Desde que se estableció el calendario constituyente se sabía que tras la elección de los 155 convencionales el gran debate sería establecer el reglamento interno. Una tarea difícil. Razón por la cual durante meses expertos y expertas han presentado propuestas para que esa discusión no se alargue y se pase al fondo, o sea, a la redacción de la nueva Constitución.

Tras el resultado del 15 y 16 de mayo, sin embargo, se destrabaron algunos de los puntos de discordia: los sectores opositores que empujaban reformar el quórum de 2/3 establecido en la Constitución para lograr acuerdos han ido desechando la idea. Ello, pues la lista oficialista de Chile Vamos no consiguió el tercio que esperaba.

Sin embargo, eso no quiere decir que no existan nudos pendientes. Acá, cinco de ellos.

Antes de la elección del fin de semana pasado, varios candidatos -sobre todo de izquierda- plantearon cambiar el quórum de votación de la convención, de 2/3, establecido en la actual Constitución. Sin embargo, tras los resultados de la elección varios matizaron su opinión.

De hecho, la semana pasada, seis constituyentes electos y que además son abogados constitucionalistas se manifestaron en contra de cambiar el quórum. Amaya Alvez (Apruebo Dignidad), Fernando Atria (Apruebo Dignidad), Jaime Bassa (Apruebo Dignidad), Eduardo Castillo (Lista del Apruebo), Constanza Hube (Vamos por Chile) y Christian Viera (Lista del Apruebo) señalaron que perdió relevancia esa demanda, que no era necesaria y que las reglas ya estaban claras y no se debían modificar.

Aun así, al menos seis constituyentes consultados han dicho públicamente en los últimos días que están a favor o al menos no han rechazado la idea de modificarlo: Camila Zárate (Lista del Pueblo), Cristina Dorador (ind.), Bastián Labbé (ind.), Benito Baranda (Ind. No Neutrales), Jorge Baradit (Lista del Apruebo) y Marcos Barraza (Apruebo Dignidad).

¿Qué se necesita para modificar el quórum? Como está establecido en la Constitución, se requeriría de una reforma aprobada en el Congreso también por 2/3 que modifique el Artículo 133 de la Carta Magna. Sin embargo, algunos convencionales han planteado que bastaría con que la convención se interprete soberana en sus decisiones para hacerlo.

Con 37 convencionales, como se ha dicho, Chile Vamos no alcanzó el tercio para tener poder de veto. Tampoco alcanzó a obtener 1/4 del órgano para presentar un eventual reclamo ante la Corte Suprema, que es el tribunal de la resolución de eventuales conflictos en esa materia. Esto, ya que quedó establecido que para reclamar al máximo tribunal se deben “acompañar los documentos que certifiquen que quienes suscriben el reclamo son al menos un cuarto de los constituyentes, es decir, 39 personas, e incluir pruebas para justificar el presunto vicio”.

El presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, señaló que “respecto de las reglas vigentes, cuando hablamos de derecho es importante recordar que las reglas siempre pueden cambiar. El tema es determinar cuál sería el procedimiento para hacerlo. Basta con leer la Constitución vigente para saber que el quórum de 2/3 aplicable a las decisiones de la convención podría ser cambiado por el actual Congreso mediante una nueva reforma constitucional. A su vez, las reglas de funcionamiento que la Constitución actual establece para la convención están sujetas a ser implementadas por un reglamento, que también se aprueban por 2/3 de la convención”.

Pardow pregunta: “¿Qué sucede si esos 2/3 de la convención, esa gran mayoría de representante electos, quisiera cambiar el quórum aplicable a sus decisiones? Antes que un problema jurídico, eso reflejaría un problema político, por lo que esperaría que el Congreso y la convención se sienten a buscar una solución de consenso”.

La convencional UDI Constanza Hube es firme al respecto: “Las reglas ya están claras desde diciembre de 2019, y con esas reglas la ciudadanía votó en el plebiscito de entrada y eligió a los convencionales constituyentes”.

El dilema sobre cuán transparentes deben ser las sesiones -equilibrando publicidad y un entorno de debate seguro- y cuál debe ser el estándar de los convencionales en materia de probidad es uno de los nudos más importantes a zanjar.

Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia planteó la importancia de establecer un reglamento de transparencia y probidad para el funcionamiento de la convención. Este incluye una regulación parecida a la ley de lobby, declaración de intereses y patrimonio obligatoria, procesos abiertos al público y una eventual comisión de ética.

Muchos centros de estudios y entidades han propuesto formas para mejorar la transparencia. Horizontal y la Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución propusieron que las sesiones de la convención sean por streaming. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio propone “el registro de medios electrónicos al que deba enviarse los informes periódicos de actividad de la convención y sus comisiones”.

El tema de transparencia lleva a una de las preguntas principales al respecto: ¿Deben existir sesiones a puertas cerradas? Según un análisis comparado de las propuestas al reglamento interno salidas en los últimos meses, desde Horizontal, Sofofa y la CNC, todos plantean la posibilidad de establecer espacios de deliberación privados entre los convencionales a través de sesiones confidenciales, en aquellos casos en la publicidad pudiera afectar el normal desenvolvimiento de la función.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, dice que está en contra de las sesiones confidenciales o cerradas. “No hay materia constitucional que sea reservada o secreta. Es muy importante que exista transparencia de los convencionales cuando den a conocer sus posiciones”, comentó.

La mayoría de los insumos de instituciones y expertos para ayudar a configurar el reglamento interno de la convención destaca la importancia de la participación ciudadana. Para algunos, esto se traduce en criterios de paridad y que se considere la importancia de los cabildos ciudadanos, en especial los que se hagan en regiones.

Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un documento donde entregaba recomendaciones a los constituyentes sobre cómo incluir en forma temprana los mecanismos de participación en el reglamento de la convención. Marcela Ríos, representante y residente adjunta del PNUD Chile, afirmó que “se debe permitir participación que tenga incidencia y no sea solamente un gesto simbólico o una obligación”.

Algunos constituyentes han dicho en privado que es difícil sistematizar decisiones vinculantes como, por ejemplo, los plebiscitos ratificatorios propuestos por algunos constituyentes semanas previas a la elección. Un ejemplo es lo ocurrido en los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) durante el gobierno de Michelle Bachelet. Pese a eso, constituyentes de la Lista del Pueblo, que consiguió 27 representantes en la convención, han indicado que para tomar decisiones que sean refrendadas por sus representantes en la convención realizarán “asambleas del pueblo” en los distintos distritos, instancias en que articularán la participación ciudadana.

La constituyente Amaya Alvez (Apruebo Dignidad), profesora de Derecho de la Universidad de Concepción, cree que con la forma en que quedó constituida la convención “la posibilidad de llamar a plebiscito si hay veto o la imposibilidad de avanzar al interior de la convención hoy no está como un peligro”, por lo que confía en que “va a haber espacio suficiente de deliberación democrática”.

En la reforma constitucional que permitió la convención se lee que “la convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional”.

¿Quiénes integrarán esa mesa? En diciembre pasado, el constitucionalista Patricio Zapata -que no fue electo en los comicios- fue partidario de “involucrar a alguna institución que pueda hacer una certificación mínima como la Alta Dirección Pública o un consejo de facultades de universidades acreditadas para que luego el pleno de la convención elija”.

La académica de la Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado, Claudia Sarmiento, da luces de cuál debiera ser el perfil de estos integrantes: “Deben ser personas con experiencia significativa en derecho constitucional y, por supuesto, que estén prestas a facilitar que la deliberación y los acuerdos de la Convención Constitucional tengan un reflejo normativo claro. La secretaría debe mantenerse neutral frente a las alternativas que se debatan en el seno de la convención, pues sus integrantes no son convencionales constituyentes. Deben comprender que su rol es el de poner la técnica, es decir, el derecho, al servicio de la política y no a la inversa”.

Más allá de quién debe ser el presidente o presidenta de la convención y el perfil que debe tener, uno de los temas que se tomaron la agenda constituyente tras la elección fue cuál debieran ser las atribuciones de esa autoridad.

Según la encuesta Zoom de ReConstitución, creada por Criteria, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y La Tercera, los chilenos buscan que una persona independiente y experta presida el órgano constituyente.

Hube (Chile Vamos) asegura que la presidencia debe estar en manos de “una persona que haga respetar las reglas de la convención ya establecidas en la Constitución. No podemos partir “saltándonos” las reglas del juego, sino que dar una señal de respeto a la institucionalidad. Tiene que ser una persona que promueva el diálogo y los acuerdos”.

El convencional electo Fernando Atria (Apruebo Dignidad) explica que la Constitución actual dispone que en su primera sesión tiene que elegir un presidente o presidenta y vicepresidente y vicepresidenta, pero no especifica sus funciones. “La cuestión es más bien de sentido común, ¿cuáles son las funciones que, de hecho, debería cumplir, ya que de derecho no tiene funciones especificadas?”.

El profesor de derecho de la U. de Chile agrega: “Habrá que ver cómo se distribuyen las funciones de la presidencia y la vicepresidencia. Y creo también, pero esto es una predicción, que en los hechos también va a asumir una función de representación de la convención (…), creo que va a tener un rol importante en cuanto a contribuir a crear un clima de discusión política constituyente, un clima productivo. Ese es el tipo de consideraciones que se deberían tener”.