Un recorrido por las bancadas opositoras realizó este lunes el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), en medio de la sesión de Sala de la Cámara.

Mientras los legisladores discutían el proyecto que penaliza el porte de combustibles en manifestaciones y se preparaban para iniciar el debate de la ley que endurece medidas por usurpaciones de terrenos, al titular de la Segpres se le vio conversando por separado con algunos diputados de RN, como Diego Schalper y Andrés Longton.

Si bien estas iniciativas contaban inicialmente con el visto bueno de La Moneda, las modificaciones que sufrieron en el trámite legislativo, especialmente en la Comisión de Seguridad de la Cámara, terminaron alterando la disposición del oficialismo y de La Moneda.

En el caso del porte de combustible, la intención del gobierno sólo era aplicar una multa, pero las fuerzas de derecha que, son mayoría en la mencionada comisión, le incluyeron penas de cárcel.

No obstante, al Ejecutivo le preocupaba especialmente la situación de la ley de usurpaciones (tomas ilegales), cuya redacción, impuesta por la derecha en la Comisión de Seguridad, dejó a la iniciativa con un contenido ideológicamente “inaceptable” para la alianza gubernamental.

Incluso, ya había una decisión clara de La Moneda -adelantan fuentes gubernamentales- de recurrir al Tribunal Constitucional o a un veto del Presidente Gabriel Boric para impugnar esta reforma si es que seguía avanzando en los mismos términos que quiere imponer la oposición

“Tenemos una sola posición sobre esto, desde el primer momento dijimos que sí debe haber una ley de usurpaciones, pero no un autotutelaje (...). Es una aberración jurídica, nos va a llevar a un escenario de mayor violencia (...), vamos a crear básicamente la ley de la selva”, dijo este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

La crítica central del Ejecutivo es que la oposición incorporó una disposición de “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” (según describen en el gobierno) sus terrenos ocupados. Esta figura, conjugada con el principio de “flagrancia permanente” (es decir, mientras el predio esté tomado se sigue cometiendo el delito y los propietarios civiles o las policías pueden intervenir en cualquier momento) generaría un escenario de mayor violencia, a juicio de La Moneda.

De hecho, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), planteó hace dos semanas que el texto tal como estaba quedando era “una bomba de inseguridad”.

El problema para el gobierno es que el escenario en la Cámara era completamente adverso, ya que había parlamentarios de sectores no alineados, como la DC, el Partido Demócratas o el Partido de la Gente, que, en esta ocasión, están más cerca de apoyar la postura de la derecha para permitir las recuperaciones de terrenos.

Dado el panorama, el oficialismo apostó por retrasar el debate de la ley de usurpaciones, que figuraba, en segundo lugar de la tabla. Incluso, en el oficialismo adelantaban que existía la posibilidad de retirarle la suma urgencia para devolver el proyecto a la Comisión de Seguridad y pedir un segundo informe.

Al final, al no poder iniciarse el debate este lunes, la norma quedó, en teoría, para el martes o el miércoles.

En el gobierno aseguran que en este margen de tiempo existe la disposición de renegociar el contenido del proyecto, siempre y cuando al menos una parte de la derecha se allane a eliminar la figura de “legítima defensa privilegiada”, que permite a los civiles recuperar terrenos por la fuerza en cualquier momento.

Consultado el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “si el gobierno retira la urgencia, vamos a volver a conversar”.