La presencia militar en la Macrozona Sur -jurisdicción compuesta por las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos- es un tema que comenzó a rondar en el gobierno y las Fuerzas Armadas a comienzos de este año. Entre el 21 y 22 de febrero se registraron cuatro atentados en la zona, dejando casas y vehículos de carga siniestrados, lo que motivó a que el Presidente Piñera pidiera una reunión urgente en La Moneda con policías y representantes de las FF.AA.

El 24 de ese mes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, viajaron a la zona, flanqueados por los jefes policiales de Carabineros y la PDI, además de representantes de las FF.AA. Se acordó establecer “patrullajes mixtos”, en el marco del estado de excepción constituyente que permite la pandemia, lo que se prolonga hasta el día de hoy.

Sin embargo, el Ejecutivo evalúa dar un nuevo marco legal a la presencia militar en la zona, tomando en cuenta que el estado de excepción terminará en 48 días más (aunque podría ser renovado). Así lo adelantó a La Tercera el lunes, pues en La Moneda hay una buena evaluación de los patrullajes mixtos y la colaboración de las FF.AA. en la Macrozona Sur, por lo que surgió la idea de elaborar un decreto como el que se usó para mantener la presencia militar en el norte del país.

Se trataría de un decreto “tipo 265″. Este documento les da una atribución legal a las FF.AA., para colaborar en labores de control y fiscalización en la zona norte del país, y es eso lo que se analiza para la Macrozona Sur. Pero el gobierno tiene algunas aprensiones, esto, luego de mantener una serie de conversaciones con representantes de la Contraloría.

Quien aparece como el más reacio a ingresar un decreto de este tipo a la Contraloría es el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. Ello, pues aseguraron fuentes del gobierno, en Teatinos 56 no habría una buena recepción de este documento, en caso de ingresarse.

Según conocedores de las conversaciones entre representantes de Interior y la Contraloría, hay una diferencia sustancial con lo que ocurre en la Macrozona Norte y la Macrozona Sur. En el ente contralor, según transmitieron al gobierno informalmente, en el caso del Plan Frontera Norte existía un riesgo de amenaza externa, al momento de vulnerar los límites territoriales del país para el ingreso de drogas, por ejemplo.

En en el caso de la Macrozona Sur, explicaron, se trataría de una situación netamente de carácter interno, por lo tanto, la función de las FF.AA., para labores de control y fiscalización, estarían al límite de la Constitución. Sin embargo, advirtieron en Contraloría que no pueden negarse a evaluar, ni estudiar nada, pero que, a priori, no sería una buena idea del Ejecutivo ingresar este decreto.

Otra lectura política que hacen en Interior es que no están los tiempos para “tirarse a la piscina sin agua”. Por lo mismo, recuerdan que ya para tomar razón del Decreto 265 del norte, las conversaciones con Contraloría duraron cerca de ocho meses.

En julio de 2019 entró este decreto a Contraloría, sin embargo, esa vez el ente contralor sugirió una serie de modificaciones antes de poder darle curso a la toma de razón. Esa vez, en una entrevista con radio Cooperativa, el contralor Jorge Bermúdez dijo algo que podría marcar el futuro de la idea de un decreto para la Macrozona Sur.

“Tenemos que ver si esas facultades, esas funciones que van a desempeñar las Fuerzas Armadas están o no amparadas por nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la tarea que tenemos que cumplir en este rol de control que estamos realizando (...). El decreto usa una expresión que se denomina ‘colaboración’. Esa es una expresión que habitualmente no se utiliza en una disposición, entonces era necesario de aclarar qué significa colaborar. Y en segundo lugar, el ejercicio de ciertas facultades en un área que para nuestro país es sensible”, dijo Bermúdez esa vez.

Finalmente, fue en febrero del 2020 que fue autorizada esta prerrogativa.