Luego de recibir 542 denuncias en contra de Carabineros y la PDI, de las cuales 187 se relacionaban con vulneraciones a los derechos humanos, la Contraloría ha realizado dos sumarios y seis fiscalizaciones a la policía uniformada y civil por incumplimientos a la norma y uso excesivo de la fuerza. Así lo expuso el contralor, Jorge Bermúdez, el 9 de agosto en la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno y de las policías en el marco del control del orden público de la Cámara.

“Estas denuncias se refieren a una diversidad de materias, tales como incumplimiento de protocolos para el uso de la fuerza en el control del orden público, falta de identificación del personal policial, utilización de elementos disuasivos en contra de las personas y comentarios en redes sociales que incitarían al odio”, dice la presentación que expuso el contralor.

De acuerdo al documento, el organismo fiscalizador señaló que a partir de la experiencia acumulada estiman que una reforma a las policías debe fundarse en tres pilares: formación operativa y valórica (enfoque en ética pública, probidad y derechos humanos), fortalecimiento de gestión administrativa (actual debilidad institucional) y especificidad de las funciones.

En relación al sumario por uso excesivo de la fuerza, dijo que “durante su tramitación se presentaron distintos recursos administrativos y judiciales, con la finalidad de desconocer las atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR) para instruir el sumario administrativo”. De acuerdo a la Contraloría, Carabineros decía que estas atribuciones les son propias de su condición de oficiales generales vinculadas al cumplimiento de obligaciones ligadas esencialmente a la función policial. Sin embargo, todos los recursos fueron rechazados.

Junto con esto indicó que se responsabilizó a tres carabineros de los hechos: el actual director de Carabineros, Mauricio Rodríguez, para quien se propuso su suspensión por dos meses; el actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, Enrique Bassaletti, para quien se propuso su suspensión por un mes, y Jorge Ávila, a quien se propuso suspender por dos meses.

Sin embargo, según expuso el contralor, en enero los carabineros demandaron de nulidad contra la formulación de cargos del sumario y el 6 de abril se suspendió el procedimiento administrativo. Además, indicó que el 16 de marzo, el general director informó que no podía emitir una decisión sobre la proposición de la Contraloría.

Así, señala que “a la fecha las sanciones propuestas por la CGR no han sido aplicadas por el general director, pese a que existen dos generales inspectores que fueron ascendidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario. Los nombramientos de los generales inspectores Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti se encuentran pendientes de TdR”.

En la última edición de una revista interna desarrollada por el equipo de la Unidad de Relaciones Institucionales de la División y Gestión de Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior, Bermúdez escribió un editorial sobre este tema. Este se tituló: “Integridad policial, clave para la democracia”, y plantea que “quienes quieran actuar al margen de la ley siempre buscarán nuevas maneras de hacerlo. Eso nos obliga a crear nuevos mecanismos de prevención y control para detectar oportunamente las irregularidades. Sin embargo, no basta con eso. Todas las instituciones, incluyendo las policiales, deben ser conscientes de la importancia de la ética pública y de la integridad”.

Además de los dos sumarios, la Contraloría ha realizado seis fiscalizaciones. Cinco de ellas son de carácter reservadas en aplicación del Código de Justicia Militar y tratan, según la presentación, sobre: adquisición, uso y control de elementos disuasivos por parte de Carabineros (balines), control de armas y municiones en Carabineros y PDI, y adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades logísticas en Carabineros.

La que no tiene carácter de secreta tiene que ver con la composición de los balines que usó Carabineros y si es que el proveedor había entregado estos proyectiles de acuerdo a los requerimientos realizados por Carabineros. En este caso, la Contraloría aún mantiene la fiscalización en curso. Según los conocedores del trámite, los laboratorios que podrían referirse al tema están abocados a la pandemia y eso ha retrasado el resultado de estas pesquisas.

De acuerdo a un documento de la directora (S) del Hospital del Salvador, Victoria Pinto, enviado a la Cámara, entre octubre de 2019 y mayo de 2021 se han registrado 378 pacientes con trauma ocular “dejados por el uso desmedido de disparos con escopeta a perdigones por parte de funcionarios de Carabineros”. De ellas, el 63% fue lesionada por proyectiles, el 17,5% por bomba lacrimógena, el 8% por piedras y el 7% por chorros de agua.