de parte de los agentes que tienen como misión el resguardo del orden público y sin embargo se dedican a realizar actos de intimidación y que ponen en peligro la libertad de expresión”. Agregó que “justo ahora que vemos cómo las Fuerzas Armadas se coordinan en una respuesta coordinada, ahora tenemos a Carabineros denunciando a una dirigenta sindical que además es observadora de Derechos Humanos, a quien se le amenaza con su libertad de expresión y no por cualquier persona, si no por quienes tienen el monopolio de la fuerza y que sin mediar investigación alguna han hecho seguimiento a sus redes sociales personales, lo que atenta con la libertad de expresión y es una amenaza a la intimidad de una persona que ha sido víctima recientemente de una agresión, esto es una revictimización”.

Guerrero emplazó a las autoridades del INDH y sostuvo que “nosotros exigimos una defensa irrestricta a quienes defienden los derechos humanos porque el contexto actual exige que se proteja la vida e integridad de quienes realizan estas funciones en especial aquellas que son funcionarios públicos y que salen a documentar a las calles en un ejercicio de resistencia ante actos de violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado”.