“Se cita a conferencia de prensa en el Tribunal Constitucional”. Era el 2 de marzo de 2020 y el mensaje se replicó a todos los medios de comunicación que cubren las actividades del organismo. De forma inédita, la presidenta María Luisa Brahm anunciaba que se había abierto un sumario tras detectarse presuntas irregularidades en la Dirección de Administración y Finanzas. La comunicación fue escueta, no se entregaron más detalles, salvo que quien lideraría esta indagatoria administrativa sería el ministro Gonzalo García. A poco andar trascendió que el plazo impuesto para aclarar todo sería de un mes, prorrogable por otro. Sin embargo, pasaron once meses y este capítulo se cierra sin sanciones y con el exjefe de esa repartición, el ingeniero comercial Julio Ortiz, presentando su renuncia y acusando “acoso laboral”.

Quienes conocen al ahora exjefe de Finanzas, quien trabajó por más de una década en el TC, no dudan de su probidad y aseguran que fue víctima de fuego cruzado. Los ministros que apoyaron a Ortiz durante estos meses relatan que el acto comunicacional de Brahm buscaba sembrar un manto de dudas sobre el manejo de dineros de su antecesor, el ministro Iván Aróstica, con quien tuvo y sigue manteniendo hasta el día de hoy una pública disputa. “Y la víctima de todo esto es Julio”, dice uno de los 10 jueces que componen el TC.

El sumario estuvo suspendido muchos meses por la pandemia del Covid-19 y, luego, por sucesivas licencias que presentó Ortiz, explican conocedores de la indagatoria interna, quienes apuntan a que en total habría estado 150 días fuera. En contraposición, en su carta de renuncia, Ortiz acusa no haber tenido un debido proceso, no haber podido acceder a piezas del expediente y apunta a una serie de irregularidades. “Motiva mi alejamiento de esta institución un conjunto de situaciones que se traducen en el detrimento de mi función, en la afectación de mis derechos como persona y como servidor público, siendo objeto de prácticas de acoso laboral para lo cual no estoy disponible”, dice. En la misma misiva expone que a poco andar, Gonzalo García renunció a ser el sumariante y que “a casi un año del inicio de este proceso, informado con publicidad en prensa y redes sociales, continúa en tela de juicio mi desempeño en el cargo, investigación que se tradujo en investigar a mi persona sin previamente acreditar cuáles son los hechos constitutivos de eventuales faltas o irregularidades”.

En efecto, por motivos personales, García no pudo continuar con el sumario y el 12 de enero se designó al ministro Miguel Ángel Fernández, quien decidió sobreseer debido a que “los hechos que constan en las resoluciones y que han sido materia de esta investigación no son constitutivos de faltas a los deberes o prohibiciones funcionarias”. El 29 de enero el juez dio por terminada la indagatoria, desestimando la denuncia que hace 11 meses hizo Brahm.

Desde el entorno de Brahm destacan que durante estos meses se hicieron cambios profundos en esa dirección de finanzas, que maneja un presupuesto de $ 5.600 millones anuales. Se redefinieron roles de funcionarios, se está cumpliendo con la transparencia activa en tema de adquisiciones, contrataciones y remuneraciones, por lo que estaría bien evaluado lo que se determinó en esa instancia cuando ella asumió la presidencia.

Uno de los opositores a Brahm comenta que la acción de la presidenta del TC llevó a enlodar la imagen de un funcionario, que hoy perfectamente podría presentar una demanda. Añade que el mismo fin tendrá la causa que hoy instruye el Ministerio Público. Esto último, en base a la investigación que dirige la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, quien ha interrogado a una serie de funcionarios a propósito de la causa por presunta corrupción al interior del organismo, luego que se sostuviera por parte de querellantes que exmilitares y otros intervinientes iban al TC a ganar tiempo para sus juicios, logrando la paralización de sus procesos. Una situación que levantó la presidenta Brahm en una entrevista en abril del año pasado, cuando sostuvo: “Antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”.

Con la salida de Ortiz se cierra el capítulo de supuestos líos de dinero en el TC, pero se abrió otro y que podría ser “la vuelta de mano” a la denuncia de Brahm. Esto, debido a que hace algunos plenos se expuso que Víctor Guerrero, el funcionario que subrogó en la Dirección de Administración y Finanzas, y que estaría tras la denuncia de supuestas irregularidades -según comentan tres ministros del TC- fue acusado por la secretaria del organismo de estar autoasignándose dineros. La situación fue analizada por los jueces y se determinó la apertura de un sumario, debido a que dicho pago de “bono de reemplazo” debía ser acordado por todos los ministros del TC y no sólo por el Comité de Régimen Interno que estaba compuesto por Brahm, Fernández y la ministra Pía Silva. Desde el entorno de la presidenta sostienen que no hay irregularidad alguna y que todo se subsanó apenas se detectó.

Esta nueva indagatoria toca a uno de quienes sería funcionarios de confianza de la actual presidenta y se pone en entredicho lo que ella cuestionó en marzo del año pasado al abrir de oficio un sumario en el corazón de los dineros del TC, dicen en “la oposición” de Brahm.