Extender por cuarta vez el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia. Esa es la decisión que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera viene evaluando hace varias semanas, ad portas de que expire el plazo de su vigencia en poco menos de un mes, el próximo 18 de marzo. Sin embargo, a diferencia de las oportunidades anteriores, esta vez el Mandatario tendría que convencer al Congreso Nacional -donde ya se instalan dudas- para concretarlo.

En su artículo 41, la Constitución establece que, “en caso de calamidad pública”, el jefe de Estado “sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional”; es decir, si es que así lo acuerdan ambas cámaras del Legislativo por mayoría simple. Para ello, el Presidente debería enviar antes de que expire el actual estado de excepción un oficio a ambas corporaciones, el que debe ser aprobado por la mayoría de los diputados y senadores, para luego emitir el decreto supremo correspondiente.

El Congreso “deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones” dentro de los cinco días posteriores al envío de la declaración. Por lo que en La Moneda afirman que el deadline es el próximo 13 de marzo.

La evaluación del Ejecutivo se da justo en medio del proceso de vacunación, que ya cuenta con casi 3 millones de inoculados, y de la campaña para la megaelección del 11 de abril. También cuando hay visiones críticas respecto de la efectividad de las cuarentenas y, asimismo, respecto de la prolongación de la medida del toque de queda, cuya vigencia está ad portas también de cumplir un año y que ayer fue flexibilizada por la autoridad sanitaria, fijándolo a las 23 horas a partir de este jueves.

En La Moneda, sin embargo, afirman que cuando Chile ha alcanzado las 20 mil muertes y los 800 mil contagios desde el inicio de la pandemia, el mantener las condiciones para controlar su propagación es clave. En Palacio destacan que, pese a lo exitoso del plan nacional de vacunación, sus efectos en la utilización de las camas UCI debería verse reflejado recién a fines de abril y mayo y, en consecuencia, su impacto sobre la incidencia del virus se dará a fines del primer semestre. Por lo mismo, señalan, se hace necesario seguir con un régimen de cuarentenas. Además, destacan que el estado de catástrofe permite el uso de recursos excepcionales, por ejemplo, para la trazabilidad.

En ese sentido es que fuentes del gobierno sostienen que el Presidente Piñera está evaluando muy detalladamente -tal como cuando se decretó su última prórroga, en diciembre de 2020- si es estrictamente necesario tener un estado de catástrofe con ese objetivo o podría hacerlo solo con un estado de alerta sanitaria. En la ecuación entra también el hecho de que se trata de un estado de excepción cuya extensión no tiene precedentes en democracia y que, como su nombre lo indica, está pensado solo para ocasiones muy delimitadas en la ley. Lo que sí está claro en el análisis de La Moneda, es que el estado de excepción constitucional es el único que permitiría al gobierno dictar un toque de queda.

Más allá de la decisión que tome el Mandatario, en el gobierno aseguran que, de requerir la venia del Congreso, sobrarían los votos para aprobar una nueva prórroga del estado de excepción.

“No veo quién podría atreverse a decir que ya superamos la pandemia y no debemos tener más cuarentenas”, afirma un ministro de Estado.

Sin embargo, en el Congreso hay visiones contrapuestas sobre la necesidad de extender nuevamente el estado de excepción.

“A primera vista lo creo necesario, vamos a consultarlo de todas formas cuando llegue la propuesta. Pero tenemos problemas complicados en el país, no solo aquellos derivados de la pandemia, sino también la violencia que se está haciendo cotidiana en algunos lugares. Si vamos a tener un año importante desde el punto de vista de la democracia, es bueno tratar de combinar la necesidad de tener plena libertad de expresión con el mínimo control sobre los temas de la violencia”, afirma el jefe del comité socialista, José Miguel Insulza.

Para el legislador es necesario “buscar una fórmula que nos permita dos cosas: un año más tranquilo que el que tenemos ahora y al mismo tiempo una plena libertad para que la gente realice su actividad cotidiana y para que las campañas se puedan realizar adecuadamente”.

Para su par de la Cámara Baja, Luis Rocafull (PS), “el escenario no está para salir del estado de excepción, seguimos teniendo fallecidos, alta cantidad de contagiados y se presume un rebrote tras el término de las vacaciones. Por lo mismo, no tendría problema en aprobarlo. Sin embargo, espero una evaluación de lo que se ha hecho y lo que se puede hacer, por ejemplo, respecto del retorno a clases o el retorno de las mujeres al trabajo”.

En el PPD, si bien se abren a evaluar la extensión de la medida, emplazan al gobierno a buscar un diálogo con “rendición de cuentas” para conseguirlo.

“El gobierno ha carecido de diálogo y rendición de cuentas frente al Congreso en el marco del manejo de la pandemia y con ya casi un año de estado de catástrofe. Entendemos que la emergencia sanitaria continúa y es razonable su extensión, pero no podemos pasar por alto la crisis social y la escasa ayuda del gobierno, como también el actuar de las fuerzas policiales. Son temas que hay que poner sobre la mesa y evaluar”, afirma el jefe de comité de la colectividad, Raúl Soto.

En el Frente Amplio hay visiones más críticas. La presidenta de RD, Catalina Pérez, dice que “en el estado de excepción el gobierno ha omitido el uso de atribuciones para regular precios o utilizar bienes privados para beneficio público y, por el contrario, ha permitido que se preste para prácticas abusivas, como lo que sucedió con los pagos injustificados en Espacio Riesco y el Hotel Queen Royal en Viña del Mar”.

Y agrega: “Lo más terrible es que se ocupa para limitar la libertad de desplazamiento de la misma población que todos los días debe subirse al transporte público para ir a trabajar, algo completamente sin sentido. Si el gobierno sigue en esta línea, al Congreso no le quedará más que rechazar una extensión”.

El senador independiente Alejandro Guillier, por otro lado, afirma que está “disponible a evaluar todas las medidas que permitan un mejor control de la pandemia, que no está superada. Solo exijo dos cosas: transparencia y evidencias. Si el gobierno tiene buenos argumentos para seguir limitando las libertades individuales por la pandemia, debe presentarlos abiertamente y mostrar evidencias”.

En Chile Vamos sostienen que no están dadas las condiciones para dejar atrás el estado de excepción constitucional, menos aún cuando es una medida que permite recursos excepcionales en momentos de crisis. El vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga (Evópoli), asegura que “cuando llegue el minuto de renovarlo espero que todo Chile Vamos y parte importante de las oposiciones estén de acuerdo. Es lamentable estar en un estado de excepción, pero son condiciones sanitarias, no políticas, por lo que solo queda darle todos los instrumentos legales y constitucionales al gobierno”.

Para el parlamentario, “el gobierno ha dado garantías, se realizó un plebiscito entre medio sin problemas. Y por lo mismo, desarrollar un proceso electoral como el que tendremos el próximo 11 de abril, le debería dar garantías a todos los sectores”.

Una matiz pone su par Luciano Cruz-Coke (Evópoli): “A medida que el proceso de vacunación avanza y vamos alejándonos de los pasos más restrictivos debemos gradualmente retomar las libertades de circulación de las personas hasta eliminar los estados de excepción”.