Con opiniones de gremios y expertos, Senado retoma debate por royalty
En la sesión de este miércoles en la comisión de Minería y Energía del Senado expusieron, entre otros, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y representantes de asociaciones industriales regionales.
El proyecto de ley que crea un nuevo royalty, que fuera aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora está siendo revisado por la comisión de Minería y Energía del Senado -que preside Yasna Provoste- retomó su tramitación con una extensa sesión en la instancia parlamentaria, en que se debatieron diversos temas relacionados con la iniciativa.
Uno de los principales expositores fue el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien indicó que un debate clave es si es alto o bajo lo que se cobra a las empresas mineras. Según él, la respuesta es compleja y depende de quién lo mida.
“No obstante que esto es común en el mundo, pues uno observa royalties por utilidades o por ventas, desde el punto de vista teórico, al menos lo que yo creo, es que la renta ricardiana deviene de precios superiores a los costos de producción, porque los costos inferiores están destinados a cubrir costos. No hay renta. Por tanto, a mi modo de ver, corresponde como base el valor producido que excede los costos de producción. Es decir, los márgenes. Entonces, un cobro ad valorem subiría el costo de equilibrio, y dejaría fuera de mercado a proyectos que están en el margen”, planteó.
“El proyecto plantea que a partir de US$2 se generan estas rentas y en una tasa creciente debería ir al Estado. La verdad es que no hay tal valor que venga desde la naturaleza diciendo US$2 por libra, porque las tecnologías cambian, los requisitos y los costos. De manera que me parece que una forma más rigurosa de aproximar este problema es que alguna comisión independiente pudiera calcular el costo de extracción”, complementó Eyzaguirre.
Marcos Gómez Barrera, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, que cuenta con más de 200 asociados -de los cuales el 70% está vinculado con la gran minería- también intervino y acusó que si se aplicara el royalty, tal como está establecido, podría alterar el equilibrio de costos, algo clave para la región, donde la minería alcanza hasta el 46% del PIB.
“Por lo tanto, el encadenamiento productivo y el efecto multiplicador de la minería en nuestra región es fundamental. Y obviamente eso redunda en el beneficio social neto, que creemos no ha sido suficientemente cuantificado en este análisis”, dijo.
“Para nuestra región es muy importante que no se legisle a ciegas. La minería cuesta mucho asumir que es una actividad esencial para nuestro país. No nos cerramos a una recaudación mayor, pero que sea con una visión de hacia dónde va: recaudar más y que estén las regiones involucradas”, agregó. Además, indicó que el mecanismo no puede desincentivar nuevas exploraciones ni inversiones. “El foco tiene que estar en mejorar la productividad de las regiones”, complementó.
También expuso el profesor de derecho tributario de la Universidad de Los Andes, Manuel Alcalde, quien indicó que ve esta discusión como una oportunidad para debatir y analizar la carga tributaria, pero también el potencial minero nacional. “Estamos ante una oportunidad única para mirar la carga tributaria. Hay espacio para hacerlo. Y también para tener una mirada estratégica respecto del potencial geológico de Chile hacia el futuro”, subrayó, en alusión a temas de futuro como electromovilidad y otros, que requerirán tanto cobre como litio.
La visión gremial
“El actual proyecto de royalty en discusión no parece ser la herramienta para lograr equilibrio entre el desarrollo del sector y que el Estado recaude más. El efecto final es un aumento de la carga tributaria total (pago de impuestos sobre utilidades), llegando a un 80%, lo que deja fuera de competitividad a la minería chilena y pone en serio riesgo a faenas de menores márgenes”, dijo a su turno Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Además, sostuvo que Chile ha perdido competitividad frente a otros países mineros. “Un alza de impuestos agravaría esa desventaja, en momentos en que existe una cartera de proyectos mineros en evaluación por US$37 mil millones, con cuya ejecución podríamos acercarnos a las 8 millones de toneladas y así aumentar la contribución a través de una mayor base tributaria”, indicó.
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