Cada vez se complejiza más el panorama judicial para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN). Hoy está inmerso en una trama que indaga la Fiscalía Oriente, en la que hay serias sospechas de su participación en desvíos de dineros del municipio a sus arcas personales, tanto así que la justicia ya ha visado el allanamiento de su casa y el alzamiento de sus cuentas bancarias. La gravedad de los hechos investigados quedó plasmada en la querella que ayer presentaron los abogados Julián López y José Ignacio Escobar en representación del organismo edilicio que desde junio dirige la exministra Camila Merino (Evópoli).
La acción judicial, admitida a trámite en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, desmenuza una serie de presuntas irregularidades, las que aluden directamente a recursos económicos de la administración anterior. Estas apuntan a un posible fraude al fisco por parte de Torrealba, quien estuvo 25 años a cargo de la comuna (1996-2021) y sólo salió del cargo por la ley que limitó la reelección de autoridades. El libelo alude a un testimonio clave, el de la publicista Antonia Larraín Prieto, directora (S) Desarrollo Comunitario, quien de cierta forma se “autodenunció” dando cuenta de entregas de fajos de billetes a quien entonces era su jefe, el exalcalde de Vitacura.
El documento está firmado por Mauricio Irarrázabal, actual director de Asesoría Jurídica, quien detalla ante la justicia que “con fecha 19 de agosto de 2021, se acercó hasta mis oficinas en la I. Municipalidad de Vitacura una funcionaria municipal que desempeñaba un cargo de confianza de la administración anterior -cuya identidad se encuentra en conocimiento del Ministerio Público-, manifestándome que desde hacía aproximadamente tres años y hasta el cambio de administración municipal, ocurrida en el mes de julio, manipuló mensualmente sobres de dinero conteniendo aproximadamente la suma de $ 5.000.000 en dinero efectivo, que recibía, entre otros, de Domingo Prieto Urrejola y de Arnaldo Cañas y que entregaba personalmente al alcalde Raúl Torrealba”.
Cuando la justicia dio curso a los allanamientos de las reparticiones cuestionadas, la casa de Torrealba y Prieto, se tuvo en cuenta la declaración ante la fiscalía de la publicista, quien además sostuvo que para la semana de la chilenidad recibía $ 3 millones en efectivo para costear en temas propios de la celebración dieciochera, pero que siempre le sobraba alrededor de $ 1 millón, “el que debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba”.
Prieto, quien además es tío de la aludida funcionaria, cumnplió funciones directivas y actuó como representante legal en todas las reparticiones que recibían subvenciones desde las arcas municipales y que hoy están en la mira del Ministerio Público: Consejo local de deportes, Organización comunitaria y funcional “Vita emprende”, “Vita Salud” y “Vita Deportes”. Lo mismo sucede con Cañas, quien oficiaba como contador de “Vita Emprende”.
En el relato de la querella se van desprendiendo los roles que cada uno de estos personeros habría tenido en la trama y que, según indaga la PDI, serían parte de triangulaciones de dineros provenientes del municipio y que luego habrían ido a parar al bolsillo de privados y del propio exalcalde de la comuna. “Conforme a la información recibida hasta el momento de fuentes confiables, que el Ministerio Público ya conoce, al interior de las organizaciones comunitarias Vita Emprende y Vita Deportes se ha observado un gran desorden administrativo, que incluye el registro de gastos que no cuentan con el debido respaldo y la inexistencia de estados financieros actualizados”, dice el documento.
Inexistencia de servicios
Junto con esto, explicita que en la primera de estas organizaciones “se ha detectado la existencia de pagos por cuantiosas sumas de dinero, presumiblemente provenientes del pago de las subvenciones municipales recibidas por dicha organización, a Arnaldo Andrés Cañas González, quien se desempeñaba como contador de la misma. Sólo en el mes de enero de 2021, el señor Cañas recibió de dicha entidad tres cheques que fueron pagados todos con fecha 13 de enero de 2021, por las sumas de $ 10.000.000, $ 12.930.000 y $ 38.065.589, respectivamente, todas las cuales fueron registradas como ‘fondos por rendir’ y no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido”.
Un modus operandi similar establece el escrito respecto de dineros enviados a Vita Deportes. Según la acción judicial, el mismo contador habría recibido en enero de este año tres cheques por $ 3.093.540; $ 2.915.500; y $ 13.984.75, los que fueron registrados bajo el ítem “cuentas por contabilizar”, pero “no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido”.
En el documento, entonces, se resume: “Lo anterior significa que, sólo durante la primera quincena de enero de 2021, el señor Cañas recibió de parte de las dos organizaciones mencionadas, sin justificación para ello, la suma total de $ 80.939.380 que no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido y que, si se proyectan en el tiempo de funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales antes mencionadas, podrían comprometer una parte relevante del patrimonio municipal otorgado a través de subvenciones, dañando directamente a los vecinos de la comuna”.
El Municipio de Vitacura en su acción ante tribunales pide que el Ministerio Público cite a declarar a todos los actores de esta trama y en ese sentido instala sus sospechas en el desvío de altas sumas de dinero fiscal a fines no propios de las reparticiones vinculadas a Vitacura. “La información recibida hasta la fecha es indiciaria de que, durante un período de tiempo todavía indeterminado, las organizaciones comunitarias funcionales antes individualizadas, representadas legalmente por Domingo Prieto Urrejola, recibieron de la Municipalidad de Vitacura cuantiosas sumas de dinero a título de subvenciones, parte de las cuales fueron posteriormente utilizadas en fines distintos a aquellos para los cuales fueron otorgados, incluyendo el beneficio personal de uno o más funcionarios municipales”.
En su calidad de funcionario público, sostuvo el director jurídico, expresó que tenía el deber de “poner en conocimiento de los tribunales de justicia y el Ministerio Público cualquier denuncia sobre hechos que revisten caracteres de delito que pudiesen afectar el patrimonio de la Municipalidad de Vitacura, dañando así la fe pública y a los vecinos de la comuna. Esta querella obedece, precisamente, a que, con posterioridad a la denuncia originalmente presentada, hemos continuado recibiendo antecedentes en torno a este tema”.
El fiscal de Alta Complejidad Carlos Ramírez pesquisa hoy el rumbo de dichos dineros, desde cuándo este “desorden” existe en estas reparticiones del Municipio de Vitacura y si se configuran los delitos de malversación de caudales o fraude al fisco. Hasta el momento, el exalcalde de Vitacura sigue inubicable y no ha entregado patrocinio y poder a abogado alguno. Raúl Torrealba guarda silencio.
