Si entre 2013 y 2017 la Policía de Investigaciones (PDI) contabilizó 16.650 denuncias por ingresos irregulares al país, hoy el gobierno reconoce que durante los últimos cinco años -de acuerdo con cifras de la misma institución policial- se acumulan más de 127 mil. Esto, principalmente, producto de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.

Las autoridades, por su parte, tampoco han logrado frenar los accesos por pasos no habilitados y, por lo mismo, asumiendo que la frontera del país es “permeable” -como se indica en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric-, la actual administración se prepara para avanzar en regularizaciones ordinarias.

“Según los registros de la PDI, hay alrededor de 127 mil personas que ingresaron de manera irregular desde 2018 a la fecha. Y el objetivo es avanzar en la regularidad por medio de mecanismos ordinarios, o sea, los que establece la ley. Hoy la ley permite regular niños, niñas y adolescentes y, además, dice que se pueden establecer mecanismos de regularización en la Política Nacional de Migraciones. Entonces, cuando esté la política se podrán definir mecanismos de regularización”, comenta a La Tercera el director del Servicio Nacional de Migraciones (SerMig), Luis Eduardo Thayer, recalcando que no hay en perspectiva un proceso de regularización masivo.

Eso sí, la mencionada política, como asegura, se conocería recién durante el mes de octubre. En el intertanto, el Ejecutivo se encuentra estudiando criterios. Según ha trascendido, la reunificación familiar, responder a víctimas de trata de personas y la necesidad de hacer frente al déficit de fuerzas de trabajo podrían incluirse como eventuales causales.

La idea de regularizar la situación de los migrantes, por lo demás, se da -según explica Thayer- porque es prácticamente “inviable” expulsar a 127 mil personas. ”Cuando más se expulsaron personas en un año fueron un poco más de dos mil, entonces hay un problema. Hay que ver cómo lo resolvemos y, por lo mismo, se va a iniciar el proceso de empadronamiento que anunció el Presidente. Se va a revisar caso a caso, vamos a revisar si la persona tiene antecedentes penales y cuando haya mérito para la expulsión, se va a hacer, pero también hay atenuantes que considera la ley”, detalla el profesional.

Si bien aún no es claro cuándo comenzará el empadronamiento, como indica el director del SerMig, se trataría de un proceso que se extenderá por un periodo acotado de tiempo, pues la intención -enfatiza el profesional- sigue siendo “fortalecer las vías regulares de acceso al país ligadas con el acceso al trabajo. Por eso queremos habilitar que en nuestra plataforma las personas postulen a oportunidades de trabajo al mismo tiempo que tramitan su visa”.

Pese a que en la actual administración descartan que estas definiciones abran aún más la puerta a la llegada de migrantes de manera irregular, exautoridades ven con preocupación el asunto.

“Hay que distinguir entre los procesos que se pueden establecer para personas que hayan caído en la irregularidad estando en Chile, que una regularización para quienes han ingresado clandestinamente al país. Hay que evitar a toda costa que este tipo de anuncios generen un efecto llamada y que personas, que quizás pueden ser víctimas de traficantes, crean que ingresando clandestinamente podrán regularizar su situación”, sostiene el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli.

Y agrega: “Se corre el riesgo de que cada vez haya menos regularidad migratoria en el futuro. El objetivo siempre fue la migración ordenada, segura y regular, y cuando estas personas evaden el control migratorio, el Estado no sabe quiénes están ingresando, si son vulnerables o si están cometiendo delitos”.

En línea con la dificultad que supone el ingreso irregular de migrantes, el Servicio Nacional de Migraciones enfrenta la imposibilidad de materializar las reconducciones que posibilita la ley de migraciones que entró en vigencia en febrero. Y es que desde ese mes a junio se contabilizan 12.193 reconducciones iniciadas, pero de ellas sólo se materializaron 1.225, o sea, alrededor de 10%. Diez mil 968 han sido rechazadas, como dan cuenta desde el SerMig, porque Bolivia no recibe personas reconducidas.

Por lo mismo, previa coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio se reunirá con autoridades bolivianas durante los próximos días, a fin de avanzar en una eventual regularización del proceso.

En el intertanto, las personas que no han podido ser “devueltas” al país desde donde venían, permanecen en territorio nacional, se les cursa un parte por ingreso clandestino, se les abre un expediente para su expulsión y quedan con firma semanal en la PDI. Dado que se requiere que esas personas puedan acceder a servicios básicos mientras se realiza su proceso de expulsión, el Registro Civil está mandatado para enrolarlos y entregarles un RUN provisorio.

Eso sí, a diferencia de como operaba el sistema antes, las expulsiones administrativas son más complejas de materializar, y hasta ahora, en lo que va del año, sólo se han realizado 11 expulsiones de ese tipo y 587 judiciales.

De todas maneras, como se indicó desde el servicio, desde el 2 abril se han emitido 631 resoluciones de inicio de procedimiento de expulsión administrativa, y se ofició al Ministerio de Defensa para que se ponga a disposición aviones de la Fach para la expulsión de 180 personas en los próximos meses.

Estas definiciones conviven con un gran “atasco” que mantiene el servicio, debido a la gran cantidad de solicitudes de visa pendientes.

Si bien durante los últimos tres meses -según expuso Thayer el miércoles ante la comisión de Zonas Extremas del Senado- se ha acelerado la tramitación de visas, de acuerdo con datos del organismo hay 460.914 solicitudes que se encuentran retrasadas. De ellas, conforme al detalle, 174.914 corresponden a solicitudes de residencia transitoria asociadas al proceso de regularización extraordinaria efectuado en 2021, y 286.000 a residencias definitivas, lo que ha traído dificultades para distintos sectores, por ejemplo, gremios de transporte y estudiantes que vienen a universidades nacionales.

Desde ese último sector, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Osvaldo Corrales, sostiene que “efectivamente, desde el año pasado las universidades estamos enfrentando dificultades muy serias en materia de tramitación de visas. La situación es particularmente compleja en el caso de aquellos estudiantes o investigadores que han obtenido becas en sus países de origen para financiar sus actividades y que, debido a estas demoras, pueden llegar a perderlas”.

En orden a cuantificar el problema, comentó que sólo en la Universidad de Valparaíso, para el segundo semestre tienen a alrededor de 120 estudiantes de pre y posgrado seleccionados para cursar estudios, y que ninguno de ellos ha conseguido obtener la visa de estudiante para ingresar a nuestro país.

“Es importante advertir que esta situación amenaza con dañar la imagen de Chile en el exterior, puesto que no aparecemos como capaces de dar una solución expedita para un trámite que en la mayor parte del mundo es más bien rutinario. Nos preocupa especialmente que no sólo estamos ante un problema de gestión puntual. Desafortunadamente, enfrentamos un problema estructural, puesto que el reglamento que se dictó para implementar la nueva ley de extranjería no contiene las categorías necesarias para dar cuenta del tipo de actividades e intercambios que habitualmente mantenemos con nuestros pares de otros países, lo que nos deja en una situación de gran desventaja y, al largo plazo, terminará perjudicando los procesos de internacionalización actualmente en curso”, agrega Corrales.

Al ser consultado sobre este asunto, Luis Thayer asume que hay “un enorme atasco”, pero también resalta que se han fortalecido los equipo de trabajo para así avanzar a mayor velocidad, pues el asunto se ha fijado como una “prioridad”. Además, resalta que están prontos a firmar un convenio que permita agilizar trámites de estudiantes.

El compromiso, al menos en materia de visas temporales, según indica el director, “es que, con el ritmo que llevamos hasta ahora, a fines de agosto podamos tener los procesos regularizados y empezar en régimen. Luego tenemos que agilizar lo referente a las permanencias definitivas, que es el gran atasco que aún tenemos”.