El 23 de diciembre de 2022 la Contraloría Regional de O’Higgins emitió el informe final de una auditoría que comenzó a dinamitar la gestión del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz. Y es que en medio de dichas revisiones -donde se analizaron los recursos públicos asociados a la contratación de personal y a la adquisición de bienes y servicios en la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua- los investigadores detectaron una serie de irregularidades que sirvieron como insumo para que el fiscal de Alta Complejidad de la región, Nicolás Núñez, abriera una causa en contra del jefe comunal por eventual delito de corrupción.

Se advirtieron, como revela el documento de 207 páginas del ente contralor, pagos por servicios no ejecutados, pagos en exceso, multas no aplicadas, tratos directos y adjudicación de licitaciones que no se apegaban a la norma.

Por lo mismo, tras recibir los antecedentes, el persecutor instruyó una serie de diligencias a un equipo especializado en corrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) y solicitó autorización al Juzgado de Garantía de Rancagua para realizar allanamientos en 10 domicilios, los cuales se concretaron la jornada de este jueves 2 de marzo. Así, de manera simultánea, más de 40 efectivos y peritos que viajaron especialmente para las diligencias se desplegaron en Rancagua y Machalí.

A las 7.20 horas, como dan cuenta fuentes del caso, los detectives y Núñez golpearon la puerta de la casa de Godoy, quien, según los presentes, se mostró tranquilo y se limitó a preguntar sobre el objetivo de la diligencia. Se le incautaron celulares, computadores y $ 5.800.000 que tenía en efectivo, en billetes de 20 mil pesos.

Lo mismo se repitió en su oficina en la municipalidad, donde al interior de un cajón que permanecía con llave los peritos encontraron más dinero en efectivo. Esta vez, $ 1.200.000. Además, se levantaron correos electrónicos y algunos documentos.

Igualmente, la policía llegó hasta dependencias de la Corporación Municipal, y a los domicilios de Javier Ignacio Cornejo (empresario), de Goretty Puebla (a quien Cornejo le traspasó una empresa) y de los hermanos Daniel y Elvis Salazar, asesor del alcalde y empresario, respectivamente.

Todos, incluido Godoy Muñoz, aparecen como imputados por presuntos delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible, como detalló el fiscal Núñez. “Los antecedentes que maneja el Ministerio Público son principalmente los denunciados por la Contraloría (...). El alcalde tiene calidad de imputado y se están realizando diligencias en su contra”, comentó tras participar de los procedimientos.

En el mismo sentido, el subprefecto Jorge Zapata, de Anticorrupción y Delitos Funcionarios de O’ Higgins, sostuvo que “se buscaba levantar evidencia, incautación de documentación y equipos electrónicos, información y antecedentes relacionados con la causa que lidera el Ministerio Público”.

De acuerdo con fuentes de la indagación, se debe aclarar si los aludidos se concertaron a la hora de que la municipalidad contratara ciertos servicios con el objetivo de obtener réditos económicos.

Como se advierte de la revisión de la auditoría realizada por Contraloría, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 se efectuaron contratos directos sin ser acreditados, por montos que suman $ 316.815.882, además de tratos directos sin cotización previa por $ 2.011.387.011.

Igualmente, los investigadores dieron cuenta de que se suscribieron varios de esos contratos con empresas de Javier Ignacio Cornejo, a quien el alcalde Godoy conoce desde la infancia. Crecieron a solo un par de cuadras y luego se reencontraron en la iglesia a la que asistían. Las esposas de ambos, además, son muy amigas, como se advierte en publicaciones en redes sociales.

Se menciona en el informe, además, que se detectaron pagos por $ 10.875.543 por servicios de pintura que no se ejecutaron, pagos en exceso por $ 29.817.173 en otros servicios de pintura, y que no se aplicaron las multas por más de $ 71 millones por dos proyectos de mejoramiento de infraestructura de establecimientos educacionales.

Los funcionarios comprobaron, asimismo, que a seis trabajadoras, entre enero de 2020 y julio de 2021, se les pagó por horas extraordinarias un total de $ 45.298.317, sin que se encontraran acreditadas.

Conocidas las imputaciones que pesan en su contra, el jefe comunal salió a entregar su versión de los hechos y negó cualquier tipo de irregularidad. “No hay ningún acto de corrupción y, en definitiva, de lo que se está investigando, yo soy el más interesado en que se esclarezca y que se llegue a un resultado de la investigación”, comentó Godoy.

Según comentó, tiene la “absoluta tranquilidad” de no haber incurrido en ilícitos, pues, como agregó, él fue quien pidió análisis. “El informe de la Contraloría lo solicité en estos temas para tener claridad si efectivamente hubo una falencia administrativa. Yo sí creo que hubo errores administrativos, solo errores. Lo que establece Contraloría es que hay errores administrativos, procedimientos administrativos para corregir y subsanar”, apuntó.

Pese a sus planteamientos y dados los hechos que ya constató el organismo liderado por Jorge Bermúdez, el Partido Socialista informó que ya en enero suspendió la militancia del alcalde.

“El Tribunal Supremo del PS, el 11 de enero pasado adoptó como medida precautoria la suspensión de la militancia del alcalde de Rancagua, José Ramón Godoy, tras conocerse el informe de Contraloría y posterior investigación del Ministerio Público que lo afectan”, señalaron desde la tienda dirigida por Paulina Vodanovic.