Los Pandora Papers han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU., para no pagar impuestos. Treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Una situación que preocupa a Julia Yansura, gerente de Programa para América Latina y el Caribe del Global Financial Integrity, un grupo de expertos con sede en Washington centrado en los flujos financieros ilícitos, corrupción, comercio ilícito y blanqueo de capitales. “Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que muchos funcionarios públicos latinoamericanos están escondiendo su riqueza en estructuras financieras complejas y secretas en otros países del mundo”, comenta la especialista en esta entrevista con La Tercera.

A su juicio, ¿cuál es la gravedad de las revelaciones hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los Pandora Papers?

Ha sido una revelación impactante. Los documentos revelan un problema sistémico en la forma en que hacemos negocios, finanzas y política. Los impactos serán profundos y de gran alcance. Cuando las personas leen los Pandora Papers y se indignan, con todo derecho, espero que estén indignadas por las leyes y estructuras que lo permiten, y no solamente por el político que se aprovechó de ellas. Gran parte de la cobertura de este tema se ha centrado en políticos o figuras públicas específicas, lo que, aunque es justo, pierde un punto más importante. Muchas de estas personas han seguido las leyes de los países involucrados. Por lo tanto, es hora de repensar estas leyes viejas e impulsar una mayor transparencia y responsabilidad.

Las estimaciones de los dineros en paraísos fiscales varían entre US$ 5,6 billones y US$ 32 billones. ¿Cuál es la estimación que maneja Global Financial Integrity?

Global Financial Integrity produce estimaciones anuales sobre la facturación fraudulenta, que es un tipo de flujo financiero ilícito utilizado en la evasión fiscal. Al manipular fraudulentamente el precio, la cantidad o la calidad de un bien o servicio en una factura enviada a la aduana, actores con malas intenciones pueden transferir sumas sustanciales de dinero a través de las fronteras internacionales. La facturación fraudulenta es utilizada en una variedad de delitos financieros, incluyendo la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero, para transferir los ingresos de un país a otro. Durante un período de 10 años entre 2008 y 2017, Global Financial Integrity identificó US$ 8,7 billones en facturación fraudulenta entre 135 países en desarrollo y 36 economías avanzadas. En el caso del hemisferio occidental, este monto ascendió a US$ 131 mil millones durante el mismo período de tiempo.

Según el FMI, los paraísos fiscales generan hasta US$ 600 mil millones de impuestos perdidos cada año para los gobiernos de todo el mundo. ¿Cuánto podría ser el impacto para América Latina en este aspecto?

En Latinoamérica, los flujos financieros ilícitos impactan dramáticamente la capacidad de los gobiernos para brindar servicios sociales básicos. Esto ha sido particularmente evidente durante la pandemia de la Covid-19. Como ciudadanos, la capacidad para acceder a atención médica o para obtener vacunas que salvan vidas depende en gran parte de que el gobierno tenga el dinero para proporcionarlas. La corrupción y la evasión fiscal recortan dichos fondos y privan a los ciudadanos de los servicios que merecen. También debemos reconocer que los flujos financieros ilícitos no son solo una cuestión tributaria. La misma opacidad y complejidad que les permite a personas adineradas trasladar sus ganancias a paraísos fiscales también permite a los narcotraficantes trasladar las ganancias ilícitas a través de las fronteras internacionales, y a los políticos corruptos, sustraer dinero de los programas sociales. Todo está interconectado, como lo demuestran los Pandora Papers.

Después de los Panama Papers, en 2016, se suponía que habría un impulso a los esfuerzos por develar los paraísos fiscales. Sin embargo, la efectividad de las medidas implementadas queda en duda tras el caso de los Pandora Papers. ¿Por qué los intentos por establecer transparencia han encontrado tanta oposición? ¿En la región se han tomado medidas en ese sentido?

Hemos visto algunos avances en lo que respecta a la transparencia. Una de las medidas de transparencia más importantes es la de los “beneficiarios finales’', que implica que debemos conocer a las personas reales que son dueños de empresas, fideicomisos y/o otras estructuras y activos corporativos. Esto es importante porque de esta forma sabríamos quién es propietario y quién se beneficia de este tipo de empresas o fideicomisos, y no tendríamos que esperar a una filtración importante como Pandora Papers para saber la verdad. En el hemisferio occidental hemos visto países como Colombia, Panamá y Estados Unidos aprobar leyes sobre beneficiarios finales. También hemos visto que países como México y Chile se han comprometido con la transparencia de los beneficiarios finales. Sin embargo, debemos pasar de la legislación y compromisos a la implementación real. Desafortunadamente, muchas de las personas que se están beneficiando del sistema actual también cuentan con poder político y, en ese sentido, es poco probable que apoyen las medidas de transparencia porque éstas no se encuentran alineadas a sus intereses personales. Los ciudadanos, los grupos de la sociedad civil y los grupos de periodistas como el ICIJ tendremos que esforzarnos el doble para avanzar.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos, y que otros 21 que ya han dejado el poder también ocultaron propiedades e ingresos. ¿Qué tan grave considera esta situación, en especial en lo que respecta a mandatarios de América Latina, una región afectada por dramáticas desigualdades económicas y sociales?

Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que muchos funcionarios públicos latinoamericanos están escondiendo su riqueza en estructuras financieras complejas y secretas en otros países del mundo. Hay dos preguntas clave que los ciudadanos deben hacerse: ¿Es esto legal? Y, posteriormente, ¿debería serlo?

El caso de los Panama Papers significó la caída del bufete de abogados Mossack Fonseca. Ahora, a raíz de los Pandora Papers, el estudio jurídico Alcogal está en el ojo del huracán. Ambos tienen base en Panamá. ¿Por qué cree que ese país sigue protagonizando este tipo de escándalos?

Tengo una lectura diferente respecto de los Pandora Papers. Considero que en realidad muestran el ascenso de Estados Unidos como una de las principales jurisdicciones que aplican el secreto fiscal en el mundo. Los Pandora Papers incluyen más de 200 fideicomisos con sede en Estados Unidos por un valor de más de US$ 1.000 millones, incluidos muchos fideicomisos vinculados a la corrupción y los abusos de los derechos humanos en otros países. Panamá continúa involucrado, pero mucho menos que en el pasado, mientras que ciertos estados de Estados Unidos, como Dakota del Sur, están en aumento. Desafortunadamente, aquellos que tienen algo que ocultar continuarán buscando jurisdicciones que ofrezcan la mayor secrecía y opacidad.