Les costó meses adecuarse, sobre todo durante abril y mayo de 2020, especialmente a los tribunales orales de la Región Metropolitana. Así detalló el juez presidente del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Pablo Toledo, los efectos del Covid-19 en el servicio judicial, asegurando que durante esos primeros meses prácticamente estuvieron parados. “Yo diría que en abril y mayo no trabajamos, no pudimos encontrar la fórmula para poder hacer juicios. El primer juicio oral lo hicimos el 17 de junio. Fue 100% por Zoom. Para todos era una novedad”, detalló.

Pero la pandemia que comenzó en marzo de 2020 golpeó transversalmente el trabajo del Poder Judicial. Según las cifras de la Corporación Administrativa de la entidad, durante 2020 se realizaron 252 mil audiencias en tribunales de garantía de la Región Metropolitana, mientras que en 2019 se hicieron 395 mil, es decir, un 36% menos respecto al año prepandemia. Y en los tribunales orales la afectación fue aún mayor: el año pasado se registraron un total 2.010 juicios realizados y en 2019 se hicieron 5.241, lo que equivale a una disminución de un 62%.

Entre estos tribunales los más afectados por la caída de juicios orales, en 2020, estuvo: Talagante (-71%), el Cuarto de Santiago (-68%), Puente Alto (-66%) y San Bernardo (-66%). Y en los casos de los juzgados de garantía de la misma región, la mayor baja de audiencias se registró en Puente Alto (-45%), el Octavo de Santiago (-44%) y Colina (-40%).

Se excluyeron en estas estadísticas las reprogramaciones y suspensiones de audiencias tanto en los tribunales de garantía como los orales, factor que puede explicar en gran parte el retraso que se ha generado, sobre todo en sedes orales donde costó meses que pudieran empezar a realizar juicios. Esto, dicen los magistrados, en gran parte por la oposición de los defensores de imputados a efectuar procedimientos vía remota debido a que -según estos- afectaría los derechos constitucionales y procesales de las partes.

“Hay algunos juicios en materia de garantía en procedimientos simplificados que a petición de las defensas o cuando el juez lo determina, se están tratando de realizar en forma presencial y hoy por la situación de la pandemia se han ido postergando. Hay un retraso propio porque hubo un conjunto de audiencias que no se han podido tomar”, dijo Mauricio Olave, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.

Sin embargo, los jueces aseguran que esta situación se ha ido solucionando y actualmente están acerándose -aunque aún con distancia- al ritmo habitual de trabajo prepandemia. En ese sentido, dijo Olave, “cada vez los tribunales están funcionando con mayor normalidad, las audiencias y los controles de detención se están llevando a cabo de manera telemática. En los juzgados orales se toman audiencias de factibilidad para determinar qué juicios se hacen o no. En un principio había más oposición de fiscales y defensas, pero hoy los jueces están tratando de retomar el ritmo de un año normal de trabajo con juicios de plataforma Zoom”.

Olave indicó que hoy la discusión es cómo absorber el trabajo en las jurisdicciones con altos niveles de retrasos: “Vamos a tener que aumentar la cantidad de jueces, funcionarios, defensores y fiscales. Los jueces orales están pidiendo que se limite su participación en los tribunales de familia para absorber más carga de trabajo en los orales”.

Uno de los magistrados que le tocó ir a apoyar a los tribunales de familia a raíz de la gran cantidad de solicitudes de retención de fondos de la AFP de deudores de su pensión de alimentos, es el juez del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Pablo Toledo.

“Ahí sufrimos una merma, porque tuvimos que en un comienzo destinar 23 jueces del universo total que somos 100 a apoyar a los tribunales de familia. Eso fue a mediados de noviembre (de 2020) y en marzo (de 2021) pudimos hacer una especie de análisis de cómo estaban funcionando con los jueces retirados y logramos reducir de 23 jueces a 14 los destinados a juzgados de familia”, explicó Toledo. De esta forma, hoy volvieron a trabajar en los tribunales orales nueve magistrados que estuvieron por meses en esta otra destinación.

El magistrado Toledo señaló que también ha incidido en el atraso de la revisión de causas judiciales el hecho de que cada vez les llegan menos auto de apertura desde los juzgados de garantía.

Para el juez presidente del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Guillermo Rodríguez, hubo un período entre marzo y abril del año pasado en que fue muy bajo el número de audiencias realizadas. “Pero actualmente ese porcentaje de efectividad de audiencia programada es el mismo que teníamos previo a la pandemia, que es de un 75%”, explicó.

Para ir retomando el ritmo que perdieron en 2020, Rodríguez sostuvo que se implementaron una serie de modificaciones, como ampliar el número de audiencias que se toman por bloque, además de coordinar con la Fiscalía y la Defensoría una sala extra. Con estas medidas, calcula que en 60 días más van a estar al día en su tribunal.

Sin embargo, de acuerdo a otro juez de la Región Metropolitana, el panorama se ve más complejo y señaló que el colapso se debe a la falta de gestión de las judicaturas, con una intervención indebida de los tribunales superiores de justicia que no saben nada de gestión.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha sido quien desde que comenzó la pandemia tomó el rol coordinadora de la emergencia sanitaria en el Poder Judicial. Desde entonces, la abogada se ha reunido con los jueces, ministros y presidentes de las cortes de apelaciones, para tomar conocimiento de los retrasos generados debido a las limitaciones que ha impuesto la pandemia, y de los planes de trabajo para abordarlos. “He encontrado una muy buena disposición para enfrentar la contingencia, con ello, seguir prestando el servicio judicial”, dijo Chevesich.

Añadió que actualmente hay una comisión formada por el presidente y dos ministros de la Corte Suprema, que “está llevando a cabo las gestiones necesarias ante la autoridad política para obtener los recursos para materializar un proyecto generado en el Consejo Superior de dicha repartición, que permitirá avanzar y absorber el retraso que se ha generado en los tribunales del país, pues, para ello, es necesario reforzar las dotaciones de los tribunales”.