Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se discutió la creación de un área costera protegida de múltiples usos en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. En 2009 un grupo de científicos, de la mano de Oceana, inició las primeras gestiones para constituir una zona de protección ambiental en las cercanías del proyecto Dominga.

El megaproyecto minero, que considera una inversión total de US$ 2.500 millones y contempla la construcción de un puerto en la bahía de Totoralillo, vuelve a cobrar relevancia. Esto, luego de que Ciper publicara un reportaje en el que se aborda la venta de las acciones de la sociedad matriz de la minera en una operación que incluyó al Presidente Sebastián Piñera, sus hijos y Carlos Alberto Délano, empresario condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el caso Penta.

La operación se realizó en dos fases: en Santiago y en las Islas Vírgenes Británicas en 2010. La atención se centró en una cláusula que condicionaba el tercer y último pago a que el sector no se declarara zona de exclusión o protección ambiental. Se trata de una cuestión que tiene relación directa con la administración del en ese entonces también Presidente.

Durante su primera administración, la petición de Oceana no registró movimientos ante la institucionalidad estatal. En 2017 -bajo el segundo gobierno de Bachelet-, el Ejecutivo consolidó la información en un expediente al que tuvo acceso La Tercera. El documento, que cuenta con 48 páginas, detalla que el Ministerio del Medio Ambiente, por aquellos años dirigido por Marcelo Mena, se mostraba a favor de la petición de la ONG ambientalista de crear un área de protección en la zona. Al igual que la Seremi de Bienes Nacionales, Conaf y Sernatur de la Región de Coquimbo.

Hasta el día de hoy, esta considera una extensión de 144.400 hectáreas en el área marina que se extiende desde Punta Zorro (límite norte) hasta Punta Poroto (límite sur).

Según el mismo expediente, la propuesta de constituir una zona de conservación marítima concitó el respaldo de una serie de entidades, como la Agrupación de Mujeres Recolectoras, AG Los Choros, AG Chungungo, AG Caleta Hornos y Sindicato N°1 Caleta Hornos. Además de las universidades Ceaza y Católica del Norte.

El 5 de marzo de 2018, al borde del nuevo cambio de mando entre Bacheñet y Piñera, la iniciativa fue discutida en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. La entidad -que no tiene una periodicidad establecida para reunirse- es presidida por el ministro de Medio Ambiente e integrado por sus pares de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo Social.

Según el acta de la cita, en esa ocasión no hubo acuerdo sobre la extensión de la superficie del área que sería protegida. Así lo confirman los ministros de Economía de la época, Jorge Rodríguez-Grossi, y Medio Ambiente, Marcelo Mena. Este último era partidario de constituir una zona de exclusión en línea con la propuesta de Oceana; mientras que el primero no se mostró favorable a dicho planteamiento, pues terminaría por afectar al desarrollo de la zona.

“El sr. ministro de Economía señala que está disponible para la aprobación del área marina, señalando la necesidad de reformular la propuesta inicial, de forma de armonizar debidamente las consideraciones del desarrollo sostenible de la zona”, se plasmó en el acta.

Se trataba del segundo round de Mena con el equipo económico del gobierno de Bachelet por Dominga. El primero había ocurrido siete meses antes, cuando el Comité de Ministros optó por confirmar el rechazo al proyecto minero portuario, lo que provocó la salida del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y su par de Hacienda Rodrigo Valdés, el 31 de agosto de 2017.

Recordando ese Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de inicios de 2018, en conversación con La Tercera, el exministro Mena explicó que “las diferencias que hubo fueron naturales. Faltó tiempo. Nosotros queríamos una zona de protección más grande, otros menos, pero eso no fue ningún problema. Debemos recordar que han pasado casi cuatro años de ese entonces y no se ha avanzado en esa área protegida. Así es que yo no miraría esa parte de la polémica, porque no es relevante. En la práctica nada impide que se pueda decretar ese decreto, lo que ocurre es que esto lo hicimos el 5 de marzo. Estábamos con cajas armadas, haciendo un traspaso de gobierno y, por lo tanto, no hubo tiempo. No hubo falta de voluntad ni vetos”.

Jorge Rodríguez Grossi, exministro de Economía, recordó que en aquella oportunidad “se ofreció una zona de protección para una isla (Damas) que tiene pingüinos y fue mayoritario el apoyo. Pero no pasó nada, porque no se resolvió al final. Yo estuve también de acuerdo en dar una protección a la isla, pero no a generar una franja que más o menos cubría la mitad de la Cuarta Región”.

¿Quién era partidario de crear esa franja? “El Ministerio de Medio Ambiente”, contestó el exsecretario de Estado.

Así fue como, seis días después, el caso pasó a la segunda administración de Piñera.

“Nunca la actual administración de gobierno ha puesto este proyecto en tabla para su discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No ha habido voluntad política para decir si vamos a hacer un área marítima protegida sin industrializar este lugar”, dijo Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, que junto a otras entidades y pescadores sigue impulsando la creación de una zona de protección marina en el borde costero de La Higuera.

Mientras que cercanos al proyecto de Dominga sostuvieron que la iniciativa que impulsa Oceana no conversa con el ordenamiento territorial vigente de la zona y que se aprobó justamente durante el gobierno de Bachelet. Según las mismas fuentes consultadas, en caso de aprobarse la zona de exclusión que promueve la organización ambientalista se provocaría un quiebre en la Región de Coquimbo, dificultando el desarrollo de un puerto en la zona de Totoralillo.

Por otro lado, cercanos a la operación de Andes Iron SpA coinciden en que la creación de esta área de protección marina no coincide con la visión de desarrollo que mantiene el Plan Regulador Intercomunal Costero (PRI), que contempla la posibilidad de construir hasta tres puertos en la zona. Uno de ellos lo lleva adelante CAP en la bahía de Chungungo y no ha contado con el ruido mediático ni tintes políticos que mantiene el proyecto de las familias Délano y Garcés.

Por medio de un cuestionario, el Ministerio del Medio Ambiente contestó a La Tercera que si bien el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del gobierno anterior conoció la propuesta de creación de un área marítima de protección en La Higuera, acordó que esta debía ser reformulada, así como el área de protección y el plan de administración, por lo que quedó pendiente precisar el polígono y la superficie definitiva de la misma.

“Hoy la propuesta de creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiple Usos se encuentra diseñada y definiéndose los últimos detalles, y estamos a la espera de ponerla en tabla para presentarla ante el Consejo de Ministros para la sustentabilidad durante el último trimestre de 2021″, concluyó.

Es por ello que el ministerio retomó las acciones durante este período de gobierno para establecer una medida de protección oficial al sector, lo que se tradujo en la formalización de una mesa de trabajo precisamente para precisar el polígono y su superficie, ahora denominada Archipiélago de Humboldt, esto con representantes de la Subsecretaría de Turismo, de Sernapesca y Subpesca.

“El mandato de la mesa fue precisar el área a proteger, brindando un adecuado resguardo a los ecosistemas, especies y procesos reproductivos de la fauna ahí presente, junto con considerar los usos y sus condiciones específicas, que quedarán sujetos a la zonificación del área y a un plan de administración”, agregó.

“De esa manera, para abarcar y proteger todas las áreas de procesos ecológicos fundamentales, tales como las zonas de surgencia y alimentación, y la presencia de ecosistemas y especies del alto valor de protección, como asimismo para facilitar y garantizar la correcta fiscalización por parte de los organismos competentes, la propuesta de polígono ha sido ampliada, simplificada en su forma y alcanza las 223.200 hectáreas. Cabe señalar que la categoría propuesta, del área, admite el desarrollo de la pesca y el turismo sustentable -actividades hoy presentes en la zona-, siempre que éstas no impliquen detrimento de los objetos de conservación en virtud de los cuales el área será establecida”, remató.