“Tuve una niñez difícil, donde las drogas estaban muy presentes en mi entorno y también, al igual que muchos jóvenes, consumí drogas por primera vez a eso de los 14 o 15 años. Viví mi adolescencia con consumo problemático de sustancias peligrosas. Me costó mucho salir adelante y no tengo nada de qué avergonzarme”.

Visiblemente emocionada, la diputada Emilia Schneider (Comunes) intervino el pasado 29 de junio en sala sobre el reglamento para el control de drogas. Pese a la distancia que marcó con el consumo de estupefacientes, la parlamentaria se mostró contraria a la aplicación y replicó que la discusión sobre realizar tests en la Cámara no cambiaba en nada la vida de las personas a quienes representan.

“Lo que está precarizando la vida de las personas es la cocaína, la pasta base, el tusi, por mencionar algunas (...). Y no es contradictorio con creer y afirmar que la regulación de la marihuana y su uso medicinal y recreacional es quitarle espacio al narcotráfico”, señaló.

Y es que desde la legislatura anterior, en sectores de Chile Vamos y la diputada Pamela Jiles han insistido en la aplicación de exámenes periódicos. La implementación del reglamento responde a homologar las instrucciones de examen aleatorio en los funcionarios públicos, pero en este caso para los representantes populares de la Cámara Baja.

Las sospechas de la UDI y Jiles han apuntado principalmente a los legisladores del Frente Amplio, pues desde ese sector han mostrado mayor amplitud o una actitud más permisiva o laxa a favor del consumo puntual de la cannabis. Sin embargo, dentro de los mismos partidos han existido discrepancias sobre el tema.

En 2019 se suscitó una polémica entre la comisión de salud de RD -liderada, en ese entonces, por el ahora subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado- y la exmilitante del partido y ahora diputada Ana María Gazmuri, quien era una de las principales promotoras del proyecto “cultivo seguro”. Desde la comisión replicaban que no existía evidencia suficiente para el uso medicinal de dicha planta, lo que terminó con Gazmuri renunciando a RD.

Ese mismo año, el entonces oficialismo levantó las alertas cuando el diputado Diego Ibáñez, en entrevista con La Tercera, admitió que frente al consumo de marihuana “no tengo el hábito, pero una buena amiga me convidó de su autocultivo personal”.

Más recientemente, el parlamentario de RD Jorge Sáez admitió en Revista Cáñamo que “soy una persona adulta, es mi decisión. Y me gusta el cannabis”.

Con el reglamento ya aprobado, la Cámara envió este jueves el oficio al Diario Oficial, que en el plazo de una semana debiera publicar un extracto del cambio reglamentario. A partir de la publicación comienza a correr un plazo de 30 días para los exámenes, que a más tardar debieran realizarse cerca del 25 de agosto.

Luego viene un proceso de verificación y difusión de resultados que podría demorar 15 días más.

Sin embargo, en todo este plazo hay dos problemas. El primero será el acuerdo administrativo para pagar los 155 exámenes de una vez, tema que no está resuelto en la Ley de Presupuesto, que habla de testeos aleatorios y semestrales.

El segundo problema será la difusión de los resultados. En este punto, ya es casi un hecho que los legisladores que se oponen a la publicación irán a tribunales, tal vez mediante un recurso de protección, para frenar la revelación de antecedentes.

Aunque desde el Frente Amplio niegan su oposición a los test de drogas, salvo la diputada independiente Gazmuri -quien fue elegida en cupo de Comunes pero hoy integra bancada con el PC-, la UDI y la diputada Jiles acusaron que los legisladores frenteamplistas desde un inicio comenzaron a poner trabas.

Uno de esos episodios se dio el lunes 13 de junio, al inicio de la sesión de la Cámara, cuando el diputado UDI Juan Antonio Coloma pidió votar el miércoles en primer lugar de la tabla el reglamento que aplicaría un test de drogas a los miembros de la corporación.

Este examen se transformó en norma legal, al quedar dentro de la Ley de Presupuesto de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Sin embargo, para su implementación requería de un reglamento específico, que ya está próximo a ser publicado en el Diario Oficial.

Esta iniciativa surgió de la bancada UDI, que también propuso la base del cambio reglamentario.

No obstante, en la sesión del 13 de junio, el diputado Ibáñez no dio la unanimidad de la sala para que el tema pasara del tercer al primer puesto de la tabla. La postura fue refrendada por la legisladora Schneider.

Entre los argumentos del Frente Amplio para oponerse al cambio de la tabla estaba el hecho de que el miércoles estaba en primer lugar de discusión el proyecto que sanciona la discriminación en los establecimientos educacionales por temas de identidad sexual y de género, materia considerada prioritaria para los parlamentarios de esa coalición.

La negativa, en todo caso, fue interpretada por otros legisladores como un intento más para dilatar la aplicación de los test de drogas. “Dos diputados, Diego Ibáñez y Emilia Schneider, se oponen a poner en primer lugar de la tabla la obligación de someterse a test de drogas para todos los parlamentarios”, dijo Jiles.

El Frente Amplio, en todo caso, contraatacó en la Comisión de Constitución en la sesión del 28 de junio, en la que los diputados Gonzalo Winter (CS) y Catalina Pérez (RD) presentaron una indicación para levantar el secreto bancario.

La enmienda -que se aprobó por siete votos a favor y seis en contra- buscaba neutralizar el argumento a la derecha, que supuestamente el test ayudaría a cortar lazos entre el narcotráfico y la política. Pérez argumentó que si el objetivo era terminar con esos vínculos, la mejor herramienta era transparentar las cuentas bancarias.

A su vez, con los votos de la derecha, la DC y Jiles se instaló una inhabilidad para votar leyes sobre drogas para aquellos parlamentarios que fuesen detectados como consumidores.

Con esas dos medidas, la inhabilidad y el fin del secreto bancario -que a juicio de varios legisladores rayaban en la inconstitucionalidad-, la propuesta de reglamento fue votada y aprobada en la sala de la Cámara a fines de junio.

En privado, en el FA, algunos reconocen que la apertura de las cuentas bancarias, que finalmente solo quedó establecida para quienes den positivo en el test, implicó “subir demasiado la apuesta”.

Sin embargo, dado que se presentaron indicaciones tanto de los parlamentarios de izquierda como de derecha, el reglamento volvió a la Comisión de Constitución y el contenido volvió a ser rebarajado.

De nuevo en la comisión, Winter, quien es jefe de bancada del Frente Amplio, al igual que Gazmuri propusieron cambiar el test de pelo por uno de orina, que mide consumo de un período de hasta 72 horas. No obstante, Winter tenía un matiz: que en vez de una prueba semestral el examen fuese quincenal.

Esa jugada habría permitido que los exámenes regularan e inhibieran el consumo hacia el futuro, pero omitir el pasado, ya que el test de pelo puede detectar sustancias en el cuerpo de hasta un año atrás. Sin embargo, esa idea no prosperó ni en la comisión ni en la votación en la sala.

No obstante, en otra discusión en la que el Frente Amplio sí logró respaldos en la Cámara, fue la eliminación de las inhabilidades directas. En la comisión, Winter argumentó que esa restricción que se aplicaría a los legisladores que dieran positivo sería inconstitucional y puso como ejemplo “la experiencia personal de la diputada Gazmuri, pues hizo campaña en favor del consumo medicinal del cannabis; fue electa considerando aquello. Ahora, ¿cómo se podría tener derecho a inhabilitarla a votar por tal circunstancia?”.

Así, en la práctica, no quedó establecida ninguna sanción directa en caso de salir positivo a alguna droga, por lo mismo, algunos legisladores creen que la medida solo busca que los parlamentarios sean sometidos al escrutinio público. Sin embargo, el caso podría ser trasladado a la Comisión de Ética para tomar algún otro tipo de acción, por ejemplo, una multa.