En este resumen se muestran las principales medidas que se plantearon para sectores como minería, energía, trabajo, crecimiento de largo plazo y nuevas tecnologías, entre otras.

Y tal como lo ha señalado el propio gobierno, este trabajo servirá de insumo para lo que será la agenda de productividad que preparan los ministerios de Hacienda y de Economía, la que se presentará durante el segundo semestre de este año y que tiene como objetivo ayudar a que esta vuelva a crecer a una tasa promedio de 1,5% por año.

Entre las principales recomendaciones está el ampliar la utilización de mecanismos de traspaso de costos a los usuarios en formato de colaboradores externos y costeo directo de trámites. Explican que “muchos servicios públicos podrían lograr una mayor eficiencia en la fiscalización y tramitación de permisos recurriendo a especialistas externos. El modelo de costeo directo de trámites por parte del solicitante se utiliza en el contexto internacional exitosamente, con el objetivo de promover la eficiencia de los servicios, incrementando la transparencia y la equidad”.

También se propone incorporar trazabilidad y estandarizar criterios en la tramitación de los permisos. “Mediante un instructivo presidencial, incorporar trazabilidad en la tramitación de los permisos, para lo cual los servicios públicos respectivos deberán mapear sus procesos, identificando rutas críticas y espacios de mejora, así como los recursos requeridos para realizar dicha labor. A partir de lo anterior, transformar los plazos reales de tramitación en un indicador monitoreable”.

De la misma forma, mencionan que se deben unificar los criterios que utilizarán los servicios regionales para el otorgamiento de aquellos permisos que cuenten con grados relevantes de discrecionalidad por parte de quien los otorga.

Otra recomendación es modificar la estructura de la Resolución de Calificación Ambiental para facilitar los procesos de evaluación. Concretamente modificar el Reglamento Sistema Evaluación Impacto Ambiental (RSEIA), para incorporar en los requerimientos obligatorios de una RCA la jerarquización de componentes ambientales, para facilitar los procesos de evaluación. Para ello, se deberá establecer un capítulo que resuma y clasifique los compromisos ambientales según su naturaleza, definiendo, al menos, categorías que representen aquellos considerados esenciales, relevantes o secundarios, los que deberán ser fiscalizados, y eventualmente sancionados, de manera diferenciada.

Otro punto es restringir el condicionamiento de permisos sectoriales y/o municipales a la presentación de una Consulta de Pertinencia.

En esta área proponen una mayor planificación, priorización y formulación de obras de infraestructura pública.

También plantean el crear vía decreto la Comisión de Infraestructura, al alero del Ministerio de Hacienda, cuyo propósito es asesorar a la Presidencia de la República en el desarrollo de infraestructura pública que mejore el bienestar de la población.

Lo otro es modificar el artículo 102 del Reglamento de Concesiones, incorporando mayor detalle en los criterios que determinan el interés público de un proyecto, con especial énfasis en los conceptos de rentabilidad social y costo-eficiencia, y satisfacción de una necesidad pública.

Garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado que se utilizan para la gestión de proyectos de inversión pública. Esta interoperabilidad puede estar a cargo de la división de gobierno digital de la Segpres y debe integrar al menos a BIP, SIGFE, Mercado Público, Chile Indica y plataformas de gestión de proyectos MOP.

Mandatar, vía instructivo, a las unidades encargadas de liderar proyectos, para que identifiquen y listen en las bases de licitación y en los anexos complementarios si aplica, la totalidad de los documentos necesarios para la elaboración adecuada de las ofertas.

Modificar reglamentos relacionados con atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias de las superintendencias respectivas, para especificar que estas pueden ejercer dichas funciones, cuando se producen cambios de servicios que afectan o ponen en riesgo la calidad, continuidad, regularidad y seguridad de los servicios.

Para la minería la Comisión propone establecer una Oficina de Grandes Proyectos con la función de reducir los plazos de aprobación o rechazo de proyectos, mediante una mayor eficiencia y coordinación entre las diversas agencias públicas, nacionales y regionales que participan en el proceso. La oficina debe ser institucionalizada y dotada de mecanismos de acción similares a los de mejores prácticas internacionales, incluyendo criterios de transparencia.

Asimismo, recomiendan que, a través de la Comisión Chilena del Cobre u otra agencia que el gobierno estime conveniente, producir indicadores y estudios periódicos de productividad del sector minero similares a los de este capítulo, tal que complementen los estudios periódicos de competitividad que la Comisión Chilena del Cobre ya viene haciendo.

También plantean la necesidad de establecer la obligatoriedad de informar a la Dirección General de Aguas un hallazgo de aguas del minero, pero evitar generar un permiso de aprovechamiento en torno a ellas.

Promover un mayor uso de infraestructura compartida en temas hídricos (desalinizadoras, tuberías, entre otros), sea a través de las empresas mineras coordinándose entre sí, sea a través de un tercero que construya la infraestructura y asuma los costos de coordinación, u otra alternativa factible, como podría ser un sistema de interconexión hídrico.

Establecer una hoja de ruta clara de los permisos y tiempos requeridos para la aprobación de proyectos de plantas desalinizadoras.

A través del Ministerio de Minería, favorecer y fomentar modelos de diálogo permanente para grandes proyectos entre empresas y comunidades mediante la elaboración de una guía de estándares de participación para grandes proyectos mineros de manera análoga a lo realizado por el Ministerio de Energía para proyectos energéticos.

Por último, recomiendan avanzar en la implementación de las 25 medidas de la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con el objetivo de disponer de la mejor evaluación ambiental posible facilitando un mejor diálogo entre las empresas y las comunidades.

-Economía y Plataformas Digitales

Para este subsector proponen evaluar y gestionar de manera prioritaria la carencia de infraestructura digital en las dos primeras capas que exacerba la brecha digital, por ejemplo, a través de incentivos a la inversión en infraestructura en redes fijas a los operadores u otra asociación público-privada. Junto a ello, renovar las redes troncales existentes de fibra óptica, de modo de garantizar la continuidad operacional, mejorar la calidad y la interoperabilidad de las redes de agregación.

Asimismo, desarrollar una nueva institucionalidad con las atribuciones para hacerse cargo del ecosistema digital, lo que incluye: coordinación y sinergia a nivel de la primera capa de infraestructura pasiva; fomento, coordinación, diseño y fiscalización de la segunda capa de infraestructura activa, y regulación de la tercera capa de servicios. Las funciones de fomento y fiscalización debiesen estar en distintos organismos.

-Plataformas de Transporte

En cuanto al transporte, se recomienda potenciar el uso de las nuevas tecnologías y el servicio de plataformas reconociendo en la legislación su importancia para aumentar el bienestar, la eficiencia y recolectar datos para el diseño de políticas de movilidad. Asimismo, mandatar el uso de las nuevas tecnologías y de plataformas en taxis tradicionales y colectivos. Por ejemplo, incorporando el uso del taxímetro interconectado y dispositivos de georreferenciación. Permitir a los conductores de plataformas de vehículos de alquiler (taxis u otros vehículos) operar sin restricción de horario, sin limitación en medios de pagos, y con tarifas libres.

-Plataformas de Alojamiento

Crear la categoría de “Alojamiento Turístico Civil” para identificar los arriendos realizados por personas naturales, en donde cada arriendo sea por un plazo menor a tres meses, para fines que incluyen los turísticos y sin la prestación de servicios complementarios al alojamiento.

Definir con base en criterios objetivos y verificables los servicios complementarios al alojamiento que diferencian la prestación del servicio de alojamiento turístico comercial del alojamiento turístico civil.

Aquí se plantea que el Ministerio de Economía deberá desarrollar guías de tramitación para las principales categorías de emprendimientos desarrollados por las empresas de menor tamaño, enfocándose particularmente en los permisos señalados en regulaciones sectoriales.

También debe desarrollar actividades de coordinación que propendan a la armonización de la clasificación de actividades económicas del SII con la normativa sanitaria y de las municipalidades.

Otro punto que se señala es que la División de Municipalidades de Subsecretaria de Desarrollo Regional, en el marco de sus atribuciones, debería coordinar junto con las municipalidades un formato único de presentación de información sobre patentes municipales, para análisis y seguimiento de las políticas públicas de fomento para las microempresas y pymes. Estas están orientadas a facilitar el conocimiento, la tramitación y la obtención de dichos permisos a los futuros emprendedores.

También proponen modificar el artículo 83 del Código Sanitario, convirtiendo el Informe Sanitario en un permiso limitado a actividades industriales, indicando con precisión cuales son los elementos que protege (salud de los trabajadores), los requisitos para acreditarlo y su plazo de otorgamiento.

Y mencionan que la municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez acreditado el cumplimiento de las normas de emplazamiento, urbanísticas y sanitarias aplicables, sin perjuicio de las autorizaciones contempladas en otras normativas. Para ello, la municipalidad debe revisar: emplazamiento, cumplimiento de permisos sanitarios (según listado contenido en norma general dictada por la autoridad sanitaria).

En esta área proponen generar herramientas de verificación de identidad que sirvan a esta y otras industrias mediante la creación de un sistema de Identidad Digital. Se recomienda aprovechar la infraestructura desarrollada con la Cédula de Identidad y SRCel, por medio de la expansión de ClaveÚnica en el sector privado. Se sugiere también una implementación progresiva por industrias donde, con base en la experiencia exitosa de Estonia, el sector financiero debiera ser priorizado.

También se plantea modernizar la regulación de la Firma Electrónica Avanzada (FEA), adaptando la regulación a los avances tecnológicos, con el objetivo principal de masificar su uso, reforzar su marco legal y fortalecer el sistema de confianza de la FEA y el principio de neutralidad tecnológica.

Además recomiendan una digitalización de procesos en el ámbito de notarías y CBR, mediante el avance del mensaje que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, asegurándose que se adapte a la inclusión de Identidad Digital como método de autenticación y a la Firma Electrónica Avanzada para la suscripción de documentos.

“Facilitar la medición del impacto de la tecnologización de los productos y servicios financieros en la inclusión financiera, que permita cuantificar su efecto en la productividad, bienestar social y estabilidad país, mediante medidas de uso y calidad estandarizadas a las instituciones supervisadas”, sostienen.

Por último, “fomentar el uso responsable e informado de los productos y servicios financieros en la población mediante la actualización de la Estrategia Nacional de Educación Financiera con la finalidad de acercar a Chile a estándares OCDE en la materia. Y fomentar y supervisar a las Fintech, mediante modificación normativa. En específico, a las que se desempeñan como iniciadores de pago, plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, enrutadores de órdenes e intermediarios de instrumentos financieros, custodios de instrumentos financieros, asesores”.

Para incentivar el trabajo de las mujeres, se propone reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo por un sistema que financie o provea salas cuna de calidad, gratuitas para todos los hijos de hogares uniparentales o de parejas en que ambos trabajen o estudien, independiente del tamaño de la empresa o del número de mujeres que trabajen en ella. Asimismo, debe adecuarse la oferta pública de salas cuna y jardines infantiles para ser compatibles con los horarios de padres trabajadores.

También recomiendan promover la modalidad de teletrabajo, aclarando los aspectos de la ley que hoy día limitan su aplicación de manera coherente a las características de este tipo de empleo, negociar acuerdos colectivos para la conciliación del trabajo con responsabilidades familiares y evolucionar para la posibilidad de negociación individual.

Junto a ello, plantean extender el derecho de asignación profesional a los funcionarios profesionales del sector público, independiente de si la jornada de trabajo es completa o parcial.

Por otro lado, incentivar la capacitación de mujeres en ocupaciones no tradicionales para ellas, a través de campañas y políticas afirmativas, y mejorar el vínculo entre los programas de capacitación y las demandas futuras del mercado laboral y estimular la inserción de más mujeres en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)

Otra idea es el promover un programa de colaboración público-privado, por ejemplo, en la línea del “Sello Iguala”, con el objetivo de que las empresas listadas en bolsa celebren un acuerdo voluntario en donde se comprometan a establecer una meta mínima de 16% de mujeres en directorios o equipos gerenciales.

Entre las recomendaciones en esta área está la integración de los actuales subsistemas de formación reglada en sus niveles medio y superior de capacitación y certificación de competencias, de forma tal de asegurar el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. Asimismo, generar un Marco Nacional de Cualificaciones que posibilite el reconocimiento de las competencias y habilidades necesarias para desarrollar trayectorias formativas-laborales exitosas.

También sugieren la definición de una estructura de títulos y grados que mida las competencias y habilidades de los estudiantes basados en evidencia: ya sea por los aprendizajes obtenidos en centros formativos o la experiencia laboral adquirida a lo largo de la vida de las personas. Otra medida es crear una nueva arquitectura institucional específica a la formación técnica profesional que coordine los distintos actores del sistema. Y la creación de un Consejo de Formación Técnica Profesional (FTP) autónomo, conformado por representantes del sector productivo y personas con experiencia en el ámbito de la FTP, con dedicación exclusiva.

También proponen definir la composición de la oferta de cursos de capacitación y formación continua que será provista por los instrumentos que el Estado disponga para tales fines.

Ahora, para quienes están en la fuerza de trabajo, se propone reenfocar el trabajo del Sence y del sistema de certificación de competencias laborales. Así, ofrecer cursos online de alfabetismo funcional y digital, en particular a cesantes beneficiarios del Seguro de Cesantía. Esto, en el contexto del elevado grado de analfabetismo funcional y digital de los que están en la fuerza de trabajo.

Para los que están por ingresar a la fuerza de trabajo, la meta que se proponen es que nadie ingrese al mercado laboral sin haber adquirido las competencias equivalentes a las de un técnico superior o con la posibilidad de adquirirlas mientras se está en el mercado laboral (por ejemplo, aprendices).

9) Análisis técnico de una reducción legal de la jornada laboral

La comisión analizó también los impactos de una reducción de la jornada laboral y entregó ideas para una buena implementación. En ese contexto, mencionaron que algunos países (especialmente en Europa) han buscado acelerar la reducción de la jornada laboral por la vía legal. Estas experiencias son muy ilustrativas para nuestro país. En los casos estudiados, se implementaron las políticas en un período de expansión económica. Adicionalmente, se diseñó una política que explícitamente buscaba reducir algunos impactos negativos esperados, asociados al mayor costo laboral que implica una reforma de reducción de jornada. En esos países se realizó considerando las siguientes materias:

-Se anunció la medida con años de anticipación, permitiendo primero un proceso voluntario de reducción de la jornada pactada entre empresas y trabajadores.

-Se entregaron plazos de transición que diferenciaron según el tamaño de las empresas y el impacto esperado de la medida.

-Se promovió la flexibilidad laboral para elevar la productividad y compensar los mayores costos laborales.

-Se calculó la jornada acortada sobre un período de referencia mayor a una semana, para permitir estos ajustes (cuatro meses en el caso de Portugal y un año en el caso de Francia).

-Se permitió la reducción del sobrecosto asociado a las horas extraordinarias.

-Se entregaron subsidios a las empresas durante el período de transición. En resumen, se diseña la medida buscando minimizar sus impactos negativos.

Asimismo, para estimar los posibles efectos de una reducción de jornada por la vía legal, se hizo un análisis del impacto de la reducción de la jornada laboral legal de 48 a 45 horas en Chile, anunciada en 2001 e implementada en 2005. Se encontraron efectos diferenciados según la jornada laboral de la persona bajo análisis. Así, aquellos que trabajaban más de 45 horas a la semana tuvieron un impacto negativo en el empleo y los salarios, mientras que quienes trabajaban menos de 45 horas tuvieron un impacto positivo sobre el empleo.

En materia de salud, con el objetivo de dar continuidad las 9 horas institucionales del pabellón, se recomienda al director de hospital autogestionado establecer dos turnos de enfermería y de TENS en pabellón. Junto a ello, con el objetivo de dar continuidad 12 horas al pabellón, se plantea establecer tres turnos de enfermería y de TENS en pabellón. Además, se recomienda un cambio legal en el DFL 1 del Ministerio de Salud para la entrega de asignaciones. Una primera asignación será equivalente hasta el 15% del sueldo bruto.

Se recomienda al director del establecimiento autogestionado entregar una asignación de 10% respecto al sueldo bruto, para destacar la labor en pabellón del equipo médico (quirúrgico y de anestesia) durante el segundo o tercer turno rotativo. Dicha asignación, permitida en el marco de la Ley 19.664 (artículo 28 b en relación con el artículo 35), se otorga por las horas de la jornada semanal que los médicos desempeñan en actividades, lugares o condiciones especiales de trabajo que se requieran incentivar.

Con el objetivo de aumentar la oferta quirúrgica y de anestesia, se recomienda al director del hospital autogestionado adecuar la programación de la jornada de los médicos adscritos al artículo 44 y médicos PAO de especialidad quirúrgica y de anestesia, para hacer un mayor uso de sus horas en pabellón durante el segundo y tercer turno del horario institucional. Y para premiar la buena gestión en pabellón y promover la mejora continua de la práctica quirúrgica, se recomienda al director del hospital autogestionado vincular el buen desempeño de los servicios quirúrgicos respecto al uso de sus bloques con la entrega de beneficios colectivos.

También se plantea cerrar la brecha de remuneraciones existente entre los profesionales médicos y no médicos asociado a similares altos cargos públicos.