A horas de cumplirse cuatro meses desde el inicio del debate constituyente, la Convención Constitucional vivió su primera jornada de votaciones particulares en el pleno, instancia en que se definirían las primeras normas que integrarán el proyecto de nueva Constitución.

El órgano constituyente sometió a votación 14 artículos incluidos en el informe elaborado por la comisión de Sistemas de Justicia, ya aprobado en general el martes de esta semana.

Entre los temas incluidos en este informe están la función jurisdiccional, el pluralismo jurídico, la independencia jurisdiccional, el derecho a la justicia, el principio de responsabilidad jurisdiccional y la paridad.

La primera votación de norma tuvo como resultado el rechazo de uno de los dos artículos referidos al pluralismo jurídico. En concreto, el que fue descartado fue el artículo 2, que establecía que “el Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas”. Como fue apoyado por más de la mitad del pleno (93), el artículo será devuelto a la Comisión de Sistemas de Justicia para recibir modificaciones, para luego ser votado por el pleno nuevamente.

La iniciativa contó con el respaldo del Frente Amplio, los escaños reservados de pueblos originarios, Chile Digno, parte de Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente. Votaron en contra 58 convencionales de los colectivos de derecha y centroderecha, el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo y parte de Independientes No Neutrales.

Poco después, a las 19.20, la Convención dio por aprobado el primer inciso del artículo 15, que también esboza el concepto de “pluralismo jurídico”, el que quedará plasmado en el proyecto de nueva Constitución. En concreto, se aprobó por 110 votos a favor, 41 y en contra y una abstención que “la función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad”.

Este inciso difiere del artículo 2, pues establece la plurinacionalidad y el pluralismo como principio y no la existencia a nivel constitucional de dos sistemas de justicia paralelos, uno nacional y otro indígena.

En defensa del artículo rechazado, la convencional Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) sostuvo dentro de su intervención: “Reconocer el derecho propio indígena no es una gran novedad en la discusión jurídica. Ya en 2004 la Corte Interamericana (...) tomó en cuenta la cosmovisión indígena (...). La negatividad de reconocer el pluralismo jurídico no tiene otro fundamento que la ignorancia o la intención de seguir con la asimilación como una política de Estado”.

Sobre la posibilidad de instalar el principio de pluralismo jurídico, la convencional Ruth Hurtado (Vamos por Chile), quien votó en contra del artículo 2, señaló: “No estamos de acuerdo con tener justicias paralelas, ya que necesitamos dar certezas jurídicas y que no haya chilenos de primera y de segunda clase”.

Como el artículo fue rechazado, también se descartó la indicación presentada por el convencional Ruggero Cozzi (RN-Evópoli-Ind), que especificaba que las autoridades de pueblos indígenas solo ejercerán “jurisdicción respecto de los miembros de su pueblo o comunidad”.

Esta indicación presentada por Cozzi dejó en evidencia un vacío reglamentario, pues varios convencionales -Cozzi incluido- manifestaron en el pleno que no tenía sentido votar una indicación si el artículo fue rechazado en su totalidad. Para resolver este asunto, la mesa directiva hizo una pausa al debate que se extendió por casi una hora.

Durante esta jornada de votaciones, resultaron clave los puntos de coincidencia entre la centroderecha, el Colectivo Socialista y el Colectivo del Apruebo. Entre estos tres grupos alcanzan un total de 61 convencionales, suficientes para impedir que una norma sea aprobada por 2/3.

A medida que las conversaciones avanzaban entre estos grupos, se hizo evidente que algunos de temas tratados en el informe de Sistemas de Justicia no congregaban el quórum necesario para ser aprobados.

Al regreso de la pausa que generó la indicación de Cozzi, por 132 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el pleno aprobó el inciso primero del 11 artículo del informe, sobre el principio de responsabilidad, que establece que “las juezas y jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento y, en general, por toda prevaricación, denegación o torcida administración de justicia”.

Asimismo, con 119 votos a favor, 29 en contra y cuatro abstenciones, se aprobó en su totalidad el artículo 13 del informe elaborado por la comisión, sobre principios de justicia abierta. En concreto, este explicita que la función jurisdiccional se “basa en los principios rectores de la justicia abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación y colaboración (...)”.

El inciso primero del artículo 14, sobre los principios de paridad y perspectiva de género dentro de la función jurisdiccional, fue aprobado en particular por 112 votos a favor, 24 en contra y 16 abstenciones. En tanto, el inciso segundo del mismo artículo, referido a que “el Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad (...)” también fue aprobado, por 115 votos a favor, 17 en contra y 20 abstenciones. Por último, el inciso tercero, que especifica que los tribunales deben resolver con enfoque de género, fue aprobado por 108 votos a favor.

Se aprobó casi por unanimidad -149 votos a favor, uno en contra y una abstención- el inciso segundo del artículo 3, que plantea que “la función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley”, y ningún otro órgano del Estado. En tanto, el inciso tercero de este mismo artículo fue aprobado por 147 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Este sostiene que “juezas y jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo, salvo actividades académicas”.

El inciso cuarto del mismo artículo, por otra parte, que establece que los jueces no podrán desempeñar funciones administrativas ni legislativas, fue aprobado por 139 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones. El quinto, que indica que jueces y juezas no podrán militar en partidos políticos, también fue aprobado, por 118 votos.

También se aprobó casi por unanimidad el inciso primero sobre gratuidad. Este señala que “el acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley”, y fue aprobado por 150 convencionales y rechazado solo por Rocío Cantuarias (Vamos por Chile).

Además, con votos en contra del Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo y la derecha, se rechazó el artículo primero del informe, referido a la función jurisdiccional. En particular, sobre esta propuesta, los convencionales mostraron cuestionamientos sobre el inciso uno, pues se menciona que la jurisdicción debe actuar en conformidad de “estándares internacionales de Derechos Humanos” y no de “tratados”, lo que puede causar un “empoderamiento del gobierno de los jueces”.

Sin embargo, como fue aprobado por más de la mitad del pleno (86), el artículo será devuelto a la comisión para hacerle modificaciones.

Tras los resultados de la primera jornada de votaciones en particular, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (MSC), señaló: “Estamos dando respuestas concretas a las demandas que nos pusieron en este lugar. Se no invitó a construir consensos, los dos tercios, para aprobar con una legitimidad importante cada una de las normas. Ya tenemos un borrador con artículos concretos”.

Por su parte, los convencionales de la comisión, Christian Viera (FA) y Vanessa Hoppe (MSC), celebraron los artículos aprobados y enfatizaron que aquellos que fueron rechazados aún tienen pasos de tramitación. “Hoy día nos damos cuenta de que algunos artículos necesitan y reclaman un poco más de trabajo, mayor detalle, por lo tanto llamo a desdramatizar que hoy se ha rechazado algo. Es la oportunidad para que podamos ofrecer un mejor texto”, dijo Viera.

Además, Hoppe destacó que, con la aprobación del principio de paridad, Chile sienta un precedente en materia de género a nivel constitucional. “Nos hemos convertido en el primer país en el mundo en consagrar la perspectiva de género y la conformación paritaria como principio del ejercicio de la jurisdicción”, afirmó.

Si bien desde la centroderecha también celebraron algunas de las normas aprobadas y el alcance de consensos, hicieron algunas advertencias. Por su parte, Cozzi sostuvo: “El ir y venir entre el pleno y las comisiones va a ir generando problemas de tiempo y eso es algo que a nosotros nos preocupa”. En tanto, Luis Mayol (RN-Evópoli-Ind), en referencia a la aprobación del principio de pluralismo jurídico, dijo: “No estamos en contra de la jurisdicción indígena, pero creemos que tiene que ser un nivel de justicia vecinal. No puede abarcar temas ni de familia ni penales”.