Aunque en principio habían planeado contar con una serie de medidas consensuadas con la oposición antes de las elecciones, la idea se diluyó por las diferencias que, en el camino, fueron apareciendo sobre el piso que debían tener las ayudas que permitieran paliar la crisis económica que ha dejado la pandemia del Covid-19 en el país.

Así, mientras la centroizquierda entregó su propuesta de “mínimos comunes” la semana antes de los comicios de convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, recién este lunes los representantes de Chile Vamos se reunieron con el Ejecutivo para entregar sus propuestas. Esto, mientras la presidenta del Senado y principal impulsora del diálogo de la oposición con La Moneda, Yasna Provoste, criticara en las últimas horas la dilación de un acuerdo.

“Hace 20 días acepté reunirme con el Presidente Piñera ¡20 días!, para poner en marcha una agenda en beneficio de las familias. Hace más de una semana, ocho días para ser precisa, presentamos formalmente una agenda concreta de la oposición política y social que es responsable, que es con respaldo político, que tiene financiamiento y el gobierno aún está paralizado, no entiende las urgencias de este Chile real, no entiende las urgencias de las familias, y explica que está esperando una propuesta inexistente de los partidos de gobierno, mientras hoy tenemos más de siete mil nuevos contagios de Covid en todo el país. Entonces, tengo que decirle al Presidente Piñera: no hay más tiempo”, aseveró.

Horas después de este llamado, el documento de Chile Vamos fue dado a conocer a los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Juan José Ossa (Segpres) por el presidente de la Cámara, Diego Paulsen; el vicepresidente de la Corporación, Francisco Undurraga; el jefe del comité de senadores de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el jefe de diputados del mismo partido e hijo del senador gremialista, Juan Antonio Coloma Álamos.

Semanas atrás había trascendido que Chile Vamos se abriría a una “Renta Básica de Emergencia”, tal como lo había propuesto la oposición, pero en un monto inferior a lo que apuntaba la centroizquierda. Esto se concretó en lo que definieron como “Ingreso Solidario en Pandemia”, que está basado en la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia al 100% de las familias pertenecientes al Registro Social de Hogares (RSH), política que actualmente abarca al 80% de estas. En la propuesta oficialista, se plantea que “para que efectivamente más hogares sean beneficiados, la inscripción en el RSH debe fomentarse para que el Estado tenga información y la capacidad de entregar de manera eficiente y oportuna los recursos”.

Asimismo, el texto oficialista apunta que “considerando la extensión de la pandemia, proponemos aumentar el monto del IFE actual hasta igualarlo a la línea de la pobreza para una familia de cuatro integrantes, manteniendo la actual distribución en los tamaños de los hogares, mediante un mecanismo simple de pagos”. Dicho incremento -según se lee en el documento de siete carillas- tendría un costo de US$ 1.600 millones adicionales a lo propuesto por el gobierno, en tres meses (junio, julio y agosto).

Esta medida significaría que una familia de cuatro integrantes podría recibir unos $464 mil pesos, cifra inferior a los cerca de $600 mil que planteó la oposición.

Pero además, en el documento se propone evaluar la extensión del beneficio a septiembre, pero disminuyendo en un 50% el monto para tal mes, con el fin de extinguir el subsidio con gradualidad y menor impacto en las familias, lo que resultaría en un monto adicional.

La propuesta oficialista contempla, además, un fuerte respaldo estatal a las micro y pequeñas empresas. En primer lugar, Chile Vamos plantea la creación de un “Bono de apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas” equivalente a un millón de pesos “para cada empresa con ventas directas que hayan facturado a lo menos un mes en el año 2020 y con ventas menores a 25.000 UF. Adicionalmente, se complementará este monto con un subsidio equivalente a tres meses del pago de IVA mensual promedio anterior a octubre de 2019″.

De acuerdo a los cálculos oficialistas, una medida de esas características llegaría a cerca de 420 mil empresas y tendría un costo fiscal aproximado de US$ 1.120 millones. En tanto, la centroizquierda había propuesto al Ejecutivo un fondo para las pymes en torno a los US$ 3 mil millones.

Por otra parte, el oficialismo impulsa un subsidio a las cotizaciones para empleados sujetos a la Ley de Protección del Empleo -que beneficiaría a unos 150 mil trabajadores-, diversas medidas tributarias y un “Fogape renovado” orientado a los sectores de cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía, hotelería y a otros rubros no esenciales que hubieran sido fuertemente afectados por la pandemia.

En términos de financiamiento, el documento expone que “los mayores recursos para el Fisco deben provenir de una combinación entre ingresos y deuda pública, fin a los privilegios y exenciones tributarias injustificadas, y un manejo más eficiente del gasto público por parte del Estado”. Y añade: “En materia de exenciones y privilegios tributarios hay consenso sobre avanzar en su regulación para aumentar los ingresos del país”.

Tras la cita en La Moneda, el diputado Paulsen dijo que “entendemos la necesidad de llegar pronto con apoyos a las pequeñas y medianas empresas y a las familias de nuestro país”. En esa línea, destacó la importancia de respaldar a las pymes, asegurando que estas ”van a ser el motor del desarrollo de nuestro país en los próximos meses”.