El ambiente estaba convulsionado este martes en Valparaíso. Diez colegios y dos universidades (UPLA y UV) habían suspendido sus clases en forma total o parcial. ¿La razón? Temor a lo que pudiera pasar con el desarrollo de un funeral de “alto riesgo”, programado para las 16.00 en el Cementerio de Playa Ancha.

“Lamentamos profundamente que por este funeral de alto riesgo debamos tomar este tipo de decisiones, pero por cierto la integralidad de nuestras comunidades educativas (...) siempre será nuestro principal objetivo”, argumentó Daslav Mihovilovic, director ejecutivo (S) del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso.

Los establecimientos afectados fueron los colegios Luterano Concordia, San Vicente de Paul y la Escuela Pacífico, los que suspendieron la jornada completa, y las escuelas de Israel, Reino de Suecia, Diego Portales, Carabinero Pedro Cariaga, Especial Trastorno de la Comunicación Hirondelle, el Instituto Marítimo de Valparaíso, Colegio María Auxiliadora y las universidades de Valparaíso y de Playa Ancha los que optaron por un corte parcial de la jornada.

El funeral de alto riesgo era el de Camilo Noé Rojas Chepulich (27), más conocido como El Ñaju, quien la tarde del miércoles 15 de marzo fue acribillado con cerca de 30 balazos a las afueras del colegio Las Acacias, en el acceso principal a la Ciudad Puerto.

El Cementerio de Playa Ancha, cerro donde vivía El Ñaju y su familia, vivió una jornada distinta. Dos buses de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, un carro lanzagases y una camioneta del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) -cuyo personal ingresó al camposanto portando metralletas- permanecían estacionados, a la espera de la llegada del cortejo fúnebre.

El velatorio había comenzado el lunes, en la sede vecinal 110, en el sector de Montedónico (calle Pacífico 1545), donde la mañana del martes la policía, de civil, había contabilizado a no más de 15 personas. Y su familia había cortado el tránsito de la calle Pacífico con maderas y piedras.

Así, a eso de las 15.00, inició el cortejo fúnebre desde la sede vecinal en dirección al cementerio. Allí, un niño le decía a otro que habría balazos. Una trabajadora del aseo comentaba a su compañera que se quería “puro ir”. Y una mujer adulta, al teléfono, decía: “No, no, si ya me voy”.

Pese a las expectativas, cuando llegó la carroza no se produjeron incidentes. La policía, que controlaba el acceso al recinto, sólo detuvo a una persona por “porte de fuegos artificiales”, informó el capitán Víctor Torres, de la Primera Comisaría Sur Valparaíso.

A las 16.45, familiares y amigos descendieron desde el vehículo el ataúd de El Ñaju, quien fue enterrado en el Parque del Consuelo, en la parte superior del cementerio. Se comentaba que era para que lo viera su abuela, quien viviría en la parte alta de la calle Pacífico.

Camilo Rojas Chepulich vivía en un departamento en el pasaje Ramón Cordero, en Playa Ancha. No tenía ocupación conocida y, según cuentan vecinos del sector, formaba parte de una de las dos bandas delictuales que dominan el territorio. Era conocido y catalogado como “de la alta jerarquía”.

Antes de ser presuntamente asesinado en la subida Santos Ossa, se comenta que Rojas Chepulich había enfrentado duras rencillas en el sector. Incluso, habría participado, a fines de diciembre, en el homicidio de “El reguetonero”, uno de los integrantes de su banda rival en Playa Ancha.

Habría sido a raíz de ese enfrentamiento que sus enemigos se empecinaron en terminar con su vida, en un ajuste de cuentas que -dicen varios pobladores- se habría concretado luego de que la pareja de El Ñaju, una estudiante del colegio Las Acacias, lo habría “vendido” a sus enemigos y le habría pedido que se reunieran a las afueras del establecimiento para que fuese interceptado.

El homicidio habría ocurrido cerca de las 13.00, informó José Miguel Subiabre, fiscal adjunto de Valparaíso, cuando el vehículo Nissan de color rojo, en el cual se transportaba y había estacionado frente al colegio, recibió más de 30 balazos desde un segundo automóvil blanco, “razón por la que el ocupante falleció. Estamos con la BH realizando todos los trabajos técnicos y científicos (...) para esclarecer los hechos, la identificación de él o los autores, vinculaciones y las circunstancias que permitan dar con el paradero de estas personas”, señaló Subiabre. La “causa sigue con diligencias en curso, vigente y sin personas detenidas”, añadieron desde la entidad judicial.

Pero no era la primera vez que Rojas Chepulich había recibido balazos por un eventual “ajuste de cuentas”. En 2021, y cuando esperaba en la fila de un local de comida rápida, desde otro auto le dispararon. Tres balas llegaron a su cuerpo. “No se sabe si lo trataron de matar aquella vez o sólo asustarlo. Porque los impactos de bala que recibió fueron en sus piernas”, señalan desde la policía uniformada.

Lo que sí es oficial es que El Ñaju contaba con cinco procesos en los tribunales de justicia. El primero fue en abril de 2018 por el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público, luego que fuera detectado en un control policial vehicular con una placa patente adulterada. En agosto del mismo año fue detenido por posesión de armas de fuego, siendo sobreseído en 2020.

En mayo de 2019 fue procesado por el delito de incendio y amenaza simple, mientras que en abril de 2020 fue detenido por infringir las normas sanitarias durante la pandemia del Covid-19.

Finalmente, en abril de 2022 fue detenido por amenaza simple en contra de una señora que atendía un minimarket en la Población Viento Sur, en Playa Ancha. El acusado llegó a un procedimiento simplificado y pidió disculpas públicas a la afectada.

El funeral y las medidas que se tomaron provocaron reacciones. La ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que “no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda y, por lo tanto, con la empatía y la solidaridad con los colegios que se sintieron amenazados hoy día, tenemos que prepararnos para que cuando haya una próxima oportunidad, tengamos disposición de personal, hagamos todas las medidas de protección necesarias alrededor de los colegios, pero no sacrifiquemos la actividad escolar por la agenda del narcotráfico. Eso no es admisible en Chile”.

En el mismo tono, la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, señaló que estas situaciones no se pueden naturalizar bajo ningún contexto. “La ciudadanía no puede cambiar sus actividades cotidianas por la sensación, o sentir que están abandonados por el Estado y la institucionalidad. Como autoridades y como instituciones a cargo de la seguridad, tenemos que revisar los procesos, dar respuesta a quienes están exigiendo sentir más presencia (de seguridad), ser más eficientes y fortalecer nuestro trabajo, tal como lo hemos estado haciendo en el desarrollo de nuestro gobierno”.

Ante una consulta en una pauta que mantenía en Santiago, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo durante la mañana que “en materia de seguridad tenemos que recordar que la normativa vigente establece que cada establecimiento tiene lo que llamamos el PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar). Esto lo que hace es que evalúa algunos elementos que son de carácter más bien territorial y local”, explicó la autoridad. Y agregó: “Estamos hablando de condiciones de vulnerabilidad, amenazas, de riesgo. Cada establecimiento tiene que evaluar”.

El secretario de Estado, dentro de otras cosas, ejemplificó que “si mis establecimientos están en una población de alto nivel de complejidad, donde sabemos que lamentablemente hay condiciones para la delincuencia o el narcotráfico, claramente tengo que diseñar algún protocolo que esté asociado, lamentablemente, a los temas de las balaceras”.

Luego de eso vinieron los dichos que más tarde tuvo que precisar: “Es una buena decisión que un establecimiento diga ‘voy a suspender las clases’, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y que puede poner en riesgo a los estudiantes. Sabemos que eso es, lamentablemente, una condición dada por cómo ha ido avanzando, no sólo en nuestro país, sino que varias circunstancias que están asociadas a estos actos que son derechamente delictuales”.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, sostuvo que lo que pasó “no es justo. Esto es lo que hace el miedo. Y el miedo que tiene la gente es real, obvio. No está inventando (...), y el miedo carcome cualquier posibilidad de trabajo, por ejemplo lo que hacen el municipio y los dirigentes para sacar adelante los sectores altos de Playa Ancha, que son los que hoy día están con temor”.