El Consejo de Defensa del Estado (CDE) puso fin al juicio civil en contra del empresario Raúl Schüler, condenado por los delitos de receptación y daño patrimonial de monumento paleontológico.

La institución, que representa los intereses del Fisco de Chile, acordó cerrar un avenimiento con el empresario en el marco de la demanda de indemnización de perjuicios que presentó en su contra por el daño ocasionado a las piezas que poseen categoría de Monumentos Nacionales, encontradas en su casa ubicada en San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins.

El pasado 25 de agosto y ante el 29 Juzgado Civil de Santiago, las partes cerraron un acuerdo para poner término al litigio. El cierre del proceso consiste en que el anticuario se comprometió a pagar al Fisco de Chile una suma total de $120.000.000, mediante la entrega de tres cheques vale vista del BancoEstado y cada uno por un monto de $ 40.000.000, muy lejos de la cifra de la demanda original.

Según la transacción, cuyos detalles son públicos, porque las partes debieron presentar un escrito para dejar constancia ante el tribunal, el CDE en representación del Fisco de Chile recibió conforme dicho monto. “La cantidad comprende la totalidad de la indemnización por los hechos que motivaron la presente causa y que por este acto se transa y renuncia a cualquier otra cantidad mayor a dicha cifra pretendida en su demanda, cualquiera sea su concepto, esto es, reajustes, intereses devengados y costas”, consignó el escrito.

El acuerdo permite al Fisco de Chile concluir el juicio en su arista civil, renunciando a su derecho a exigir el monto originalmente demandado. Esto, luego de que el pasado 4 de septiembre de 2020 el CDE presentara una demanda de indemnización de perjuicios exigiendo condenar al empresario al pago de $ 485.951.540, más intereses, reajustes y las costas de la causa. Es decir, finalmente en menos de un año de litigación, el anticuario -representado por el estudio de abogados Carlos Cortés Guzmán- logró cerrar el conflicto con el Fisco y terminó pagando casi un cuarto del monto (24,6%) que exigió en un principio el CDE a beneficio fiscal. El avenimiento establece que cada parte se hará cargo de los propios costos legales del caso.

En un comunicado, el presidente del CDE, Juan Peribonio, explicó que “por medio de la indemnización conseguida se permitirá asegurar una pronta reparación de los monumentos nacionales afectados”. Agregó que “el monto cubre casi el 100% de los daños materiales causados demandados” y que “la transacción permite contar inmediatamente con dichos fondos, evitando esperar varios años antes de que se dicte una sentencia de término”.

Consultada la institución si hubo una sobreestimación de los daños y los motivos para aceptar la propuesta de conciliación, que considera menos de un cuarto del monto exigido, respondió: “Para arribar a esta cuantía se consideraron los daños materiales que se constataron a la fecha de presentación de la demanda interpuesta por este servicio. En cuanto al daño indirecto, el CDE valoró las evidentes dificultades probatorias inherentes a un juicio de esta naturaleza, tanto desde un punto de vista legal como técnico, la escasa jurisprudencia de los Tribunales de Justicia sobre esta materia, los costos institucionales asociados y la evidente conveniencia de contar con una cantidad importante -como la señalada- de modo inmediato y seguro”, se lee en la comunicación.

“Se hace presente que la obtención de la suma obtenida y la sanción penal ya indicada constituyen un evidente éxito del accionar ejercido por el CDE, logrando agilizar y facilitar una reparación rápida, oportuna y eficaz de los daños que fueron ocasionados”, explicaron.

En el frente penal, el Juzgado de Garantía de Graneros condenó en juicio abreviado al empresario por los delitos de receptación y daño patrimonial de monumento paleontológico.

El anticuario fue condenado a tres años y un día y a 541 días de presidio con beneficio de libertad vigilada intensiva, además del pago de 100 UTM (aproximadamente $ 5.200.000). Asimismo, podrá salir del país si así lo requiere por medio de una autorización judicial.

En el marco de la investigación, la PDI realizó un informe contable de los 49 talonarios de cheques que han sido recuperados durante las pesquisas, que incluyen los documentos de Schüler como persona natural y los de su empresa Agrícola La Punta. Ahí se determinó que en un lapso de seis años el imputado gastó más de $ 600 millones en antigüedades y diversas obras de arte.

Según este documento, “los posibles pagos efectuados desde la cuenta corriente de Agrícola La Punta y la cuenta de Raúl Schüler, ambas del BancoEstado, realizados entre diciembre de 2011 y diciembre de 2017, sumados en $ 606.823.700, respecto de las personas y objetivos que se detallaron en la planilla Excel que aportó la defensa de Schüler”.

En el listado, además, la PDI detalló a cada uno de los anticuarios que le hicieron las ventas y el monto total que les pagó a cada uno de ellos.