Una iniciativa que tiene en alerta al sector de infraestructura fue lo que aprobó en general el 19 de marzo la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes, y Modelo Económico de la Convención Constitucional.

En concreto, ese día sábado los convencionales le dieron el visto bueno a una norma que establece que “toda persona tiene derecho a la libre circulación por los caminos nacionales de uso público. La administración de estos bienes estará a cargo del Estado de manera directa, sin permitir la concesión de estos bienes nacionales a privados, sean personas naturales o jurídicas, también se prohíbe el cobro por circular en carreteras y caminos nacionales o por entrar o salir de una ciudad o pueblo”.

Aunque aún le quedan varias votaciones por delante a esta iniciativa, ya que probablemente la próxima semana recién se votará en particular en dicha comisión, y luego debe pasar al pleno para su votación en general y en particular, desde el sector de infraestructura hay preocupación.

La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) asegura que no está de acuerdo con esta iniciativa que prohíbe al Estado la contratación de privados para la construcción y operación de las autopistas y carreteras, y que también prohíbe al Fisco cobrar por transitar en ellas. “De prosperar, esto implicaría no solo poner en riesgo procesos cuya inversión proyectada bordea los US$ 27 mil millones, sino que implica además diversos problemas de política pública”, aseguran.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, advierte que “el costo para el Estado de una medida de esta naturaleza es muy grande”. Es más, ejemplifica así la magnitud de recursos de la que se estaría hablando: “Por privilegiar a los automovilistas se estarían destinando recursos equivalentes a 10 líneas de Metro en compensación a las concesionarias y de cerca de 25 mil viviendas sociales anuales por mayor gasto en mantenimiento de la red vial. Solo este último ítem supera los US$1.000 millones al año (0,3 punto del PIB), equivalente al presupuesto de inversión del MOP”.

Cruz agrega que “el problema de la resolución de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención es que, por una parte, restringe la facultad del Estado para desarrollar infraestructura al impedirle concesionar y, por otra, incentiva el uso de los vehículos motorizados al dejar de cobrar por el uso de la infraestructura, con el tremendo impacto ambiental que ello significa y el desmedro del ferrocarril y el cabotaje”.

Algo similar a este último punto detallan desde Copsa: “En los últimos años se ha multiplicado el parque automotor a tasas nunca antes vistas y esto tiene efectos en congestión y contaminación. Eliminar los peajes agrega un nuevo incentivo al desplazamiento en vehículos particulares, cuestión que es inequitativa económica, social y ambientalmente”, afirma el gremio.

La Asociación también recuerda que “los peajes, aunque no los cobre un concesionario, son una forma de financiar la construcción y operación de autopistas. Así, el peaje es un impuesto a quien usa el bien público en cuestión, que evita que quienes no lo usan paguen por él. Así, por ejemplo, las personas que no viajan todos los fines de semana a sus segundas viviendas no financian a las que sí lo hacen. Aunque resulte obvio, construir, mantener y operar una autopista tiene un costo. Eliminar los peajes no cambia esa condición”.

Asimismo, Copsa alerta que “en materia de infraestructura estamos llegando a una estrechez preocupante. Un ejemplo concreto es la Ruta 5, único eje longitudinal del país, que operó durante todo el verano con una carga cercana al colapso, que se sintió tanto en la vía, como en las plazas de peaje, las bombas de bencina y la vialidad circundante. Necesitamos más vías, no menos. No solo ampliar las actuales sino generar alternativas. La pregunta es, ¿cómo financiaremos esas nuevas inversiones sin cobrar peajes? ¿Quién las financiará?”.

Desde Copsa también plantean: “Considerando el enorme esfuerzo que el Estado ya ha anunciado para recaudar 3 a 4 puntos más del PIB vía impuestos, para atender urgencias en salud, educación y pensiones, ¿podemos eliminar una fuente de financiamiento privado como son las concesiones, que no solo libera al fisco de deuda y gasto público, sino que además le reporta ingresos cercanos al 30% de la recaudación de peajes?”.

Cruz cuenta que desde el CPI ven que “hay que conversar más acerca de la facultad del Estado de concesionar y de adecuar el modelo de concesiones a las demandas ciudadanas, pero nos parece complejo eliminar esa facultad del Estado en momentos en que se pretende que este cumpla un rol más activo en el desarrollo del país”.

El director ejecutivo del CPI agrega que “la discusión de esta iniciativa en la Convención debería considerar sus impactos”. Y enumera una serie de temas a considerar, como por ejemplo, “la supresión de la facultad del Estado de comprometer al sector privado para ampliar y mejorar la infraestructura vial del país, sin recurrir a recursos públicos; los mayores recursos que el Estado deberá destinar a inversión, mantención y operación de infraestructura vial en desmedro de prestaciones sociales de diferente naturaleza, como educación, salud, vivienda, pensiones”.

Igualmente, Cruz ahí menciona que hay que considerar que esto “incentiva el uso del transporte motorizado (camiones, buses y automóviles) al no existir costo directo por el uso de las vías; subsidia a quienes tienen automóvil, los que ya se ven beneficiados por el Mepco (subsidios al precio de la bencina) y el impacto ambiental que ello significa y en desmedro de otros modos de transporte que sí pagan por la infraestructura que utilizan, como es el ferrocarril y el transporte aéreo; disminución en la calidad de vida, baja en los niveles de productividad de los usuarios e impactos sociales como aumento de los accidentes, disminución de la velocidad de circulación, etc”.