Otra falta grave. Así trascendió que el ministro Rodrigo Pica habría caratulado el resultado de otro sumario realizado en contra de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm. A la propuesta de censura por escrito que formuló en su contra por “falta de respeto contra funcionarios públicos”, ahora el investigador levantó cargos en contra de la autoridad por su presunta responsabilidad administrativa por el allanamiento ilegal de las oficinas de los ministros, en febrero del 2020, que fue denunciado, incluso ante la fiscalía, por la secretaria del organismo.

Hace algunos días el sumariante cerró la etapa de investigación y, según trascendió, habría acreditado que personal de la PDI entró a los despachos de los jueces sin autorización de ellos y que la policía, pese a que había sido citada a revisar la seguridad de la instalación de la presidencia, terminaron ingresando a las oficinas de los ministros avalados por la jefa de gabinete, Claudia Vélez, quien habría guiado a los policías.

La situación, de la cual tuvo conocimiento Brahm, habría generado una nueva propuesta de sanción y actualmente este sumario se encuentra en etapa de descargos, es decir, la presidenta del TC y su defensor, Luis Cordero, están contestando la resolución del juez Pica.

Fuentes policiales aseguraron que la petición realizada por la presidenta del TC era revisar las dependencias en que se encuentra emplazado su despacho y que luego de esto terminaron revisando oficinas de los ministros sin que ellos supieran que los jueces no habían sido advertidos de la diligencia. Todo el trámite se hizo, según comentan las mismas fuentes, bajo la supervisión de la Jefatura Nacional de Inteligencia de la PDI y que la solicitud fue en el marco de requerir apoyo de seguridad y revisar si existían micrófonos o cámaras ocultas en el tribunal. El recorrido, según trascendió, fue vigilado por Vélez, quien fue la que indicó qué lugares debían revisarse y que ella, a su vez, fue mandatada por Brahm para tales efectos.

La decisión de Pica se da justo la misma semana en que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien indaga en el ámbito penal la denuncia por presunto allanamiento ilegal, enviara un oficio al TC en el que solicita “autorización de quien corresponda” para que le permitan a personal de Carabineros que “efectúe un registro o barrido electrónico en el edificio” este 5 de junio a las 8.30 horas. Esto, según explica Armendáriz, “a fin de determinar las condiciones de seguridad en el ámbito electrónico en busca de aparatos indebidos de captación de audio y/o video u otra índole semejante”. Con todo, el jefe regional del Ministerio Público explicitó que no era necesario abrir cajones o gavetas, ni la revisión de computadores. “Salvo para confirmar la existencia de artefactos previamente detectados en la revisión”.

“Hasta el fiscal Armendáriz entiende que debe solicitar autorización”, comenta uno de los jueces que está molesto con la diligencia realizada en febrero del 2020, cuando se encontraba de vacaciones.

Este viernes, la primera sala, encabezada por el ministro Iván Aróstica, debe revisar la primera propuesta de sanción realizada por Rodrigo Pica en los sumarios acumulados por las denuncias de acoso laboral. La instancia podría confirmar la censura por escrito impuesta por el instructor. Si decidiera, por el contrario, elevarla tendrá que llevar el caso al pleno del TC, según el autoacordado que regula las indagatorias administrativas al interior de este organismo.