Las jugadas legislativas de última hora y el compromiso de La Moneda de corregir su contenido no fueron suficientes. Finalmente, un grupo mayoritario de diputados oficialistas decidió votar en contra de la idea de legislar del proyecto de ley que endurece medidas contra las usurpaciones de terrenos (también apodada por grupos de izquierda como la Ley Antitomas).

Aunque el proyecto fue aprobado en general por 89 votos a favor, dentro de los 43 diputados que marcaron rechazo, cuarenta de ellos eran parte de las bancadas de la alianza gubernamental. En contra votaron la totalidad de los 12 legisladores del Partido Comunista, 21 de los 22 integrantes de la bancada del Frente Amplio, dos socialistas, dos parlamentarias oficialistas de la bancada PPD-Independiente, uno del FREVS, otro de Acción Humanista, además de otros independientes.

La reprobación del ala izquierda del gobierno fue aplastante. Además, se abstuvieron la RD Consuelo Veloso, el PS Tomás de Rementería y la independiente Camila Musante.

Si bien la iniciativa surgió de un grupo de senadores de derecha, había sido patrocinada por La Moneda, que en su trámite en el Senado y en la Cámara le incorporó enmiendas. En las últimas semanas, además, el Ejecutivo le dio urgencia para agilizar su tramitación.

El gran reparo del gobierno, sin embargo, era la redacción de algunos artículos añadidos por la derecha que permitían a civiles iniciar por acción propia la recuperación de terrenos tomados. Aun así, el gobierno apoyaba el texto en términos generales y apostaba a que en las siguientes etapas legislativas podría corregir aquellos aspectos que consideraba perjudiciales. De hecho, como último recurso siempre quedaba el veto presidencial supresivo o sustitutivo, que requiere un alto quórum de dos tercios para ser revertido.

Este miércoles en la Sala de la Cámara, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), reiteró la postura de La Moneda de mejorar la ley para “evitar la proliferación de tomas”. Esa misma posición la había marcado en los día previos, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), quien dijo que “desde el primer momento dijimos que sí debe haber una ley de usurpaciones, pero no un autotutelaje (recuperación terrenos por civiles)”.

No obstante, las palabras de las ministras no fueron suficientes y el apoyo a la iniciativa se desfondó completamente por la izquierda.

“Este es un proyecto de ley que enfrenta un problema social con una política criminal. Es absolutamente desproporcionado, equipara la ocupación de un inmueble con violencia a las personas con ocupación de fuerza sobre las cosas. Lo más grave es que introduce mecanismos de autotutela, permite que civiles ocupen la fuerza para resolver un conflicto... Es una aberración jurídica”, dijo el diputado Luis Cuello, jefe de bancada del PC.

Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social (colectividad donde milita el Presidente Gabriel Boric), también fue crítico: “La gente que se toma los terrenos no lo hace por deporte, sino todo Valparaíso habría sido construido por delincuentes. Y eso no es así. Vamos a rechazar este proyecto del Medioevo”.

Sólo la mayoría de los diputados socialistas, liberales, radicales, del grupo PPD-Independiente siguieron la línea del Ejecutivo. Esos votos sumados a los de la derecha y de sectores no alineados, como al DC, el PDG y los Demócratas, permitieron que la iniciativa se mantuviera en tramitación.

Consciente del escenario delicado, el gobierno le quitó la suma urgencia para permitir que el texto fuera devuelto a la Comisión de Seguridad de la Cámara, con el fin de corregir el registro de campamentos que quedarían eximidos de la aplicación de la ley y tratar de buscar un entendimiento en el capítulo que favorecía el uso de la fuerza por civiles para recuperar predios tomados.

Entre los ministros que acudieron al Congreso había resignación del desmarque de la izquierda, que incidió en que casi dos tercios de los legisladores oficialistas votaran en contra.

El problema para el Ejecutivo es que era la segunda señal de advertencia de las bancadas del Frente Amplio y el PC en contra de la agenda de seguridad que ha promovido esencialmente la ministra Tohá. En abril pasado, la titular del Interior acordó una lista de 31 prioridades con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el diputado Vlado Mirosevic (liberal), quien entonces lideraba la Cámara, posta que, en todo caso, fue asumida por el actual titular de esa corporación, Ricardo Cifuentes (DC).

Ya el martes, legisladores del ala izquierda votaron en contra de la idea de legislar de la iniciativa que penalizaba el porte de combustibles en el marco de una manifestación. Este rechaza, incluso, tal vez fue más doloroso para La Moneda, ya que se trataba de una reforma enviada por el propio Presidente Boric.

No obstante, una de las razones que pesó en el desmarque colectivo es que esta iniciativa “criminalizaba la protesta social”, tema que los parlamentarios de izquierda le reprochaban al gobierno de Sebastián Piñera, especialmente después del estallido social del 18 de octubre de 2019.