En la tarde de este miércoles el ministro de Justicia, Luis Cordero, tomó contacto con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. La conversación entre los dos estuvo motivada, entre otras cosas, por una nota del medio Ex-Ante, en la cual se informaba de una supuesta instrucción por parte de Gajardo a Gendarmería para cerrar el penal Punta Peuco y trasladar a los condenados a un módulo ampliado en Colina I, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe militar.

Luego de la comunicación entre Cordero y Gajardo, las autoridades tomaron de determinación de que había que descartar rotundamente la información para evitar que el tema agarrara fuerza. Fuentes de Justicia confirman que no hay ningún plan para cerrar esta cárcel y que ese era el mensaje que había que dar. Cordero le pidió a Gajardo que fuera él mismo quien contuviera el asunto.

Después de una reunión con el consejo directivo de la Academia Judicial, Gajardo volvió a su oficina en las dependencias de la cartera, en calle Morandé. Ahí, pasadas las 16.00, enfrentó a la prensa que lo esperaba en la puerta del ministerio.

“No hay ninguna instrucción formal e informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería”, aseguró tajantemente Gajardo.

La intervención de Justicia tuvo como objetivo detener los rumores que han surgido desde Gendarmería. Fuentes de esa institución indican que el gobierno ya cuenta con un diseño, e incluso con una planimetría, para la ampliación de Colina 1, con el objetivo de trasladar a los presos de Punta Peuco a esa cárcel.

La ampliación, comentan en Gendarmería, implica intervenir el “Módulo Asistir”, ubicado en el sector surponiente de Colina 1 y donde actualmente cumplen condena 104 internos. La idea es que a ese lugar lleguen los 129 condenados que hoy siguen en Punta Peuco.

Las mismas fuentes señalan que autoridades de Justicia trabajaron este diseño con un grupo extremadamente reducido de autoridades de Gendarmería, entre quienes se encuentra el director Sebastián Urra y el jefe del departamento de infraestructura, Luis Pontigo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se busca la ampliación de Colina 1. Antes de la pandemia, bajo la administración de Christian Alveal, se pretendió ampliar con torres hacia el sector nororiente. En ese entonces se asignaron recursos para llevar 2.100 reos desde Santiago 1 y la ex Penitenciaría.

Fuentes de Justicia agregan que las gestiones de Gajardo con los equipos de infraestructura de Gendarmería son efectivos, pero nada tienen que ver con un cierre del penal destinado para personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

Quienes conocen del trabajo del subsecretario Gajardo en esta materia aseguran que el objetivo de esas gestiones es aumentar la capacidad de los establecimientos penitenciarios para hacerse cargo de la población penal que ha ido en aumento.

El gobierno partió con una población de 41 mil condenados y la cifra ya va en 47 mil. Por lo mismo, la cartera ha tenido que desembolsar muchos recursos en el pago de multas por hacinamiento a las empresas concesionarias y es algo que quieren detener.

Por lo mismo, Gajardo lleva el último tiempo en intensas reuniones con los equipos de infraestructura y ya tiene en carpeta ampliaciones en varios penales, como el de San Miguel, San Joaquín, Colina I, Antofagasta, Alto Hospicio, entre otros.

Esa misma preocupación la manifestó Gajardo en su punto de prensa. “Se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país. Nosotros tenemos una situación cada día más compleja de población en nuestros establecimientos penitenciarios. Estamos evaluando ampliaciones, mejoras en nuestros servicios penitenciarios a lo largo de todo el país”, añadió el subsecretario.

Fuentes de Justicia, a su vez, descartan que, por el momento, desde La Moneda le hayan planteado a Gajardo que algún anuncio sobre Punta Peuco sea parte de la agenda del gobierno por los 50 años del Golpe militar. Esto mismo es confirmado por algunos de los que integran la mesa que lidera el delegado presidencial Patricio Fernández.

En Justicia, además, enfatizan que el foco de ellos -para la conmemoración de los 50 años del Golpe- está centrado en el Plan Nacional de Búsqueda, el programa que lanzó el ministerio con la intención de avanzar en el trabajo para dar con el cuerpo de las personas que fueron detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas por agentes del Estado en la dictadura. Esta política pública implica reforzar los peritos judiciales, digitalización de carpetas y documentos, entre otras medidas.

La opinión del Presidente Gabriel Boric sobre el cierre del penal Punta Peuco, en todo caso, no es una sorpresa: previamente él deslizó que el tema podía ser evaluado. “Es una alternativa (cerrar Punta Peuco), no lo descarto, es algo que tenemos que conversar con quienes lo administran hoy, pero si hace falta espacio tenemos que ocupar los que tenemos”, comentó el Mandatario junio del año pasado.

Previamente, la ministra de Defensa, Maya Fernández, comentó que esta cárcel especial debía cerrarse. “En mi opinión, el penal especial de Punta Peuco no debe continuar (...). No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales”, dijo en abril del año pasado en una entrevista con El Mercurio.