Lunes 5, martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de septiembre y las escenas en la capital se repiten: estudiantes secundarios se manifiestan en distintos puntos de la capital, entre las calles -principalmente en Providencia y Santiago- y el Metro, donde, como un déjà vu previo al estallido social de 2019, reaparecen las evasiones, las tomas y los cierres de estaciones.

En la superficie, algunos descolgados ya han quemado buses del Transantiago y solo el saldo de esta semana arroja casi medio centenar de detenidos, muchos de ellos menores de edad. Este jueves las protestas comenzaron a extenderse hacia regiones como Valparaíso y Los Ríos.

Esta realidad que de golpe azota a un gobierno que nació justamente en las movilizaciones estudiantiles le llega también como una de las primeras tareas a las que debe poner atención Carolina Tohá, la nueva ministra de Interior y Seguridad Pública y quien en el pasado sufrió un bullado divorcio de los secundarios, cuando como alcaldesa de Santiago visó el desalojo de las tomas en liceos emblemáticos de la comuna.

Hoy, en el debut de su nuevo cargo, convocó a una coordinación interministerial para hacerle frente a la creciente ola de protestas, manifestaciones y hechos de violencia derivados de lo anterior.

Así fue como, según cuentan conocedores de sus instrucciones, fue el miércoles en La Moneda cuando se bajó a las respectivas carteras la idea de trabajar en tres frentes: seguridad, educación y transportes.

Por ejemplo, a Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, se le pidió convocar a conversar a los alumnos, y la tarde del miércoles citó a una reunión a diversos centros de estudiantes de establecimientos capitalinos, los que llegaron este jueves a las dependencias del Mineduc.

Hasta allí, a las 8 de la mañana, arribaron representantes del Liceo 7, Barros Borgoño, Amunátegui, Liceo 1, Aplicación, INBA, A-20, Liceo 4 e Instituto Nacional, en una cita que duró casi tres horas y que incluyó una solicitud de petitorio por parte del secretario de Estado.

“En el caso particular de estos estudiantes, dado que no existe una orgánica, les solicité la entrega de un petitorio de qué pasa en los liceos de Santiago”, revela a La Tercera el ministro Ávila. En estas movilizaciones, los estudiantes han solicitado una larga lista de elementos, desde mejorar condiciones en los establecimientos, hasta, según los más radicales, liberar a los presos del estallido.

Ávila se apresura a señalar que esto ocurrió independientemente de que como gobierno han desarrollado una serie de medidas que apuntan a temas “que muchos estudiantes reclaman, pero que pasan a nivel de política nacional. El gobierno sí está ocupado resolviendo temas”, además de, añade, ya tener “trabajos avanzados” con algunos consejos escolares de instituciones como el Instituto Nacional o el INBA. “En cada uno han ido avanzando los trabajos a su ritmo y entiendo la desesperanza de estos jóvenes, pero por eso nos encontramos con ellos en un marco muy claro de diálogo, jamás avalando lo violento”.

El mensaje que quisieron entregar, resume Ávila, “es el diálogo, la búsqueda de soluciones conjuntas con ellos que optan por el diálogo y que hacen llegar sus petitorios en forma dialogante”. Y añade: “Ahí mi gestión es encontrar soluciones rápidas, porque estos son jóvenes que están cansados de que no les han dado respuestas, pero eso es muy distinto a que un grupo usa este móvil y genera situaciones complejas, en un uso fetichista de la violencia”. Ahí, suma, “el Ministerio del Interior tiene toda la posibilidad de actuar cuando se daña la integridad (…); nunca podemos evitar el camino del diálogo, pero a la vez con mucha firmeza condenar la violencia y (recurrir) al uso de la fuerza pública cuando hay hechos que ocurren en la vía pública”.

A pesar de estas ganas de diálogo que expresa el ministro, en todo caso, algunos de los estudiantes se retiraron anticipadamente.

“La movilización no va a parar ni cesar hasta que se nos dé la educación digna, y un requisito para que volvamos a tener una reunión con el ministro es que nos empiecen a dar respuestas claras. No se nos están dando respuestas ni soluciones, se les está echando la culpa a la municipalidad, a la Contraloría y las licitaciones que se deben hacer”, dijo, por ejemplo, Amaya Arias, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Amunátegui, quien agregó que “si vamos a seguir yendo a reuniones donde solo nos van a decir ‘es culpa de la municipalidad’, ‘no podemos hacer nada’, ‘no sabíamos esto’, no vamos a llegar a ningún punto”.

Como sea, consultado si es que el diálogo se condiciona a los hechos de violencia, el secretario de Estado lo descarta. “Uno no puede dejar a miles de estudiantes que se manifiestan pacíficamente sin apoyo a las demandas que tienen, porque son también víctimas de hechos violentos. Hay que distinguir, hay una ciudadanía cansada que busca cambios, estamos todos agotados de la violencia, la ciudadanía está cansada de estas situaciones (pero) es distinta una movilización pacífica”.

“Es muy distinto cuando viene un grupo que me dice ‘en mi liceo falta un protocolo’ a cuando alguien ni siquiera media un petitorio y usa la fuerza solo para la expresión de descontento”, agrega.

En la cita, cuentan presentes en ella, se habló de un ‘Petitorio Único Secundario’ de la Coordinadora Secundaria Revolucionaria que se ha divulgado y que va en línea con las demandas generales de los estudiantes, quienes, en todo caso, fustigaron que recién se esté hablando de esto y no se estén dando respuestas concretas a las ya conocidas demandas estudiantiles. En contraparte, el secretario de Estado les explicó qué ha hecho el gobierno, como que la Junaeb cambió la minuta de alimentos, la posibilidad de que los sostenedores accedan a los Fondos de Infraestructura Escolar de Emergencia o el inicio de un catastro nacional de infraestructura escolar.

Tras la reunión, las partes acordaron tener una segunda reunión, sin fecha definida aún, y, según entendidos, se buscaba que los dirigentes estudiantiles bajen de alguna forma el fragor de las movilizaciones, o al menos la violencia que rodea a ellas. Eso sí, todo esto se hace difícil, según analizan en el Mineduc, puesto que los secundarios no están organizados como un gran cuerpo y hay grupos radicalizados.

Eso sí, el profesor de Castellano descarta haberles traspasado la responsabilidad a los estudiantes de hacerse cargo de los hechos violentos. “No los quiero hacer responsables de la violencia, porque no son responsables ellos. Aquí habemos adultos y familias que tienen que hacerse cargo”.

Con todo, Benjamín España, estudiante del Liceo de Aplicación, sostuvo que “creemos que esta reunión responde a objetivos políticos claros, que es desmovilizar la lucha que estamos haciendo los alumnos hoy en la calle, no es azaroso que después de marzo y abril, cuando estuvimos movilizándonos todos los liceos de Santiago, nos llamen ahora, cuando sus privilegios están en jaque, cuando la educación está en jaque para poder conversar”.

El trabajo, dicho está, se pretende enfocar en tres ámbitos y la materia de seguridad está bajo la coordinación del Ministerio del Interior -a través de la subsecretaría-, donde se encuentran ajustando medidas de control y orden público con Carabineros.

En ese sentido, el plan de esta última institución contempla el resguardo exterior de las estaciones de Metro, especialmente las de la Línea 1 que dan hacia el eje Alameda. Este jueves, por ejemplo, fue posible observar carros lanzaguas y lanzagases en el exterior de varias estaciones, desde Tobalaba hacia el poniente.

El objetivo de este resguardo es evitar ingresos masivos al Metro que pongan en riesgo a las personas, aunque, en el caso de que los estudiantes logren pasar, no se hará más que avisar al equipo de seguridad de la estatal para alertar a quienes transiten por ahí.

Según distintas fuentes policiales, la instrucción, al ocurrir desmanes al interior del Metro, es evitar “confrontaciones directas con los estudiantes”, ante el riesgo de accidentes. “Tratar la seguridad con los secundarios es un verdadero cacho. Es mucho el riesgo para nosotros”, admite a La Tercera un alto oficial de Carabineros.

Para mantener la información que emane desde el subsuelo, Carabineros estableció una coordinación directa con el comisario a cargo de los servicios de Metro, quien será el responsable de reportar todo lo que ocurra en los vagones para tomar las medidas de contingencia.

En la misma línea, para controlar las protestas en el exterior se actuará de manera similar a como Carabineros ha controlado las protestas en Plaza Baquedano: no confrontar la manifestación masiva, sino que detectar delitos flagrantes e ir tras la detención de quienes estén cometiendo desórdenes graves.

A su vez, para enfrentar los disturbios que puedan afectar al transporte público (el tercer eje del plan) en la Región Metropolitana, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), junto a Carabineros, Metro, y Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, se reunieron para ratificar estrategias que permitan anticiparse a aquellos episodios de desorden que afecten al tránsito y la movilización pública.

Dentro de esa reunión, por ejemplo, se resolvió presentar ayer las seis querellas en contra de estudiantes que protagonizaron protestas los últimos dos días en la Alameda.

Asimismo, cuentan conocedores de la cita, se recordó que el MTT, Metro y la Red de Transporte Metropolitano manejan un Protocolo de Contingencia para minimizar los efectos que el corte en el transporte público pueda generar en la población.

En este sentido, en caso de que un bus sea quemado o paralizado por un fenómeno externo, el MTT tiene la obligación de inyectar un nuevo bus al recorrido para así no gatillar un efecto dominó en cuanto a falta de buses.

Para el viernes, las autoridades policiales esperan una larga jornada de protestas, pues hay más de 10 convocatorias a manifestarse en la mañana, y también una gran marcha convocada para las 18 horas en Plaza Baquedano.