Una radiografía a los Tribunales Orales en lo Penal (TOP) desde 2004 hasta 2020. Eso fue lo que realizó el Observatorio Judicial en un estudio que da cuenta de los porcentajes de condena de los 18 TOP del país y los tiempos de tramitación de estos juicios. El análisis abre la duda sobre cuánto es un plazo razonable para que una persona sea juzgada y cómo está actuando el sistema judicial en esta materia.

¿Cuáles fueron los principales resultados? Que en los 17 años de funcionamiento han dictado 134.956 sentencias y en un 81% de las veces declararon culpables a los acusados por el Ministerio Público. Pese al alto porcentaje de condenas durante el periodo, se observa una caída en la tasa de estas de un 91% a un 78%. “Durante 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en prácticamente el 90% de los juicios se obtuvo una sentencia condenatoria, luego viene un declive entre 2009 y 2018, en el cual la tasa promedio de condena cae a un 74%, por último, entre 2019 y 2020 se produce un leve aumento en el porcentaje de condenas”, dice.

Y en cuanto a los tiempos que duran estos procesos, se registró un aumento de tramitación de 264 días en 2004 a 602 días en 2019, es decir, crecieron en un 102%.

Según el documento, una de las razones -tanto para la caída en la tasa de condena como para el alza en los tiempos de tramitación- podría deberse, por un lado, a una expansión en el ingreso de causas en estos tribunales motivada al aumento de casos en el Ministerio Público y, por otra parte, a una decisión de política criminal -especialmente durante el período del exfiscal nacional Sabas Chahuán- de llevar más causas a juicios orales. Esto provoca que los jueces tengan más causas que procesar, lo que incrementa los tiempos de tramitación.

En específico, sostiene que durante el período del fiscal nacional Guillermo Piedrabuena (1999-2007) el porcentaje de ingreso se mantuvo relativamente estable y con Sabas Chahuán (2007-2015) al mando se vio un aumento sostenido en el porcentaje de ingresos a los TOP, lo que abarca también tres años del período de Jorge Abbot (2015-a la fecha).

De acuerdo al análisis, solo 170.274 casos de un total de 20.757.331 que ingresaron a la fiscalía entre 2004 y 2020 llegaron a los tribunales orales. Esto equivale al 0,82% del total de los ingresos. “El crecimiento de juicios que ingresan a los TOP es correlativo al sostenido aumento en el ingreso de delitos en el Ministerio Público. En año 2020 representa una abrupta caída de ingresos a los TOP que probablemente se explica por las restricciones producto de la pandemia de Covid-19″, dice el estudio.

En cada tribunal oral existen “diferencias considerables” de tiempos de tramitación promedio, según el estudio. Por ejemplo, el TOP de Los Ríos demora en promedio 538 días en terminar un juicio, mientras que un proceso en los TOP Antofagasta demora 384 días en finalizar. Sin embargo, dice el documento, los tiempos de tramitación deben ser mirados por carga de trabajo, es decir, la relación entre ingresos de causas y número de magistrados por región.

“Si comparamos los tiempos de tramitación entre los TOP de la I Región –401 días– y el TOP de la XII Región –392 días– se podría concluir que el segundo es más eficiente que el primero, sin embargo, al mirar la carga de trabajo es claro que el primero es mucho más productivo, ya que tienen una carga de trabajo el doble y sólo demora nueve días más en terminar las causas”, indica el informe.

En esa línea, los investigadores se preguntan ¿por qué tribunales con mayor carga de trabajo demoran casi lo mismo en la tramitación que otros tribunales con menos carga laboral? Señalan que esto hace “reflexionar sobre los controles e incentivos que deben tener los jueces y la distribución de los recursos, en especial para disminuir los tiempos de tramitación”.

Y sobre los largos plazos de tramitación, dice que no solo “constituye una vulneración al debido proceso y la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, sino que también repercute en la reparación de la víctima del delito”.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, esto es preocupante: “El paso del tiempo afecta la adherencia de testigos y víctimas a los juicios, como la calidad de sus declaraciones, por el olvido natural a consecuencia del paso del tiempo. Ocurre, además, que funcionarios policiales testigos en estos juicios son con frecuencia redestinados a otras unidades o funciones”.

Agregó que esta situación “afecta particularmente a los casos en que hay personas privadas de libertad o sometidas a medidas cautelares intensas. Sin embargo, los tribunales son particularmente cuidadosos en estos casos e instan a dar curso progresivo a los antecedentes”.

En tanto, Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial, indicó que una explicación del incremento en los tiempos de tramitación es el aumento en los ingresos de causas a los TOP, que pasó de unas 2.000 a 13.000 causas, lo que “nos habla de un sistema que paulatinamente se ha ido estresando. Vamos creando y creando nuevas leyes, sin antes preguntar si el sistema judicial es capaz de procesar adecuadamente esa constante masa penal en expansión”.