Fue en mayo cuando la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, convocó una mesa técnica de retiro programado, instancia compuesta por seis especialistas que tenía como objetivo proponer mejoras a esta modalidad de pensión.

La creación de esta comisión técnica ocurrió en medio de un intercambio de columnas de opinión, donde el matemático Patricio Basso, asesor de la senadora DC Ximena Rincón en temas previsionales, sugirió modificaciones, y Cox respondió con la creación de la mesa, en la que si bien la líder del gremio de las administradoras no participó, fue la articuladora.

Este miércoles se dieron a conocer los resultados de la instancia técnica, pero uno de los integrantes decidió restarse y no incluir su firma en el documento. Se trata precisamente de Basso, mientras que el resto de los integrantes que sí suscribieron el informe fueron Ann Katharine Clark, Cecilia Cifuentes, Andrea Tokman, Gonzalo Edwards y Roberto Fuentes.

El informe final comenta que uno de los juicios que tenía Basso sobre el retiro programado, era que en esta modalidad la pensión decrecía a medida que la persona envejecía, cuestión que en su opinión no es razonable. La mesa técnica coincidió en este diagnóstico y concluyó que una opción para impedirlo es que cada persona reciba el dinero que ahorró durante su vida hasta cierta edad, y que después sea el Estado el que se haga cargo de pagar la pensión si las personas viven más allá de ese punto, con una especie de seguro de longevidad.

Eso sí, consideran esta idea para todos los tipos de pensión, y no solo para el retiro programado. Para ello, analizaron crear una Pensión Básica Universal (PBU) de la cuarta edad, financiada con recursos públicos.

“Para determinar la edad en la cual se comenzaría a entregar la PBU de cuarta edad, se analizó que esta se establezca según la expectativa de vida de un hombre de 65 años calculada con las tablas de mortalidad. En el año 2021, ello implicaría otorgar la PBU de cuarta edad a partir de los 86 años. Como las tablas de mortalidad, por los factores de mejoramiento, se ajustan todos los años para representar los aumentos de la expectativa de vida de la población, ello implicaría actualizar la edad de inicio todos los años”, comenta el estudio.

Aunque la mesa no propone un monto específico para la PBU de la cuarta edad, hicieron una evaluación del orden de magnitud de los costos fiscales que podría significar un beneficio de UF 6, en la línea de la pobreza, y estimaron que significaría un costo total aproximado que iría desde los US$748 millones en 2022, con casi 250 mil beneficiarios, hasta US$1.995 millones en el año 2050, con unos 650 mil personas beneficiadas.

“Considerando el costo actual y proyectado del Aporte Previsional Solidario para los mayores de 85 años, dado que se reemplazaría el APS por la PBU cuarta edad, el gasto fiscal adicional que generaría la Pensión Básica Universal de cuarta edad sería aproximadamente de US$353 millones en 2022; US$434 millones en 2030; US$633 millones en 2040 y US$912 millones en el año 2050″, señala el documento.

“Los costos adicionales al Pilar Solidario podrían ser menores a los mencionados, ya que los tres retiros excepcionales de fondos, que han supuesto el pago de casi US$50 mil millones, generarán un mayor gasto público en pensiones del Pilar Solidario en el futuro. Este efecto, que hace que el costo marginal de la PBU de cuarta edad sea potencialmente más bajo, no está considerado en las estimaciones”, agrega.

El informe final comienza con una carta introductoria donde, entre otras cosas, habla de “los principales elementos en que no hubo acuerdo” con el análisis del diagnóstico y propuesta de Basso. Uno de esos puntos, dice la carta, es que “se afirma que el retiro programado presenta saldos elevados al fallecimiento del pensionado (72,5%), que hubiesen permitido otorgarle una pensión sustantivamente mayor en vida. Sin embargo, el análisis conjunto de la mesa, de la cual participó, reveló que el saldo promedio de los fallecidos es 25% y la mediana es 0%. Es decir, el 58% de los pensionados en retiro programado utilizó la totalidad de su saldo al momento de fallecer”.

Por su parte, Basso envió una carta a Cox y los integrantes de la mesa, donde sostiene que cuando recibió el informe final el 24 de julio, “no hizo más que defraudar la esperanza que en ella puse. En efecto, el informe no hace ninguna ´sugerencia concreta para reformar el retiro programado´ y, por ende, no considera para nada los ´lineamientos propuestos´ por este ingeniero”.

Basso agrega que “según el diagnóstico que hicimos junto a la senadora Ximena Rincón, coautora de la propuesta, la modalidad de retiro programado tiene, a lo menos, siete deficiencias que, en su conjunto, producen una importante baja del monto de las pensiones respecto de aquellas que se podrían obtener con el mismo ahorro previsional que los pensionados tienen en la actualidad o tendrán en el futuro”.

Algunas de esas siete diferencias que enumera Basso son: discrimina a las mujeres por cuanto utiliza tablas de mortalidad diferentes según el sexo del pensionado, presenta saldos demasiado elevados al fallecimiento del pensionado que hubiesen permitido otorgarle una pensión sustantivamente mayor en vida, las pensiones son decrecientes llegando a perder hasta más de un 60% de su valor en 20 años en el caso de los hombres solteros, obliga al pensionado a financiar las pensiones de sus beneficiarios mediante la rebaja de su propia pensión, entre otros.

“La propuesta de la mesa técnica significa, en la práctica, que los actuales pensionados de retiro programado de menos de 86 años -más del 95%- tendrán que esperar hasta cumplir esa edad para recibir alguna mejora de sus pensiones. Los recientemente pensionados, así como los nuevos, tendrán que esperar 21 años para recibir un aumento de sus pensiones. En cambio, los pensionados de renta vitalicia podrían recibir el beneficio de inmediato si las compañías de seguros deciden incorporar a su oferta el beneficio fiscal futuro”, manifiesta.

Y concluye que por todo lo anterior, “no comparto la propuesta de la mesa técnica, por lo que no tengo otra opción que abstenerme de firmar el informe final”.