No habían transcurrido ni 20 minutos de la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja del martes 7 de diciembre cuando la diputada del Comité Ecologista, Verde e Independientes, Viviana Delgado (PEV), interpeló directamente al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por un tema que nada tenía que ver con el motivo de dicha junta y que a la postre derivó en un altercado que hoy tiene seriamente cuestionado al secretario de Estado y, ad portas de un nuevo cambio de gabinete, con un futuro incierto.

“Vengo con una problemática que está ocurriendo en Maipú en este momento”, señaló la parlamentaria.

Pero ¿cuál es el problema de fondo que terminó con la diputada acusando a gritos a su persona de parte del profesor de Castellano y autoridad de gobierno?

Cuando en el resto de Chile el año escolar comenzó formalmente el viernes 3 de marzo, en el Liceo Reino de Dinamarca, cuyo responsable es la Corporación Municipal de Educación de Maipú, no pudieron hacerlo. Las clases están suspendidas teóricamente hasta el lunes 13 de marzo, medida tomada por el sostenedor, porque una medición realizada en las dependencias del establecimiento arrojó elevados niveles de cuarzo (3,7% según la medición, cuando el límite es 1%), según un informe del Laboratorio de Higiene Industrial de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

¿La causa probable? Colindante al liceo opera Minera Imperial SPA en una faena que, justamente, incluye el cuarzo como material generado por los trabajos de la empresa.

Por esto, la gestión del alcalde Tomás Vodanovic (RD, al igual que el ministro Ávila) ya interpuso un recurso de protección para detener los trabajos de la minera y realizó una denuncia a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud. Una querella en contra de la empresa por parte del municipio tampoco se descarta.

Según detalla el recurso de protección presentado por la corporación, desde que tomaron conocimiento de los niveles de cuarzo, “se debe entender que sin opción racional alguna la comunidad educativa (...) se ha visto amenazada en forma inminente en sus derechos y se verán afectados de manera permanente por actividad extractiva desarrollada por la recurrida”.

El texto argumenta sobre la afectación o amenaza del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y la integridad física y psíquica, además de acusar que Minera Imperial, “por motivos que desconocemos, no ha adoptado las medidas de mitigación pertinentes”.

Luego detalla las infracciones que ha recibido la empresa por parte de la municipalidad, las que comenzaron en 2018 y siguieron hasta noviembre del año pasado. Añade, además, que la minera no ha dado cumplimiento a lo exigido por la normativa municipal, sanitaria y ambiental para continuar funcionando, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa del colegio colindante al lugar de extracción. Esto, de hecho, fue lo que llevó a suspender las clases, toda vez que, según detallan desde el municipio, la minera sigue funcionando.

Y es que si bien la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso, del que luego también se hizo parte la municipalidad, le dio cinco días a la minera para enviar los antecedentes referidos a esta disputa, así como que les pidió a los solicitantes enviar el informe de la ACHS.

“Desde el municipio hemos sido muy categóricos en agotar todos los esfuerzos y las medidas que estén en nuestro haber para que esta empresa se retire cuanto antes de este sector. Es totalmente inaceptable que hoy una minera esté poniendo en riesgo la salud y la vida de toda una comunidad, solamente por obtener un beneficio económico”, dijo al respecto el alcalde Vodanovic en un comunicado. Y agregó: “Somos muy conscientes de que esto no pasaría en comunas del sector oriente. Pero vamos a demostrar que hay una comunidad organizada y un municipio que van a actuar en conjunto para que esa empresa se retire cuanto antes y nuestros niños y niñas puedan ejercer su derecho a educarse y vivir en un ambiente libre de contaminación”.

Lo anterior es refrendado por la concejala Alejandra Salinas (independiente por el Partido Ecologista), quien dice que “las extractoras están cada vez más cerca del colegio, dejando un sendero de un metro por dos metros de profundidad. La municipalidad está haciendo todas las acciones legales suficientes, pero la ley es muy blanda y son bajas las multas”.

“...Tenemos 628 (N. de la R.: son 581 según la corporación) niños que no han vuelto a clases y no saben cuándo van a volver, porque no se les ha dado una respuesta de parte del municipio ni del ministerio”, dijo la diputada Delgado en medio de la Comisión de Educación el martes pasado.

Inmediatamente, aún sin atisbos de que tras la sesión se provocaría una acalorada discusión por este mismo tema, el ministro Ávila retrucó: “Quería aclarar aquí que las gestiones el municipio las ha realizado (…) Es un error señalar que el Mineduc tuviese la razón para poder cerrar una faena productiva, no está dentro de las atribuciones, eso es importante que la diputada lo tenga claro, eso no es así”.

Ante esto, la diputada cerró con un “vuelvo a recalcar: hasta el día de hoy ni el alcalde ni ninguna autoridad se ha juntado con los apoderados para darles una explicación y creo que desde un ministerio se podría hacer eso”.

Esto, sin embargo, no se condice con la imagen que se vio este miércoles, cuando Vodanovic acompañó a algunos de los apoderados en una manifestación pacífica en las afueras del liceo. El edil, además, señaló en Chilevisión que “es bien importante aclarar algo: la comunicación y apoyo directo del ministerio ha existido desde el día uno, pero el problema excede a lo educativo, es un problema ambiental y de minería. Lo que ha podido hacer el Ministerio de Educación lo ha hecho, pero hoy hay otras instituciones que entran en juego, con quienes hemos tenido conversaciones estos días”. Esas otras instituciones apuntan a las sanitarias.

Con todo, consultado el Mineduc si es que la problemática del colegio estaba en antecedente de ellos, desde cuándo y qué respuestas o acciones han llevado a cabo para remediar el problema, desde la cartera derivaron a un comunicado firmado por la Seremi de Educación: “El ministerio, a través de sus equipos regionales, ha estado monitoreando y propiciando que los distintos actores involucrados tomen las acciones necesarias para asegurar el servicio educativo para esta comunidad”.

Con este objetivo, añaden, la Seremi, a través de su Departamento Provincial, “ha mantenido un contacto permanente con el sostenedor del establecimiento para evaluar las medidas necesarias para la continuidad educativa y la recuperación de clases”.

En ese sentido, la Seremi también inició una coordinación intersectorial con los ministerios de Salud y del Medio Ambiente “para poder concretar, a la brevedad, la paralización de la obra contigua al establecimiento y tener claridades respecto de la situación normativa del centro”.

Consultada la autoridad regional de Salud por si tenían antecedentes sobre esta problemática y qué respuestas o acciones llevaron a cabo, dicen que el análisis efectuado por la ACHS “no obedece a ningún estándar de medición normado, por lo que ni esta seremi u otros organismo fiscalizador pueden controlar o sancionar con base a este antecedente”.

Añaden, de hecho, que en Chile existe la norma primaria de calidad del aire en la cual se establecen estándares de medición y rangos permisibles, cuyo control y sanción, aseveran, es materia de competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por ello, suman, solicitaron la instalación de una estación de monitoreo móvil de calidad del aire.

Asimismo, detallan una serie de fiscalizaciones por otra índole que le hicieron a Minera Imperial, constatando casi siempre algunas deficiencias, como no contar con servicio higiénico adecuado, no tener protocolos de vigilancia del ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores con exposición a sílice, o no acreditar vigilancia médica de los trabajadores que realizan la extracción de minerales. Algunos de estos hechos, incluso, derivaron en sumarios sanitarios con multas de hasta 130 UTM.

Pero la historia tiene, además, otro involucrado: el terreno en cuestión -Estación Experimental Germán Greve Silva- es de propiedad de la Universidad de Chile, que entregó parte de él en concesión. La Tercera pidió a la casa de estudios dar una versión de este tema, y si es que tienen la potestad para dar por terminado el acuerdo, pero declinaron referirse, aunque la institución, a través de la Facultad de Ciencias Agronómicas, ha intentado realizar algunas acciones.

Para este jueves, en tanto, se espera una reunión entre el alcalde de Maipú, la comunidad escolar del liceo y los seremis de Salud, Educación, Medio Ambiente y Minería de la RM, para acordar acciones en contra de la faena minera. La gestión de Vodanovic busca paralizar las actividades de la empresa para reanudar pronto las clases en el colegio, lo que no se hará si la operación sigue.