Por primera vez durante todo el proceso constitucional aparecieron voces de la derecha que llaman a no respetar las 12 bases institucionales que delimitan el proceso constitucional. Quien tomó la iniciativa para hacer pública la disconformidad con los bordes acordados fue el diputado del Partido Republicano Johannes Kaiser.

En una entrevista en el programa “Sin Filtros”, Kaiser puso en duda el respeto a las bases y recordó que el Partido Republicano no suscribió el “Acuerdo por Chile” del 12 de diciembre, que habilitó el actual proceso constitucional, sobre todo la que define al Estado como un Estado social.

“Si quieren clavar la rueda de la fortuna, en el sistema social democrático de evolución permanente de derechos sociales que sean financiados con impuestos cada vez más grandes y un Estado cada vez más masivos, no lo vamos a respaldar, no lo vamos a apoyar, nos vamos a oponer”, dijo el parlamentario. Sus palabras recibieron el rechazo de Chile Vamos.

Su postura llegó de inmediato a oídos de los 14 integrantes que forman parte del Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), el árbitro encargado de resolver los requerimientos que ingresen los consejeros o los comisionados para resolver la admisibilidad de alguna norma aprobada. Es decir, su trabajo es dirimir si algún artículo vulnera alguna de las 12 bases.

Los miembros del CTA no pueden hablar en público, si lo hacen podrían implicarse en el proceso y, por lo tanto, los obligaría a tener que inhabilitarse. Pero en privado más de alguno comentó la arremetida del diputado Kaiser. El comentario generalizado es que independiente de que se haya participado o no del Acuerdo por Chile, las bases son parte de la Constitución vigente, por lo tanto su cumplimiento “no es opcional ni voluntario, es obligatorio”.

Los árbitros sabían que era poco probable que tuvieran que activarse con la Comisión Experta. La sensación es que los comisionados -dada la composición y su perfil académico- no tenían opción para pasar a llevar alguna de las 12 bases. Sin embargo, el escenario cambia con el futuro Consejo Constitucional.

El CTA está integrado por 14 juristas. Su composición, al igual que la Comisión Experta, se basa en un empate. Es decir, hay siete integrantes designados por partidos de izquierda y otros siete designados por partidos de derecha.

El árbitro es presidido por Ana María García (designada por Evópoli) y el vicepresidente es Claudio Grossman (designado por el PPD). Durante estos meses el CTA ha estado resolviendo asuntos administrativos. Junto con escoger a la mesa directiva, se volcaron a escribir el auto acordado, es decir, las reglas que definirán cómo funciona el sistema para reclamar una eventual vulneración de las bases institucionales. Además están trabajando en el sistema informático que albergará los expedientes para cada reclamación.

El CTA solo se puede activar a través de un requerimiento fundado suscrito por 10 consejeros o 10 comisionados. La Constitución establece que el árbitro tendrá tres días para resolver. Todas sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría absoluta, es decir necesita de ocho votos para acoger o rechazar un requerimiento.

Si el CTA acoge el requerimiento, la norma objetada quedará fuera del debate y de la propuesta de nueva Constitución, ya que se entenderá “como no aprobada”. Las decisiones del CTA no son reclamables ante ningún tribunal externo, por lo tanto se asume que son la última palabra.

En el oficialismo creen que la mayor disputa en la discusión constitucional será “darle contenido a la base del Estado social”. Esto ha sido conflictivo en la Comisión Experta, donde la izquierda tiene la mitad del órgano, por lo tanto saben que será aún más problemático en el Consejo, donde solo son minoría. Por lo mismo están alertas a las normas que más adelante comience a redactar el Consejo y no dudarán en reclamar para defender uno de los puntos que el oficialismo dice que es el más importante y el que justifica estar participando en un nuevo intento por reemplazar la Constitución vigente.