“Esta es una vieja aspiración de todos los sectores vinculados al agua” o “es increíble ver cómo existe una alta transversalidad en nuestras propuestas”, fueron parte de los comentarios de los integrantes de la Comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos de la Convención Constitucional que este jueves asistieron a la presentación de las iniciativas de norma que abordan la creación de una Agencia Nacional de Aguas.

Fueron tres las propuestas que se recibieron en la materia: la del Colectivo Socialista, de Chile Vamos y de Movimientos Sociales Constituyentes, las cuales prontamente serán votadas en general en la misma comisión, para luego ser revisadas en particular y formar parte del informe que se enviará al pleno.

Aunque no necesariamente con el mismo nombre, dos de ellas hablan de la Autoridad Nacional del Agua, el trío de iniciativas apunta a la creación de un órgano autónomo, bajo el compartido diagnóstico de que en la actualidad existe un desorden en la institucionalidad que regula la materia. De hecho, dos convencionales citaron el trabajo del Banco Mundial que en 2013 destacó que en Chile había 102 funciones vinculadas con el uso del agua, repartidas en 43 actores institucionales.

Para ejemplificar esto, Roberto Vega, constituyente del distrito 5 que presentó la iniciativa de la centroderecha, aseguró que “para construir un canal hay que relacionarse con la Comisión Nacional de Riego, Dirección General de Aguas (DGA), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), permisos sectoriales municipales, etc... Hay un gran desorden y una duplicidad de funciones dentro del mismo Estado”.

Se trata de un análisis también compartido desde la industria agrícola, la más demandante en consumo de agua. “Hemos expuesto a las comisiones y constituyentes la importancia de tener una institucionalidad clara con respecto al agua, para enfrentar este escenario de cambio climático y sequía”, señala Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, quien también se muestra a favor de la creación de un órgano autónomo.

Asimismo, las propuestas para la creación de este organismo autónomo “son razonables y van en el camino correcto”, según señala Juan Pablo Matte, secretario general Sociedad Nacional de Agricultura. “En este sentido, esperamos que el debate se dé con altura de miras, ya que es una de las pocas iniciativas que no sigue ideologías”, agrega.

Sin embargo, el consenso general, el cual incluye que el órgano autónomo en cuestión cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio, no exime que haya importantes diferencias entre las propuestas, partiendo por objetivos y funciones que se le adjudican a esta nueva institución.

La del Colectivo Socialista señala en su articulado que tendrá que “asegurar el uso sostenible del agua y sus ecosistemas asociados y la seguridad hídrica, en beneficio de las actuales y futuras generaciones”.

Para esto, teniendo en cuenta “la política hídrica nacional que establezca la autoridad respectiva, como una política de adaptación al cambio climático”, deberá “otorgar, revisar, modificar, caducar, revocando toda la concesión, permiso o título sobre las aguas; fiscalizar y perseguir las sanciones administrativas y penales que correspondan, sin perjuicio de la reparación del daño causado”.

Esta iniciativa, que también le adjudica al nuevo órgano la tarea de elaborar un Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica, fue presentada por Andrés Cruz, representante del distrito 20, quien destacó que “es fundamental crear un órgano único rector que se vincule con los actores del ecosistema hídrico y que las decisiones emanen de esta institución. De esta manera también se genera confianza con las comunidades y usuarios”.

En una línea similar, la propuesta de MSC, señala que el órgano autónomo está “encargado de la protección y restauración de todos los ecosistemas asociados al agua en Chile, conforme a los derechos de la naturaleza, y de asegurar el derecho humano al agua y saneamiento”.

Además, en su articulado establece que “estará a cargo de la coordinación de organismos y recolección de la información hídrica de la cuenca, de manera que se configure un sistema de control y monitoreo de las variables hidrológicas en los componentes del ciclo hídrico local, a escala de cuenca, considerando la disponibilidad y demanda de agua para establecer un balance hídrico por territorio”, en lo que denominan “Catastro Público de Aguas”.

Según Carolina Vilches, representante del distrito 6, su propuesta busca “levantar nueva institucionalidad”, dado que “hoy es necesario el cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el agua, reforzando la capacidad de garantizar el derecho humano al agua”. En ese sentido, valoró los consensos y especificó que en la normativa que respalda se considera “la integración científica y la concentración de las competencias, experiencias y aprendizajes de la actual DGA, DOH y Superintendencia de Servicios Sanitarios”.

En tanto, más concisa es la propuesta de Chile Vamos, la cual establece que el órgano “tendrá por objeto implementar la Política Nacional de los Recursos Hídricos, bajo un enfoque de cuenca y con un modelo de planificación local para lo cual deberá funcionar con oficinas territoriales encargadas de la fiscalización y planificación local del uso de los recursos hídricos”.

Al respecto Vega, enfatizó el enfoque de cuencas, indicando que “son todas distintas y tienen comportamientos hídricos diferentes”. Además, en su presentación, destacó una diferencia relevante con la propuesta del Colectivo Socialista.

Mientras Chile Vamos propone que “la Agencia Nacional de Aguas será dirigida por un Consejo, integrado por ocho miembros”, la que presentó Cruz pone a la cabeza del organismo a un director. “Esto también responde al objetivo de poder descentralizar”, precisó.

A juicio del exministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, es justamente la propuesta presentada por Vega la que “se mueve mejor en el ámbito constitucional. En primer lugar reconoce que no puede ser una autoridad reguladora-fiscalizadora, similar a lo que son las superintendencias. Tiene claridad respecto a que la política la define otra entidad”.

En la misma línea, considera que esta iniciativa realiza los cambios que permiten hacer calzar la Constitución con la recién aprobada reforma al Código de Aguas, lo que no ocurre con las otras dos. Estas últimas, además a su juicio, ahondan en detalles cuya resolución es pertinente en la legislación y no en la carta magna.

Su opinión es compartida por el ex DGA Rodrigo Weisner, quien si bien manifiesta no ser partidario “de crear instituciones de agua en la Constitución, porque lo rigidizas mucho”, considera que avanzar en esa dirección “no hace daño”. En ese marco, considera que la propuesta de la derecha “va en la línea de lo que tiene que tener una Constitución política en materia de establecimiento de principios generales. Uno puede decir créase la Agencia Nacional de Aguas y que la ley establezca sus facultados”.

En tanto, para Winston Alburquenque, profesor de derecho de Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, tanto en la iniciativa de Chile Vamos como en la socialista “se puede destacar la idea de contar con un órgano con amplias facultades para la gestión hídrica. Actualmente existe un proyecto de ley en el mismo sentido, pero sería bueno que esa nueva agencia tenga una regulación a nivel de Constitución y no simplemente legal”.

Más crítico se manifiesta respecto a la de los MSC, al señalar que “se trata de proyectos que buscan intereses sectoriales como son las comunidades indígenas, sin tener claro cómo funciona la administración eficiente de las aguas”.