Medidas por US$700 millones para 2022 son las que proponen los economistas que participan en el grupo asesor económico del candidato a la presidencia Gabriel Boric; mientras que para el largo plazo las iniciativas planteadas consideran fortalecer el Sernac y la Fiscalía Nacional Económica. Pero, sobre todo, buscan fortalecer el rol del Estado en materias de inversión. Todo en el marco de la responsabilidad fiscal.

En el documento, titulado “Un crecimiento sostenible y equitativo para el corto y mediano plazo”, los economistas exponen en su diagnóstico que si bien “con la recuperación de la democracia, Chile experimentó avances relevantes para la ciudadanía, como el crecimiento económico y la reducción de la pobreza”, apuntan a que “desde hace ya un tiempo, el país no ha sido capaz de responder a las demandas sociales”.

El grupo de asesores, compuesto por los economistas Andrea Repetto, Roberto Zahler, Ricardo Ffrench Davis, Felipe González, Eduardo Engel, Álvaro Díaz, Daniel Hojman, Stephany Griffith-Jones, Pamela Jervis, Rodrigo Pizarro, Dante Contreras y Fabián Duarte, plantea que “la economía ha perdido impulso, no ha sido capaz de generar cambios suficientes en la matriz productiva”, y sentencian que “la productividad está estancada hace más de una década, lo que evidencia que existe un problema estructural en la economía.”.

Por ello, señalan que “el Estado puede hacer bastante más de lo que ha hecho hasta ahora”, y es capaz de “asumir un rol de apoyo decidido a la innovación e impulsar una economía ecológica, moderna y dinámica, que dé espacio para que empresarios y empresarias puedan aumentar sus inversiones”.

Con tasas de interés subiendo, una inflación que podría cerrar cerca del 7% este año, y con un crecimiento proyecto por el Central para 2020 de 1,5%-2,5%, los economistas que componen el grupo asesor económico saben que el escenario para el próximo año es complejo.

De hecho, ya el equipo económico del candidato de Aruebo Dignidad acordó acotar la reforma tributaria a 5 puntos del PIB en período presidencial, y no 6 como insistía previamente.

En este sentido, “la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y la incerteza propia del escenario externo en contexto de una pandemia que no ha terminado, son límites que deben ser reconocidos por las autoridades del próximo gobierno. El llamado es a la responsabilidad fiscal desde el inicio”.

Para esto, proponen para el 2022 “un compromiso por una trayectoria de consolidación fiscal en línea con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)”, y la “estabilización de la deuda pública hacia el término del próximo periodo de gobierno, como fracción del PIB”.

Junto con ello, en un punto del anexo del documento recomiendan “que la candidatura de Gabriel Boric asuma un compromiso de cumplir con el Presupuesto Fiscal de 2022 recientemente aprobado por el Congreso, acompañando al Banco Central en la tarea de estabilizar la inflación”.

Pero más allá de los compromisos, los economistas plantean una serie de medidas que representan US$700 millones, que serán financiadas por partidas presupuestarias comprometidas (Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) por ejemplo), con reasignación.

Así, para 2022 plantean como prioridades un IFE Laboral que priorice a mujeres y jóvenes; el fortalecimiento de programas de cuidados, “que permita a las mujeres poder activarse e (re)integrarse al mercado laboral”, esto complementando los bonos y subsidios de empleo para entregar los incentivos correctos “Entre estos, destacan los centros diurnos para mayores, programa De 4 a 7 y programa de extensión horaria para niños y niñas menores de 5 años”, dice el texto.

Junto con ello, consideran necesario “llamar a un gran diálogo nacional para alcanzar un pacto que permita reformar el sistema de capacitación, certificación de competencias e intermediación laboral tanto para pymes como para grandes empresas”.

Respecto de las Pymes, los economistas recomiendan dar un impulso a la reconversión energética verde de grandes sectores exportadores, como cobre; e impulsar una industria nacional de alto nivel tecnológico, como es el caso del hidrógeno verde.

Adicionalmente, proponen una reconversión energética del transporte pesado y gas para el mercado doméstico; y la inversión pública y privada en litio y su elaboración, para generar mayor valor agregado en la extracción de este.

Por otra parte, consideran necesario implementar un programa de saneamiento financiero a pymes que permita acceso a esas empresas a créditos blandos, y apoyo a la entrada al mercado financiero.

Y en materia de vivienda, los economistas recomiendan la aceleración de construcción de viviendas sociales verde; construcción de mejores viviendas, con acondicionamiento térmico, eficiencia energética, equipamiento comunitario y áreas verdes.

“El desafío que tiene el país es superar el estancamiento productivo y retomar el dinamismo económico desde nuevas y mejores formas de generación de ingresos; esto requiere un Estado con mejores capacidades públicas”, dice el documento presentado por los economistas de la candidatura de Gabriel Boric.

Para esto, proponen “un Estado innovador, emprendedor y orientador, que desarrolla e invierte en una estrategia de desarrollo que aborda desafíos estratégicos y misiones concretas, coordinando esfuerzos entre distintas instituciones públicas y empresas privadas (grandes y pymes)”.

Así, recomiendan el fortalecimiento y articulación de los Institutos Tecnológicos y de Investigación Público, empresas públicas y una estrecha colaboración público-privada en sectores estratégicos, y promover que un porcentaje base del presupuesto de los Ministerios sea ejecutado en I+D+i.

Junto con ello, apelan a “mejorar la institucionalidad de fomento productivo, y nuevos mecanismos para estimular el desarrollo de capacidades productivas”, así como aumentar la escala de CORFO y ampliar sus instrumentos (incluyendo créditos directos y ampliación de apoyo al capital de riesgo) para fomentar y apoyar inversión privada innovadora y de alta productividad, como una forma de avanzar en la creación de un Banco de Desarrollo

Adicionalmente, apuntan a potenciar el rol de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), aumentando sanciones, incrementando su dotación y presupuesto, y consultando su opinión previa en el diseño de proyectos de ley o normativa con incidencia en la competencia de un mercado.

“Además, se puede requerir a organismos del Estado la obligatoriedad de realizar licitaciones públicas para la asignación de bienes nacionales de uso público que sean monopolios”. En ese sentido, proponen modificar, por medio de ley, Chilecompra, Cenabast, Dirección de Concesiones de Obras Públicas, la Dirección de Obras Públicas y otros licitadores claves a que incorporen en su orgánica interna o a través de servicios externos un oficial de cumplimiento/división/unidad especial de libre competencia”, dice el documento.

Respecto de los consumidores, dicen que es necesario fortalecer la institucionalidad e independencia técnica del SERNAC, dotándolo de un Consejo Directivo y ampliando sus facultades preventivas, conciliatorias, fiscalizadoras, regulatorias y sancionatorias.

Y, por último, proponen “profundizar el mercado de capitales, incluyendo a través de la creación de instrumentos nuevos, aquellos que faciliten la transición verde”, recomiendan los inversionistas.