“Después del 7 de mayo esto se viene bueno”. La frase se repite una y otra vez en los pasillos del Congreso en Santiago, la sede en la cual funciona la Comisión Experta, el órgano de 24 comisionados encargados de redactar el anteproyecto de nueva Constitución que luego será entregado al Consejo Constitucional.

Ese es el ánimo que reina durante estos días entre los expertos, quienes, por el momento, están discutiendo las enmiendas en cada subcomisión. El debate va a durar toda la otra semana, ya que, antes del 12 de mayo, se tienen que votar las indicaciones para que luego todo pase a discutirse al pleno.

Por lo mismo, los expertos están aprovechando estos días para ordenar las enmiendas, priorizarlas y preparar la estrategia para la discusión y posteriormente la negociación. En el oficialismo esta conversación ya está instalada. A pesar de que los 12 expertos no se han reunido como bancada, sí ha habido conversaciones entre ellos para ir delineando las prioridades.

Gran parte de ese trabajo ocurrió hace unas semanas, cuando el día anterior a que cerrara el plazo para ingresar las enmiendas, el oficialismo se reunió un domingo en el Congreso para trabajar en ellas. Lo hicieron con equipo completo y asesores incluidos. Esa vez se fueron pasadas las seis de la mañana del lunes.

En ese trabajo colaborativo, comentan fuentes del sector, fue quedando claro cuáles eran sus líneas rojas o intransables para las enmiendas. Las más clara, y que concentrará la mayor de las energías, será la consagración del Estado social. Para los expertos oficialistas esta es la gran batalla que justifica estar embarcados en este nuevo proceso constitucional y en este tema son categóricos. “Iremos por un Estado social de verdad, como el de experiencias comparadas, no un invento chileno”, dice en privado un experto oficialista.

El comisionado Alexis Cortés (PC) ha dicho reiteradas veces que eso se debe traducir en “un Estado social robusto”. Para que eso sea así, comentan en el sector, otro punto intransable es que no quede constitucionalizado “ningún modelo preestablecido de sistema de prestación de derechos sociales”.

Eso apunta a la álgida discusión que se está dando en el derecho a la salud y el inciso de una norma -ya aprobada en general y de manera unánime- que establece la libertad de elección entre un régimen privado y estatal. Ese inciso, en palabras del comisionado Flavio Quezada (PS), es “peligroso”, ya que, a su juicio, “constitucionaliza el modelo de las isapres”.

El comisionado Domingo Lovera (RD) lo explica así: “Las constituciones no son espacios para tomar decisiones de política pública, sino que herramientas que deben dejar abiertas las puertas para que, dentro de cierto marco, puedan detallar la forma precisa en que ella se va a implementar. Por eso, establecer formas que declaran de antemano la inconstitucionalidad de alguna propuesta de política pública solo disminuye el abanico de soluciones posibles, lo que, y esto es lo preocupante, solo termina afectando a las personas”.

Para Lovera lo fundamental es “ofrecer una estructura constitucional que, dejando las puertas abiertas a la política, pueda favorecer políticas públicas que permitan cubrir un nivel adecuado de vida para todos y todas”.

Por eso el oficialismo tratará de que, con sus enmiendas, el asunto pueda quedar abierto para que sea el legislador el que establezca el modelo a seguir en materia de administración de la cotización obligatoria de salud.

Dentro de esa misma línea roja, entre los expertos del sector quieren que el Estado social esté acompañado de un principio de solidaridad “fuerte”. Aquí hay una diferencia con la oposición. Esa bancada ha dicho que no quiere que la solidaridad se financie con los aportes individuales de las personas -ya sea en salud o previsión-, sino que siempre sea con cargo a los impuestos generales del Estado.

Pese a que a cierto sector del oficialismo le gustaría tener un catálogo de derecho más extenso, el piso mínimo, dicen fuentes del sector, es dejar bien regulada la salud, educación, seguridad social y vivienda.

Otro de los intransables es la paridad. En esto el oficialismo ha sido muy claro: quieren una norma que asegure la representación paritaria en el Congreso y otros órganos colegiados. En esto la bancada cree que logrará convencer a la derecha. La oposición ha presentado enmiendas en esta línea, pero son más “blandas”, ya que se trata de un principio que en vez de “garantizar” integraciones paritarias solo “promueve” la participación paritaria entre hombres y mujeres.

Además, insistirán en tener “un capítulo de medioambiente decente”. En las normas ya aprobadas en general ese acápite solo tiene tres artículos. Para el oficialismo es prioritario dejar bien regulado este tema para “tener una Constitución de vanguardia que se haga cargo del cambio climático”. El comisionado Cortés lo ha dicho de la siguiente manera: “El mundo está en grave peligro y tenemos que redactar como si no hubiera mañana, porque es eso lo que está en juego”.

Finalmente, comentan expertos oficialistas, se la van a jugar por mantener la eliminación del control preventivo sustantivo y mejorar la regulación del reconocimiento constitucional de los tratados internacionales y los temas laborales. Para esto último, transmiten, pretenden lograr que el derecho a la huelga no solo quede circunscrito a la negociación colectiva, sino que vaya en línea “con lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema”.