El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, desde que asumió en la institución, el 9 de marzo del 2022, siempre ha preferido el bajo perfil. No da entrevistas y, salvo la Parada Militar, suele no tener contacto con la prensa. Su perfil, decían desde que tomó el mando de la entidad militar, era el de preocuparse siempre del frente interno.

Sin embargo, ese perfil, al parecer, hoy le estaría pasando la cuenta no ante sus subordinados, sino que en La Moneda, donde existen una serie de dudas y resquemores sobre la forma en que ha manejado la crisis iniciada a partir de la muerte del conscripto Franco Vargas, el 27 de abril, en Putre.

Vargas cumplía el servicio militar, y dadas las condiciones de altura, más los ejercicios realizados, se desmayó y, a las horas, falleció. Al caso se sumaron una serie de soldados enfermos por distintas enfermedades -algunas crónicas y otras virales-, lo que activó críticas de los familiares de los soldados a las condiciones de los ejercicios realizados.

Desde que estalló el caso, Iturriaga se ha mantenido a la cabeza del caso y hoy sigue en Arica, monitoreando una situación que derivó, primero en el relevo de un capitán y un teniente coronel de los servicios de mando que realizaban en la Brigada Motorizada n° 24 Huamachuco de Putre.

Pero tras recabar mayores antecedentes, el mandamás de la institución castrense fue más allá y pasadas las 21 horas de este martes desde la Dirección de Comunicaciones del Ejército informaron que el general había decidido relevar de funciones a otros seis efectivos.

En esta oportunidad, precisaron, se trata de un oficial comandante de sección, de tres suboficiales comandantes de escuadra y de dos suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha. Lo anterior, argumentaron, “en beneficio directo del desarrollo de las investigaciones en curso”.

Iturriaga, por ahora, se mantendrá en la zona, hasta donde también llegó el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, el pasado 2 de mayo.

El comandante en jefe, el lunes, además, se reunió con 30 de los más de 144 soldados trasladados desde Arica a Santiago, quienes finalizaron su proceso de servicio militar.

En cuanto al contacto de la institución con la madre del joven fallecido, el Ejército dispuso de un comandante que actúa como enlace para mantener informada a la familia de cualquier avance en la investigación, así como también de otra novedad en la causa.

Mientras el Ejército intenta controlar la crisis que por primera vez llega directo sobre el general Iturriaga, en el Congreso crece la presión hacia el gobierno y las críticas al Ejército.

Este miércoles la ministra de Defensa, Maya Fernández, fue citada a la comisión de Defensa del Senado para informar de las circunstancias del fallecimiento de Vargas. La sesión fue declarada secreta, pero a la salida, la ministra fue requerida para responder si está en duda la continuidad del general Iturriaga. La respuesta de la ministra fue evasiva: “Queremos que la investigación esclarezca todos los hechos, que no quede ninguna duda y que se apliquen las sanciones correspondientes”,

Luego la titular de Interior, Carolina Tohá, señaló que “si el Presidente quiere hacer evaluaciones al respecto, las hará”.

A esto se suma que en medio de esta tensión, la ministra Fernández se comunicó con el comandante en jefe para empujarlo a dar una declaración pública a la brevedad.

Esto, comentan fuentes de gobierno, al constatar que las versiones que entregaban conscriptos afectados y sus familias contradecían las informaciones que las autoridades castrenses entregaban en comunicados y en comparecencias públicas.

La gota que rebasó el vaso, eso sí, fueron las declaraciones que entregó el director del Cesfam donde inicialmente se llevó a Franco Vargas el día en que falleció. El funcionario aseguró que el joven de 18 años llegó sin signos vitales al lugar, pese a que la comunicación entregada por el general Rodrigo Pino, jefe del Estado Mayor del Ejército, daba cuenta de que había llegado vivo.

Por lo mismo, a eso de las 17 horas del lunes 6 de mayo la ministra Fernández tomó el teléfono y llamó directamente al comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga.

Si bien en el gobierno existe una mala evaluación del manejo de crisis de Iturriaga y se espera que haya una señal de control de mando, no ha estado sobre la mesa la discusión sobre la continuidad del comandante en jefe del Ejército. Y hacen ver que el caso dista del caso Antuco, donde murieron 45 conscriptos durante un ejercicio de montaña en mayo de 2005 en la región del BioBío.

La ministra Fernández ha mantenido informado al Presidente y desde la Secom le han entregado minutas a los parlamentarios con declaraciones de Fernández.

Aun así, desde el PC y el Frente Amplio han arremetido contra el Ejército y comandante en jefe, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Rodrigo Pino.

Ante el caso, por ejemplo, la diputada de RD, Maite Orsini, ofició al Presidente Boric durante este martes para que recibiera en La Moneda a los familiares de Franco Vargas.

“Las descoordinaciones y versiones cruzadas del Ejército son desgarradoras frente a la lamentable muerte del joven conscripto Franco Vargas en Putre y llaman a revisar los protocolos internos de la institución”, planteó la parlamentaria de Revolución Democrática.

Así mismo, el diputado Gonzalo Winter (CS) solicitó la creación de una comisión investigadora, mientras que este martes la senadora Fabiola Campillai y la parlamentaria Lorena Fríes (CS) recibieron en el Congreso a los familiares de Franco Vargas y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) junto al Comité para la Prevención de la Tortura.

Además, si bien la senadora Campillai insistió en la necesidad de contar con la presencia del general Iturriaga en la comisión de Defensa, esto tendrá que esperar. Lo más probable es que Iturriaga se excuse -pues se trata de una invitación y no una citación- y no aparezca por el Senado.

En el Ejército descartan, en privado, la tesis de las torturas, los apremios y la falta de colaboración. Sí, internamente, reconocen un mal manejo en la crisis, y eventualmente en la aplicación de los protocolos, pero de ahí a asumir un grado de responsabilidad que pueda dejar al comandante en jefe entre las cuerdas, lo ven muy lejano.