La posibilidad de que Marco Enríquez-Ominami estuviera en la papeleta presidencial en noviembre era una ilusión de no pocos militantes del Partido Progresista (PRO), el cual el cineasta fundó y es su principal líder. Sin embargo, los tiempos procesales no darán tregua y, al menos, hasta septiembre deberá estar asistiendo al juicio oral por fraude al Fisco tras la acusación que el Ministerio Público levantara en su contra en el denominado caso OAS. En este último se indagan aportes económicos de la firma brasileña a su campaña en 2013, causa penal que se inició luego que La Tercera revelara el uso de un avión facilitado por la polémica constructora involucrada en un escándalo de corrupción en Brasil.

El Cuarto Tribunal Oral de Santiago, en base a la cantidad de testigos, peritos y documentos que tanto la Fiscalía Centro Norte como la defensa ofrecieron aportar durante el proceso proyecta que el juicio duraría, al menos, 12 semanas. Ya el lunes 14, cuando se dio inicio a los alegatos de apertura, la audiencia se vio interrumpida por el repentino fallecimiento de un familiar de una de las juezas. El proceso entonces sufrió su primer traspié y este miércoles se retomará la jornada. “Puede que se avance más rápido de lo proyectado, porque muchas veces el Ministerio Público y la defensa renuncian a presentar cierta prueba, pero es tal la cantidad de testimonios, que en el mejor de los escenarios se podría finalizar a fines de agosto”, comenta una fuente del Poder Judicial.

Los tiempos entonces para ME-O y las aspiraciones de sus seguidores no alcanzarían, bajo ningún escenario. Esto, porque para emprender una cuarta aventura a La Moneda necesitaría ser absuelto antes del 23 de agosto, y que esta decisión -si así fuera- tendría que, además, ser ratificada por tribunales superiores, por lo que todos los entes que intervienen en este proceso judicial descartan tal posibilidad. A esto se suma que mantiene vigente una formalización en el caso SQM, que actualmente está en preparación de juicio oral, acusación por la cual también -al igual que OAS- el fundador del PRO perdió sus derechos políticos, lo que está registrado en el Servel. Esto ya que el Ministerio Público al levantar cargos en su contra suspende sus derechos como ciudadano, lo que redunda en no poder cumplir con uno de los requisitos establecidos en la Constitución para poder postular a un cargo de elección popular. Entonces aún zafando de la causa que indaga la fiscal Ximena Chong, por el presunto fraude al Fisco en el caso OAS, aún mantendría vigente otra investigación -a cargo de la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich- en que se le acusó por delitos que tienen pena de crimen y se solicitó cuatro años de cárcel.

Por estos días la fiscal Chong y su equipo buscarán acreditar que ME-O, el 17 de diciembre de 2013, rindió ante el Servel gastos electorales supuestamente irregulares. Los suyos, de su campaña presidencial por $ 170.800.000 y, por su partido, el PRO, por $ 180.000.000, todas supuestamente justificadas por labores publicitarias de la empresa de su estrecho colaborador, el también imputado Warner. “Tales servicios de publicidad resultan no ser reales, ni efectivos, de tal suerte que, en definitiva, resulta ser que la sociedad Cono Sur Research sólo fue utilizada para triangular pagos por supuestos servicios prestados por el publicista brasileño José Cavalcanti de Mendonca, conocido como Duda Mendonca”, dice la acusación fiscal en que también se solicitan cuatro años de cárcel. Como el Servel devuelve los gastos de campaña con una correlación de la cantidad de votos del candidato, el Ministerio Público plantea entonces que el cineasta habría incurrido en esta figura de fraude al Fisco.

Pocos minutos antes de empezar el juicio, que se desarrolla de forma semipresencial, es decir algunos intervinientes en el tribunal y otros conectados telemáticamente, el exabanderado del PRO tuiteó en su cuenta: “Hoy mi café está más dulce. Después de siete años, comienza el juicio en el que podré defenderme ante jueces imparciales y con un juicio justo”. Al revisar el sistema del Poder Judicial, existen escritos que dan cuenta de que al menos desde mediados del 2020, cuando ya la pandemia del Covid-19 había impulsado el trabajo de los tribunales vía remota, se le ofreció hacer un juicio vía Zoom, lo que fue rebatido por su defensa, que pidió postergar, ya que un proceso así podría jugar en contra de las garantías del imputado. “La defensa de ME-O solicita se reprograme el juicio oral para que éste se realice de manera presencial, ya que se tratará de un juicio contradictorio y de esta manera se garantizan de forma más perfecta los derechos del acusado. Con todo, solicitan se desarrolle en la fecha más próxima posible”, se explicita en un acta fechada el 6 de agosto del año pasado. Lo mismo ocurrió en al menos otras cuatro oportunidades.

El Ministerio Público, en tanto, sólo pidió aplazar una vez argumentando que la primera perito que presentarán en el juicio, una funcionaria del SII se enfermó pocos días antes del juicio. Con todo, ha sido entonces la defensa de ME-O que ha solicitado en reiteradas ocasiones aplazar el juicio con el propósito de resguardar los derechos de su defendido.

Ante esto, el abogado Carlos Mora, quien representa a Enríquez-Ominami, aclaró que “en primer lugar, cabe recordar que fue la defensa de Marco Enríquez-Ominami quien apercibió y exigió el cierre de la investigación contra la voluntad del Ministerio Público, que no quería cerrar la misma. En segundo lugar, consta en las diversas audiencias de factibilidad que siempre la defensa de Marco Enríquez-Ominami manifestó estar disponible para la realización de un juicio oral, público y contradictorio con todas las garantías que establece la ley”.

Junto con esto, Mora explicó que “sólo este año -y producto de la pandemia- se ha dilatado el juicio, pero evidentemente frente a una investigación de seis años por hechos de hace ocho años, es indiscutible que se podría haber realizado este juicio hace varios años”. Asimismo, sostuvo que “consta en los registros de audio y en la carpeta judicial que el Ministerio Público ha solicitado en más de una oportunidad nueva fecha, aludiendo, por ejemplo, la indisponibilidad de la fiscal o la imposibilidad de contar con fiscales que pudieran tomar este juicio. No es efectivo que la defensa se hubiese negado a realizar esta audiencia o que no hubiese querido realizar el juicio oral. El único registro fiel de lo actuado son los registros de audio, por ende, para tener certeza de lo ocurrido más allá de los trascendidos o filtraciones, corresponde acudir a la fuente y la fuente fidedigna de lo que la defensa ha manifestado está en los registros de audio, nunca la defensa ha solicitado suspender este juicio, siempre hemos instado por realizarlo, pero con las garantías que la ley establece, ni más ni menos”.

Finalmente respecto de los plazos, la defensa del líder del PRO sostuvo que “como defensa no estamos pensando ni nos corresponde especular sobre candidaturas presidenciales. Pero sí es un hecho que no obstante gozar de la presunción de inocencia, se le ha privado de derechos políticos de manera arbitraria. Tenemos la profunda convicción de su inocencia y de su absolución. Lucharemos por reparar el daño causado en todas las sedes que sea necesario”.