El presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, planea llevar la discusión al consejo del gremio que se realizará el próximo lunes. La propuesta de ley corta de pensiones presentada esta semana por el gobierno propone financiar la ampliación de beneficios con el fin de una exención hoy vigente: el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios profesionales, asesorías técnicas y consultorías.

Como la propuesta excluye expresamente el pago de IVA por servicios asociados a la salud, el transporte y la educación, incluye por descarte todo el resto. Entre ellos, los servicios legales. El proyecto presenta otra exclusión: mantiene la exención a los servicios prestados por personas naturales, ya sea de modo independiente o vía contrato de trabajo. Con ello, los mayores perjudicados, dicen especialistas, serán asociaciones de profesionales como las oficinas de arquitectos, las compañías de consultoría y auditoría o los estudios de abogados.

Humeres aclara que aún falta hacer estudios y que su opinión es aún primaria. Pero sí afirma que la propuesta inquieta al mundo legal. “La propuesta de este proyecto de ley, en lo que atañe al tema del IVA a los servicios, nos causa preocupación. Vamos a tener que analizarla en el consejo del Colegio, porque aparentemente estarían gravados los servicios profesionales de los abogados”, afirma.

Humeres dice que el esquema presentado afectaría a las sociedades de profesionales que emiten facturas, lo que estaría ahora sujeto a IVA. “Eso indudablemente implica un cambio para muchos abogados. Hoy el abogado que trabaja solo es bastante extraño, la gente trabaja en sociedades o estudios, así que podría ser afectado de modo muy importante”, dice Humeres.

El abogado, presidente del Colegio desde al año pasado, advierte otra cosa: “Yo quisiera recordar que el tema de la defensa jurídica es una garantía constitucional y eso podría verse afectado en esta materia, porque si encareces el costo de los servicios, a muchas personas les va a significar privarse de la asistencia que corresponda. Nosotros no quisiéramos ser discriminados y quisiéramos estar en las mismas condiciones. No sé qué va a pasar con los médicos. Es un poco elusivo lo que dice el texto, no está claro a qué se refiere…”

-El gobierno excluye a los servicios de salud, lo que dejaría afuera a las sociedades médicas...

-¿Las sociedades médicas serían excluidas y no las sociedades de abogados? Si eso fuera así, me parecería una discriminación arbitraria, porque la defensa jurídica es un bien tan esencial como la salud. Sé que la salud es esencial, pero la defensa jurídica también y está resguardado constitucionalmente. Lo que pediría en este caso es que no se ejerza una discriminación arbitraria, que puede afectar a las personas, además de los colegas naturalmente.

-¿La mayoría de los abogados están asociados a estudios?

-La tendencia hoy día es que los colegas no trabajen solos, porque hoy abordar todos los campos del derecho es muy difícil. Indudablemente que el conjunto de personas que tienen distintas capacidades potencian el trabajo de los abogados y por eso muchos se asocian y trabajan en estudios o sociedades jurídicas, que aparentemente se verían afectadas por esta norma. Hay que esperar la aclaración de estos puntos y la discusión parlamentaria, sin duda.

-¿Esto podría derivar en que algunas sociedades jurídicas se disuelvan y sus abogados trabajen de modo individual?

-Eso es un tema que habría que analizarlo en su mérito más adelante. A mi lo que más me preocupa es que, por un lado, se afecte el ejercicio de la profesión y, por otro lado, que se afecte el derecho a la defensa jurídica de las personas por el encarecimiento del servicio. Si le entregas una factura a un cliente individual: ¿qué hace con el IVA?, no hace nada.

-¿Esto podría afectar más la defensa de las personas, porque las empresas que contraten servicios legales pueden descontar el IVA de sus ventas?.

-Así es, de todas maneras. Preocupa la gente, por un lado, y los colegas, por otro lado, que se les encarecerían el servicio que ellos prestan. Es como si a los médicos les dijera que los honorarios por su consulta van a encarecerse un 20% más. Es un tema que hay que debatir y analizar. Lo llevaré al consejo y la comisión tributaria y la constitucional tendrán que opinar sobre la materia. La preocupación está. Queremos estudiarlo bien y establecer cuales son sus reales alcances.