Los economistas valoran que el gobierno haya anunciado un reforzamiento del Pilar Solidario del sistema de pensiones, que incluye un aumento de la cobertura desde el 60% al 80% de la población, y creen que se trata de un esfuerzo necesario, pero también advierten que esto genera fuertes desafíos para las arcas fiscales en el largo plazo.

Según las estimaciones del Ejecutivo, los cambios que se anunciaron este miércoles al Pilar Solidario implican un costo fiscal de US$650 millones el primer año (entre julio y diciembre), y de US$1.300 millones anuales en régimen. Este monto es adicional a los US$1.800 millones contemplados en régimen (al año 12) para el proyecto de reforma previsional que se encuentra en trámite en el Congreso.

Una minuta del gobierno calcula que “toda la reforma, sumando lo aprobado en la Ley 21.190 (alza del Pilar Solidario que se aprobó hace un año) con el proyecto actual y las nuevas medidas anunciadas, tendría un costo fiscal en régimen de alrededor de US$4.500 millones. Este valor corresponde a cerca de 1,5% del PIB, lo que supera en un 50% la última reforma estructural del sistema que incorporó el Pilar Solidario”.

Consultado al respecto el coordinador macro de Clapes UC, Hermann González, sostiene que “es un costo importante, que se suma a las medidas previamente anunciadas en esta materia. Considero que dado que este es un tema prioritario para los chilenos, se deben hacer los esfuerzos de gasto que sean necesarios. Con todo, efectivamente esto eleva las presiones de gasto en el largo plazo y el debate sobre cómo hacer sostenibles las cuentas fiscales se hace más necesario y urgente”.

El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, cree que “hay un efecto inmediato sobre las cuentas fiscales que se puede financiar con las holguras que va a dejar el mayor crecimiento y el precio del cobre más alto. En el mediano plazo hay que buscar formas de financiar este mayor gasto. Una posibilidad es por la vía de eliminar algunas de las exenciones que se han estado discutiendo en el último tiempo. Pero no hay duda que pone más presión sobre las cuentas fiscales y la necesidad de buscar financiamiento de largo plazo”.

El economista jefe de Banco Santander, Claudio Soto, dice que “de los anuncios efectuados en la cadena nacional no se explicita cómo se va a financiar este mayor gasto permanente. Por lo mismo, de no haber fuentes adicionales de ingresos permanentes, esto significará un aumento importante de los déficit futuros respecto de lo que se contemplaba previamente”.

Respecto a dicho financiamiento, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, indicó el miércoles que “tenemos mayores ingresos extraordinarios (5G), lo que nos da espacio este año. Y el mayor crecimiento que estamos viendo nos da mayores espacios para años venideros”. Asimismo, agregó que “todo esto nos da un escudo fiscal, que queremos aprovechar”.

A raíz de lo anterior, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, alerta que “es una presión importante US$1.300 millones (0,5% del PIB). El 5G es una buena noticia, pero es un efecto de una sola vez. El crecimiento no está asegurado, el Imacec de enero lo dice”.

Para la académica del ESE Business School, Cecilia Cifuentes, lo anunciado esta semana “efectivamente tiene un costo fiscal importante, que se suma al costo de la llamada ley larga. Creo que a estas alturas parece más simple establecer una pensión universal garantizada para ese 80% de la población, y que el 6% vaya a cuentas individuales”.

Por su parte, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, plantea que “entendiendo que se trata de una reforma clave en lo social y la necesidad urgente de alcanzar un acuerdo en esta materia, me parece que se trata de un paso necesario. Es cierto que pone mayor presión sobre el balance fiscal, lo que da cuenta que habrá que hacer el espacio necesario, racionalizando gastos y eliminando exenciones tributarias”.