Un llamado sostuvieron la noche del martes la coordinadora política del comando de Paula Narváez, Nivia Palma, y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

Minutos antes, la candidata presidencial se había enterado de los antecedentes dados a conocer por Ciper Chile en torno al alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre (PS). En un reportaje, el medio daba cuenta de los testimonios de cinco mujeres que denunciaron -algunas mediante querellas ante la fiscalía- acoso y abuso sexual por parte del militante socialista y que postula a la reelección.

Ante la gravedad de las acusaciones que quedaron expuestas, entre los colaboradores de la exvocera se encendieron de inmediato las alarmas. Al ser ella una mujer que se declara y ofrece un gobierno feminista y que hasta diciembre era parte del staff de ONU Mujeres, dicen en su comando, era clave que saliera a enfrentar el tema con una postura clara ante la opinión pública.

Es por eso que a través de Palma se le consultó al timonel del partido sobre la naturaleza de las denuncias que había recibido el partido en contra del jefe comunal de Cerrillos. Según Ciper, el 6 de enero de 2021 se hicieron llegar los antecedentes a la tienda ubicada en París 873. Quienes conocieron del tenor de la conversación entre Palma y Elizalde aseguran que el timonel de la colectividad transmitió lo que luego diría públicamente: que la mesa directiva ya había instruido al Tribunal Supremo del partido que investigara el asunto.

Y esa fue la información que se le entregó a la candidata, quien, según dicen en su comando, se habría “indignado” al conocer las denuncias en contra de Aguirre. Durante la mañana de ayer, Narváez fue consultada por los medios en una actividad en El Bosque sobre el asunto. “Con toda mi fuerza condeno absolutamente cualquier acto de violencia, acoso, abuso sexual contra las mujeres”, dijo enérgica la candidata.

Y agregó: “En esta situación siempre hay que estar del lado de la víctima, siempre hay que creerle a la víctima, siempre hay que poner atención a lo que están planteando y me parece que en esto tienen que actuar las instituciones desde una perspectiva de género para investigar y para juzgar (...). El PS tiene el caso en el TS y tomará las decisiones que correspondan en coherencia con haberse declarado un partido feminista”.

En el entorno de Narváez aseguran que la situación de Aguirre es un tema complejo y que si el PS no lo maneja de forma adecuada puede terminar perjudicando a la carta presidencial.

“Me parecen muy grave las acusaciones que hemos conocido (...), de ser verificadas tiene que aplicarse la mayor sanción; son conductas que no pueden ser aceptadas a ninguna persona y menos a una autoridad”, sostuvo Palma a La Tercera.

De si la denuncia llegó o no el 6 de enero a las oficinas del PS, no hay claridad. En la colectividad aseguran que no estaban al tanto de que se hubiese recepcionado ningún documento o denuncia formal que aludiera al candidato que inscribió a la reelección el partido. Y lo mismo aseguraban esta mañana desde el Tribunal Supremo, presidido por Gustavo Ruz.

En la colectividad sostienen que la mesa directiva se enteró recién ayer de que había habido una presentación formal de una denuncia y que, apenas tuvo conocimiento, envió un oficio al organismo que, según la ley de partidos políticos, debe resolver las sanciones que arriesgan los militantes que cometen algún delito. Esta mañana, en todo caso, el TS aún no recibía el oficio y fue a través de un llamado informal que la mesa le solicitó dar curso a una indagatoria.

En la tienda, sin embargo, distintas fuentes sostienen que la situación de Aguirre era comentada hace semanas en el PS, incluso antes del 11 de enero, cuando se inscribieron las candidaturas a alcalde.

Si bien en los estatutos del PS se señala que el organismo puede iniciar una investigación solo en caso de que sea un militante el que hace la denuncia -lo que no se cumpliría en este caso-, el hecho de que haya sido la mesa la que solicitara la investigación echaría por tierra cualquier opción de que el TS se declare incompetente.

La sanción más alta que puede arriesgar un militante, como ocurrió en el caso del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, es la expulsión. Una vez que el TS zanje el futuro de Aguirre, la colectividad evaluará si sigue o no apoyando su reelección.

Durante la tarde de ayer, mediante una declaración pública, la Vicepresidencia de la Mujer del partido solicitó que los antecedentes sean analizados con la “mayor celeridad y acuciosidad”.