Faltan dos semanas para que los 16 gobernadores electos asuman y aún no hay claridad acerca de dónde van a instalar su notebook, ni sobre sus funciones específicas, ni siquiera si podrán contar con personal de confianza, y ni hablar de presupuesto propio.

Salvo contadas excepciones, gran parte de las nuevas autoridades está enfrentando un gallito con los actuales intendentes que pasarán a ser los delegados regionales, representantes del Ejecutivo en cada zona o del gobierno de turno.

En la mayoría de las regiones los intendentes no quieren traspasar sus oficinas, e incluso en algunos casos han dispuesto a los gobernadores en pisos inferiores, salvo en La Araucanía, el único lugar en que la gobernación quedó en manos de Chile Vamos, el mismo conglomerado presidencial. “La gobernación e intendencia estarán en el mismo edificio en La Araucanía. La oficina que está habilitada para el gobernador está en el 9° piso”, indica el electo Luciano Rivas, mientras que el delegado se quedará en el tercero.

A tanto llegó el reclamo que la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), presentó un proyecto que espera sea ratificado pronto para establecer que el domicilio de los nuevos cargos es en la intendencia.

“Pero este tema de las oficinas es bastante menor si se considera que estamos a menos de 25 días de asumir y enfrentamos situaciones tan complejas como que no hay claridad en torno al mecanismo de transferencia de competencia, ni sobre el órgano que dirimirá las controversias entre gobernador y delegado presidencial, ni se resuelve que el gobernador sea el superior jerárquico de todas las reparticiones, ni tenemos ley de rentas regionales. Acá hay un freno de mano puesto”, delata el nuevo gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

Efectivamente, el proyecto de traspaso de competencia está en la Cámara de Diputados recién en segundo trámite legislativo y con muchas modificaciones pendientes, y el de descentralización financiera está con mayor demora, porque aún permanece en primer trámite en la Comisión de Hacienda del Senado con 116 indicaciones pendientes de discusión. Además, faltan algunos reglamentos como el de Política Nacional de Ordenamiento Territorial, principal instrumento de planificación, y otro sobre los comités de integración de Ciencia y Tecnología que ha estado en constante consulta en Contraloría.

Dos problemas concretos ha enfrentado el electo gobernador de O’Higgins, Pablo Silva (PS), en el proceso de instalación.

El primero de ellos se refiere a las contrataciones. Según señala, la ley permite que la nueva autoridad concurse cuatro cargos de confianza para instalarse, pero la intendencia regional a cargo de Ricardo Guzmán decidió iniciar este proceso y está a punto de cerrarlo.

“Ellos hicieron rápidamente la selección, la entrevista psicológica, y seguramente los van a mandar a la Contraloría, pero el contralor ya está en conocimiento de esto, pues pedimos que se paralice el proceso, y de no prosperar nuestro reclamo vamos a presentar un recurso de no innovar”, explica.

Silva acusa que la intendencia está tratando de dejar como funcionarios de planta a personas de su confianza, que son de otro color político. “Imagine el problema, que incluso uno de los seleccionados en el primer lugar es la misma persona que visó las bases del concurso, lo cual es totalmente inadecuado”, acota.

A este tema se agrega que hace un par de meses el edificio del gobierno regional fue traspasado al Ministerio del Interior, por tanto, él no tendría cabida en ese recinto. “Nos ofrecieron habilitar un sector en otro edificio contiguo, lo cual no corresponde. Si más que un tema de comodidad es un tema simbólico, porque la ley dice que el cargo de intendente desaparece reemplazado por el gobernador y así lo reconoció el contralor. Creemos que el delegado debe trasladarse a dependencias del gobernador”, remarca.

No había pasado ni una semana desde que Rodrigo Mundaca (Frente Amplio) había obtenido el triunfo en primera vuelta cuando se enteraron de la firma de un convenio por $ 24.000 millones en que el gobierno regional traspasaría a Carabineros a partir de 2022 una asignación anual de $ 6.000 millones, por cuatro años. “Nosotros señalamos que no queríamos que se comprometiera presupuesto ante de asumir nuestro cargo, pero igualmente se siguió adelante y se hizo. Hubo una controversia pública que duró varios días, pero al final se aprobó el convenio y se comprometieron esos recursos. Esto no ha sido sencillo”, agrega el gobernador electo.

Con esta polémica a cuestas, la semana pasada se reunió con Jorge Martínez el actual intendente para conversar sobre la planilla de trabajadores del gobierno regional -los honorarios, de planta y quienes migrarán a la delegación-, sobre el presupuesto, y sobre la ubicación física. “Nos dijeron que estaban habilitando el piso 6, pero ellos conservarán el piso 19. Aún no conocemos dónde estarán nuestras oficinas. Aunque la reunión fue cordial, no podría decir que las cosas son fáciles en este minuto”.

Tras ese encuentro se concordó que los jefes de divisiones de la intendencia y los profesionales de la nueva autoridad que van a asumir las divisiones de Inversión, Administración y Finanzas, Desarrollo Social, Fomento Productivo y Planificación Territorial sostengan reuniones para hacer un traspaso ordenado de la información y de los desafíos a cumplir. “Hasta ahora no hemos pensado en hacer una auditoría” ,admite Mundaca.

La situación de Aysén es diametralmente distinta a la de otras regiones, porque allá es el gobierno regional (Gore) es el que tiene patrimonio y no la intendencia, en manos de Margarita Ossa.

Y el Gore decidió habilitar un edificio pequeño en pleno centro de la ciudad, y en 2013, tras solicitar un terreno a Bienes Nacionales comenzó a construir un edificio de 2.600 metros cuadrados, de tres pisos, con proyección de un cuarto piso, que será donde se instalará la nueva autoridad. “Además que el edificio de la intendencia que está en la plaza reproduce el modelo antiguo, ese que ya no queremos más. Nosotros queremos diferenciarnos y que la gente reconozca su infraestructura”, precisa la gobernadora electa en primera vuelta, Andrea Macías (PS).

Pero eso no ha evitado que surja un conflicto, acota, ya que la intendencia les ha informado que desde el gobierno central no se proveyó la contratación de personal para este año, por tanto, quieren retener a cinco funcionarios que están en comisión de servicio, pero que corresponden a cupos del Gore. Y les proponen mantenerlos hasta el 31 de diciembre, cuando los cargos deberían estar libres el 14 de julio, cuando asuma la nueva autoridad.

“Además, nos están solicitando los muebles, las cámaras y hasta un vehículo. En estricto rigor, ellos no tienen equipo de trabajo, pero esa no es razón para que nosotros iniciemos una gestión sin los profesionales que corresponde, tener un jefe de gabinete es indispensable Obviamente, me opuse y le planteé que en cuanto asuma vamos a requerir de esos profesionales, entre los cuales hay dos de confianza -el jefe de gabinete y el de comunicación-, que debieran renunciar. Eso se entiende”, aclara Macías.

Hasta la Contraloría llegó el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, para apoyar el reclamo de los funcionarios que acusan que el intendente, Patricio Kuhn, quiere mantener las mismas oficinas como delegado presidencial, y que el recientemente electo ocupe las instalaciones de la gobernación ubicadas en la Plaza de la Independencia.

Pero no es sólo por el edificio, indica: “$140 millones que podrían estar dedicados a realizar obras como construir sedes sociales, se estarían intentando retirar para alhajar las oficinas del cuarto piso. Si eso llegara a ocurrir, tomaré las medidas del caso, incluso para llegar a juicio de cuentas si es que esto ocurre”.

Díaz, quien ejerció como intendente en la administración anterior, extendió su cruzada hasta La Moneda. “Conversé con el Presidente Sebastián Piñera, quien tuvo la gentileza de saludarme, y le he señalado el problema del edificio y el Presidente me dijo que no estaba al tanto, y se comprometió a revisarlo. También le manifesté el problema al ministro Jaime Bellolio”, asegura.

Además, Díaz está preocupado por el traspaso de mando y en una reunión con el intendente le entregó una guía para elaborar un Acta de Entrega, que espera que la saliente administración complete incorporando información sobre inversión, personal, aspectos financieros, inventarios y una auditoría interna.