Queda menos de un mes para el cambio de mando y hay muchos temas sobre la mesa. Qué va a pasar con los directivos elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), es una incógnita, pero lo cierto es que todos los gobiernos desvinculan a un porcentaje de los directivos del Estado.

El segundo gobierno de Piñera despidió al 39% de los ejecutivos de nivel 1 y 2, una cifra que está por debajo de lo ocurrido en el segundo mandato de Michelle Bachelet, que desvinculó al 48%, y de la primera administración de Sebastián Piñera, que llegó al 43%.

La mayor parte de los despidos en todas las administraciones ocurre en el primer año de gobierno. En ese periodo se concentran casi la totalidad de las desvinculaciones que se realizaron en los últimos tres gobiernos.

Entre los directivos de nivel 1, es decir, jefes de servicios, la actual administración despidió al 57% de los vigentes, mientras en el segundo gobierno de Bachelet el porcentaje llegó a 70%, similar al de la primera administración de Piñera (69%). En este nivel están las autoridades de primer nivel jerárquico ADP, donde se encuesta la facultad presidencial de nombrar hasta 12 de estos puestos sin concurso, de acuerdo a sus prioridades de gobierno. Esta facultad puede ejercerla durante los primeros tres meses de gobierno, en lo que se denomina las “12 balas de plata”.

De todas formas, el Jefe de Estado podría solicitar la renuncia a los restantes directivos de primer nivel jerárquico, aunque no puede nombrar a sus sucesores: debe solicitar que el Sistema de ADP convoque a un concurso público para llenar esa vacante. En caso de remover a alguno de esos directivos se le deberá indemnizar por los años de servicio, con un tope de seis años.

Piñera utilizó esa facultad para estos directores: Fonasa, Instituto Nacional de Deportes, Conadi, Sename, SEA, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Educación, Indap, Sernac, INE, Tesorería, y Fiscalía del MOP.

En el nivel 2, que incluye subdirectores y directores regionales, cargos que, en la teoría debería ser más técnicos, el actual gobierno desvinculó al 37%, mientras Bachelet II ese porcentaje llegó a 56%.

“Claramente en el ámbito de la Alta Dirección Pública tenemos un problema serio especialmente en lo que es el primer nivel jerárquico, porque si bien se trata de un sistema concursal para el acceso a esos cargos, la desvinculación sigue realizándose con un régimen de exclusiva confianza. Se paga una indemnización si la persona lleva más de un año de trabajo, pero no hay limitación. Eso explica que cuando se produce un cambio de gobierno, el nuevo gobierno tenga la posibilidad de pedirle a todos los cargos de ADP, salvo un par de excepciones, pedirles la renuncia directamente”, indicó el abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado Enrique Rajevic.

La abogada UC y exconsejera ADP, Beatriz Corbo dijo que “es indispensable hacer una distinción entre los cargos que son ejecutores de políticas públicas y aquellos que diseñan. En general los cargos ADP son implementadores de política pública, lo que justifica buscar gerentes públicos para lo anterior, perfiles que son transversales y pueden trascender las administraciones incluso cuando hay cambio de color político en el gobierno”.

Si se desglosa por nivel, el gobierno actual despidió al 57% de los directivos de primer nivel (jefes de servicio). La segunda administración de Bachelet despidió al 70%, y el primer gobierno de Piñera al 69%. En cuanto a los cargos de segundo nivel jerárquico (subdirectores, directores regionales en el periodo actual se desvinculó al 37% de los directivos. La segunda administración de Bachelet despidió al 56% y el primer gobierno de Piñera al 38%.

El Sistema de Alta Dirección Pública que fue creado en 2003 ha tenido un crecimiento exponencial. En 2004 el sistema era conformado por casi 600 cargos seleccionados por mérito y hoy llegan a los 5 mil. Esto se explica porque se amplió a la educación municipal y que se han incorporado directorios de empresas públicas fundamentales como Codelco, Enap y el Fondo de Infraestructura del MOP.

A principios de septiembre de 2021 el gobierno ingresó un proyecto para reformar la Alta Dirección Pública, que es parte de la agenda de modernización del Estado. La iniciativa apunta a fortalece las atribuciones del sistema y busca profesionalizar los cargos de segundo nivel jerárquico en el Estado y evitar que sean destituidos por razones políticas.

Uno de los pilares del proyecto es que la continuidad de los directivos de segundo nivel jerárquico (cerca de 1.000 cargos en la actualidad), se basen en el mérito de los profesionales y no exclusivamente en la confianza con el gobierno de turno. La permanencia en estos cargos es de 3 años, y la reforma busca dar continuidad al desarrollo e implementación de políticas públicas, y evitar que queden atadas al ciclo político.

La iniciativa está en su segundo trámite constitucional en el Senado. Para el gobierno es importante que este proyecto avance.

“Actualmente la permanencia en los cargos de segundo nivel jerárquico es de 3 años. Con esta reforma se pretende dar mayor continuidad al desarrollo e implementación de políticas públicas, desacoplándolo del ciclo político y dotando al Estado de un verdadero equipo de directivos profesionales, cuya permanencia dependa de sus méritos y no de si son afines políticamente con el gobierno de turno”, dijo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

Los expertos apuntan a que la permanencia de ciertos cargos es importante para la continuidad de las políticas públicas.

“Si bien se han hecho intentos por reformar, hubo una ley en el gobierno de Bachelet que en teoría iba a contribuir a que esto se redujera, pero en la práctica el efecto fue muy tenue. Actualmente se está tramitando un proyecto con el mismo objeto, pero al menos en la última versión que conocí, puede que haya experimentado una modificación. Desde mi punto de vista seguía siendo ambiguo en esta materia, seguía teniendo espacios de ambigüedad que no permiten asegurar que efectivamente el mérito y la gestión prevalezcan sobre la confianza. Esto no quiere decir que el próximo gobierno tenga que tomar la misma ruta que sus predecesores. Hay una ventana de oportunidad para que efectivamente tengamos mejores prácticas y podamos tener mayor continuidad en esta materia”, indicó Rajevic.

El abogado Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política de Queen Mary University, dijo que “uno de los desafíos que tienen los gobiernos es incorporar a más de 3 mil personas en cargos de confianza y eso hace que la instalación de los gobiernos sea más difícil. Más allá de la discusión sobre si es importante o no mantener estos cargos, que yo creo que si es importante, creo que la pregunta tiene que ver en cómo avanzamos. Este fue el primer paso, hay que ver cuáles son los que vienen”.