Expectantes al mensaje que el gobierno finalmente ingresó a las 21.00 por la Cámara de Diputados estaban este lunes las bancadas de la centroizquierda. Tanto los legisladores del PS como la DC y el PPD se reunían, por separado, para fijar postura en torno al proyecto alternativo a la reforma despachada por el Congreso -aprobada por amplia mayoría y con votos oficialistas- que permite un tercer retiro de fondos previsionales y que fue anunciado este domingo por el Presidente Sebastián Piñera.

En el sector afirmaban que será clave conocer el texto antes de fijar una estrategia común para enfrentar la tramitación de la iniciativa -que contempla, además, un mecanismo de reintegro a las AFP y un bono de 200 mil para aquellos cotizantes que hayan quedado sin fondos por los desembolsos previos-, sobre todo, a la espera de que este martes el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la admisibilidad del requerimiento con que el Ejecutivo busca impugnar la moción opositora.

Pese a eso, durante la jornada de este lunes, y tras conocerse algunos aspectos técnicos de la iniciativa, en la centroizquierda reconocían que no podrán librarse de tramitar el mensaje del gobierno.

Durante la jornada la oposición insistió en que el Mandatario promulgue la ley ya despachada y manifestó su rechazo transversal en torno a la decisión política de La Moneda. Sin embargo, los presidentes tanto de la Comisión de Trabajo como de Hacienda de la Cámara Baja se mostraron disponibles a citar sesiones en las próximas horas para su revisión.

Si bien los alcances del diseño de la oposición para responder a La Moneda están por verse, sí está claro que el sector no le hará fácil la jugada del gobierno. Y ya advirtió sus diferencias con el mensaje del Mandatario.

“Vamos a tramitarlo, pero le vamos a podar todo lo que podamos”, dice un senador socialista, adelantando que hay aspectos del proyecto del Ejecutivo que se podrían modificar o, derechamente, rechazar.

El punto clave para la oposición será botar el mecanismo de reintegro de las cotizaciones que incluye la iniciativa -aumentando un 2% la tasa de cotización actual, cargando un 1% al empleador y otro 1% al Estado-, lo que en la centroizquierda calificaron como una reforma “de contrabando” al sistema previsional y un golpe en desmedro de las pymes.

“Hay que asumir que siendo que la reforma está aprobada y a la espera del pronunciamiento del TC, también es cierto que va a haber que abrir una puerta de diálogo respecto del proyecto que va a ingresar el gobierno. Porque nos guste o no, vamos a tener que votarlo. Y si eso fuera así, lo que tiene que ver con permitir este tercer retiro y con las ayudas a los pensionados por rentas vitalicias y transferir recursos a quienes no tengan, son temas en los cuales vamos a tener que llegar a un acuerdo”, sostuvo el miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Manuel Monsalve (PS).

Y agregó: “Lo que me parece complejo es entrar a una reforma estructural al sistema de pensiones. Porque aumentar las cotizaciones, a lo que se le nombra reintegro, es cambiar el régimen previsional”.

Su par de la DC, Matías Walker, advirtió que “tampoco podemos amurrarnos si el gobierno no retira el requerimiento y tenemos que esperar el fallo del TC, porque estaríamos cometiendo el mismo error que Piñera. Lo que tenemos que hacer es que cuando ingrese el proyecto del gobierno tenemos que aprobar las cosas buenas (...) y hay que rechazar otras que no nos parecen bien, como el aumento de cotización que perjudica a las pymes”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), manifestó que “apoyamos el bono de 200 mil pesos a quienes se quedaron sin ahorros, pero no nos parece y es contradictorio que esas platas se vayan a las AFP. Ese bono debe transferirse de manera directa a las cuentas de la gente”.

Mientras que su par de Trabajo, Tucapel Jiménez (PPD), remarcó que “los aspectos positivos de este proyecto los podría haber presentado en una ley de discusión inmediata aparte y lo habríamos aprobado igual en el Congreso”.

En el Senado, en tanto, si bien están a la espera de lo que pase en la Cámara Baja, los parlamentarios del sector creen que será en esa corporación donde ocurrirá la negociación más relevante con el Ejecutivo. Esto, dicen las mismas fuentes, dado que la centroizquierda ha logrado articularse y actuar unida en esta materia. De hecho, este lunes los 24 senadores de oposición consensuaron una dura declaración contra la decisión del Mandatario de enviar un proyecto alternativo a estas alturas.

“Las inconsistencias que revela esta conducta política son múltiples y complejas, pero basta poner como ejemplo de ellas que la decisión del Ejecutivo de impulsar un nuevo retiro se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo, un proceso de deliberación que, atendiendo las urgencias de la población, fue emprendido en tiempo récord, y el proyecto resultante, respaldado por el más amplio arco de fuerzas políticas con representación parlamentaria, más de dos tercios del Congreso Nacional”, se lee en el documento.

Declaraciones más o menos, el jefe de comité PS, José Miguel Insulza, resumió así una reflexión que es mayoritaria en el sector en el Senado: “No antepondremos el conflicto con el gobierno a las necesidades de la gente. Puedo asegurar que recibirán su dinero, pero se puede demorar de dos a tres semanas, porque así lo decidió el Presidente”, dijo en Cooperativa.

Mientras que Carlos Montes (PS) advirtió que “el aumento de la cotización es una solución poco reflexionada, acá la forma en que se van a producir soluciones consistentes a esta emergencia y a los sucesivos retiros son a 20 años”.

En esa misma línea, Guido Girardi (PPD) enfatizó que “el proyecto es un salvavidas para la mala industria de las AFP. Hay una protección, un blindaje y hay un gravamen injusto a las pymes y a los pequeños empresarios”, y advirtió que el hecho de recurrir al TC podría “gatillar una explosión social”.

Con todo, en la oposición aseguran que los tiempos en que se tramite la propuesta del gobierno tendrán que acoplarse a los plazos del TC, en caso de que este martes acoja el requerimiento del gobierno a trámite. Los dirigentes del sector aseguran que si el organismo falla en favor del Ejecutivo, la centroizquierda no podrá rechazar la única vía para un tercer retiro ante los “altos costos políticos” que tendría que asumir ad portas de la megaelección del 15 y 16 de mayo. Si la sentencia, en cambio, es desfavorable, se librarán de despachar el texto y será el Mandatario quien se verá obligado a promulgar la reforma opositora. A menos que decida vetarla.

Por eso, la idea es que el proyecto no sea despachado antes del 6 de mayo, fecha en que terminan los primeros 10 días de plazo -en caso de que no hagan uso de la prórroga- que tiene el organismo para tomar una decisión.