Para ocho semanas más, el miércoles 13 de octubre, fue agendada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia en que el Ministerio Público formalizará al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, por su presunta autoría en el desvío de $ 140 millones de gastos reservados, conducta por la cual se le imputarán delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de dinero. El escenario judicial del exmandamás de la policía civil es complejo, lo que llevaría además al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, a pedir la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Es por tal motivo que el propio investigador pidió al tribunal adelantar la fecha de esta actuación ante la justicia.

“Con respeto solicito a su señoría modificar dicha fecha, estableciendo una nueva fecha anterior a la ya fijada, en razón de la naturaleza y gravedad de los hechos, la trascendencia en la oportunidad en relación a la solicitud de medidas cautelares”, argumentó el fiscal Campos ante la justicia para que esta acoja su petición de cambio en la agenda. Debido a la pandemia, los tribunales funcionan vía remota, aunque en este caso de igual forma se fijó la sala 303 del edificio A del Centro de Justicia para operar, al menos el juzgado, de manera semipresencial.

Como en esta indagatoria está en la mira del Ministerio Público el patrimonio de Espinosa y el de su esposa, María Neira, para la fiscalía y el querellante Consejo de Defensa del Estado (CDE) es imperioso que la justicia decrete lo antes posible, junto a las medidas cautelares personales correspondientes, los embargos y prohibiciones de celebración de contratos (ya sea de venta o traspasos) de los imputados respecto de los bienes que han adquirido en el periodo que abarca esta investigación, es decir, durante los últimos seis años.

El Séptimo Juzgado de Garantía deberá entonces resolver si accede a la petición de la fiscalía o mantiene el 13 de octubre como el día en que el exdirector de la PDI deberá enfrentar por primera vez a la justicia, ya no como investigador, sino que como investigado, arriesgando incluso tener que ingresar a un recinto penal si es que se decreta la medida cautelar más gravosa en su contra. Ese día, además, se formalizará a su cónyuge y a su exayudante, el subcomisario Eduardo Villablanca.

La causa se inició el 31 de diciembre de 2020, cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó operaciones financieras sospechosas por parte del número 1 de la policía civil. Junto con solicitar la imputación de Espinosa Valenzuela, el Ministerio Público formalizará también a su esposa, como autora de lavado de activos, y al propio exyudante, que durante la indagatoria ha decidido colaborar para esclarecer los hechos que, según él, asegura fueron más bien “órdenes” que debió cumplir. A este último se le atribuirá participación como autor de lavado y cómplice del desvío de las arcas fiscales.

El expediente judicial establece que entre junio de 2015, mismo mes en que fue nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet como director general de la PDI, y marzo de 2017, fecha que coincide con la formalización por el denominado megafraude en Carabineros, se detectaron, al menos, 53 depósitos en dinero en efectivo que en total suman cerca de $ 140 millones que fueron a parar a las cuentas corrientes del Banco de Chile de Espinosa y también de su esposa por montos iguales o superiores a $ 1 millón mensualmente y a otra que el policía tenía en BancoEstado. Por este comportamiento y las actividades que luego se desprendieron por parte de los investigados es que el CDE se querelló en su contra y se hizo parte de esta investigación que pronto tendrá fecha para su formalización.

Entre las maniobras de lavado de activos, el fiscal Campos ha centrado sus pesquisas en la compra de un departamento, una bodega y dos estacionamientos ubicados en Rosario Sur, comuna de Las Condes, que hizo la cónyuge de Espinosa en abril de 2018. Fue por la suma de 14.753 UF ( $ 439.932.837), lo que se habría pagado, según se investiga, en algunas partes con transferencias que hizo Espinosa a su esposa en épocas paralelas a autodepositarse dinero en una de sus cuentas. También se indaga la adquisición de un auto marca Mazda. Todos estos bienes buscan ser embargados, así, de ser hallados culpables de los hechos que se les investigan, Espinosa y su esposa deberán resarcir al Fisco por el presunto fraude que afectó las arcas del Estado.