A casi un mes de emitido el dictamen que obliga a los colegios a restablecer las clases presenciales, la Superintendencia de Educación endureció su postura. A ojos del ente fiscalizador, ha transcurrido “un tiempo prudente” para que los sostenedores reabran las aulas, por lo que comenzará a oficiar a aquellos que no lo hagan. Las miradas, en su mayoría, apuntan a los municipios.

Y es que de los 1.296 establecimientos escolares del país que aún están sin clases presenciales, 1.018 son municipales, 18 particulares pagados, 189 particulares subvencionados y 71, pertenecientes a algún Servicio Local de Educación Pública.

“Respecto a los sostenedores que han incumplido con lo establecido en el dictamen N°58 y con la Resolución Exenta N°615 de esta Superintendencia, donde se establecen instrucciones relacionadas a la obligación por parte de los sostenedores para entregar el servicio educativo a través de clases presenciales, en el contexto de pandemia por Covid-19, estamos en pleno proceso de fiscalización”, señala el superintendente Cristián O’Ryan, quien ahonda en que los establecimientos que no hayan dado curso al retorno a las aulas “recibirán la notificación respectiva respecto de su incumplimiento dándoles la opción para sus descargos de acuerdo al debido proceso”.

Las autoridades ponen especial atención en aquellos municipios que, acorde a la última actualización (con cierre hasta la semana pasada), mantenían todos o gran parte de sus establecimientos sin clases presenciales, como Recoleta, San Bernardo, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y La Cisterna, en la Región Metropolitana.

Eso sí: la Superintendencia apunta que se verificará no solo que los colegios estén abiertos, sino que, efectivamente, se estén dictando clases presenciales para la mayoría de los estudiantes, en función de las posibilidades de cada recinto. Eso, pues la voluntariedad, como han recalcado las autoridades de Educación, es para los apoderados y no para los establecimientos, por lo que de ser encontrados en desacato, los sostenedores se arriesgan a multas que llegan hasta las 1.000 UTM, poco más de 52 millones de pesos.

Las autoridades educativas miran con preocupación que, restando poco más de 10 semanas para el término del año académico, aún existen municipios que no han abierto sus establecimientos o que, según han detectado, lo han hecho a medias. Los aludidos entregan sus razones y también las proyecciones de sus aperturas.

Hacia el norte de la Región Metropolitana, en la comuna de Recoleta, a cargo del alcalde Daniel Jadue (PC), tienen pensado el regreso gradual a clases presenciales en sus 19 colegios desde la próxima semana, en grupos reducidos. “Desde el año pasado que tenemos la planificación de la vuelta a clases segura. Esto implica que en una primera parte ingresarían 10 estudiantes por curso y el resto seguiría de forma remota”, señalan desde el municipio.

Las medidas de aforo que ha dispuesto Recoleta, eso sí, implicarán una presencialidad restringida: cada alumno asistirá solo una semana por mes a clases.

Argumentan, además, que si bien entienden “que las aulas son por naturaleza el lugar de aprendizaje, ante todo nuestra preocupación fue no exponer a la comunidad educativa a que puedan contagiarse, entendiendo que aún estamos en pandemia y que durante los últimos meses tuvimos la aparición de la variante delta. Siempre establecimos que a partir de Fase 4 tomaríamos esa decisión en conjunto con los directorios colegiados de cada establecimiento”.

Desde la alcaldía agregan que “también somos conscientes de que no podemos arriesgar la integridad física y salud de la comunidad estudiantil”, ante lo cual realizaron un catastro de cada establecimiento “para conocer los recursos que necesitamos para dejar los colegios con todas las medidas sanitarias de seguridad mínimas, de manera de evitar nuevos contagios”. Así, cierran, postularon a los fondos en el contexto del Plan Retorno Seguro del Ministerio de Educación, lo que en este caso equivale a $ 2.700 por estudiante de un universo de más de 12 mil matrículas.

En Lo Espejo señalan que de sus 15 colegios han abierto 11, pero solo para actividades al aire libre. Detallan que a raíz de diversos problemas detectados en las instalaciones, han resuelto mantener la modalidad online mientras no se asegurasen las, a su juicio, condiciones mínimas. Eso, pues según la alcaldesa Javiera Reyes (PC), el deterioro de los recintos no permite instalar medidas de prevención. “Lo mínimo es el lavado de manos garantizado y para eso necesitamos apoyo”, asegura.

En La Cisterna, administrada por el alcalde Joel Olmos (Ind.), tenían fecha de retorno: querían volver a hacer clases en sus ocho establecimientos este 27 de septiembre, pero no se ha podido, aclaran, por una disputa con el Colegio de Profesores, que estima que no están las condiciones.

En la comuna de Arauco (Región del Biobío), dicen ya tener algunos de sus 31 establecimientos con clases presenciales -algunas acotadas a turnos diarios, por horarios o ciertos cursos-, pero hay otros colegios, como las escuelas básicas Vicente Millán Iriarte o Alto Yani en que “la situación inmueble no permite el retorno”, afirman.

Mientras, en Quinta Normal confirman que no tendrán el 100% de los colegios abiertos de aquí a fin de año. Ahí cuentan que los dos colegios y tres jardines infantiles de la Dirección de Educación Municipal ya están con aulas abiertas y que los cuatro jardines infantiles y 15 de los 17 colegios de la Corporación de Desarrollo de Quinta Normal están con clases parciales por mala conectividad a internet.

Pero hay otros dos establecimientos -Abate Molina y Cal y Canto- que no han vuelto y que, a la luz de las explicaciones, eso no ocurrirá en 2021. El primero, explica la alcaldesa Karina Delfino (PS), “por su deplorable condición está en proceso de declaración de estado de emergencia por el Mineduc”, mientras que el segundo “tiene graves problemas de infraestructura debido al desprendimiento de madera por las termitas”.

Ambos están con clases remotas y según detalla la edil, “luego de tener las observaciones y presupuesto del Mineduc y licitar su reparación, el primero va a estar listo a fines del primer semestre del próximo año y el Cal y Canto debiese estar operativo para el comienzo del 2022″.

Desde Maipú, en tanto, exponen que de sus 26 escuelas y liceos, 12 ya han retornado a clases presenciales a través de sistemas de reforzamientos, actividades deportivas y talleres, entre otros. En tanto, explican que otros nueve establecimientos han proyectado al término de septiembre sus retornos a clases, mientras que otras cinco escuelas y liceos lo harán la primera semana de octubre, debido a que se están ejecutando labores de mejoramiento de infraestructura por “graves fallas de mantenimiento”, según detalla Ignacio Cáceres, secretario general de la Corporación Municipal de Educación de Maipú (Codeduc), quien aclara que todos los establecimientos de la comuna están abiertos para atención de estudiantes de manera presencial para acompañamiento del programa de integración escolar, necesidades deportivas y curriculares.

Mientras, Manfredo Langer, director de Educación de Cerrillos, señala que dado el dictamen de la Superintendencia, comenzaron gradualmente a recibir de tres a cuatro niños por curso. “Todos nuestros establecimientos están abiertos, pero atendiendo sus particularidades, mayoritariamente con alumnos teniendo sus clases online en el colegio porque no podían hacerlo en sus casas”. Así, señala que el plan de retorno “no significa que los niños vuelvan masivamente”.

En regiones ocurre algo similar. En Valparaíso, ninguno de los doce establecimientos educacionales que administra el municipio de San Esteban está con clases presenciales para todos los cursos. Lo anterior, debido a “graves problemas de infraestructura; cosas que nos imposibilitan que los niños estén de manera segura en los colegios”, señala el alcalde Christian Ortega (IND). Pero no es la única deficiencia: el edil dice que encontró que $ 340 millones, otorgados por el ministerio entre 2015 y 2018 a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), fueron mal rendidos, por lo que deben restituirlos.

Así, tras un acuerdo con la seremi de Educación, pagarán lo adeudado y utilizarán la cuota de este año del FAEP para resolver los problemas de infraestructura y volver a la presencialidad masiva en noviembre.

La situación de San Esteban, eso sí, tiene peculiaridades. Los colegios se han declarado como abiertos, pero recibiendo solo al 10% de su alumnado, pues han retornado a las aulas los estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE) y de la educación parvularia. “Están las condiciones para este pequeño grupo, pero no para la mayoría”, señala el alcalde.

En tanto, en Viña del Mar, a cargo de la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD), 49 de los 53 establecimientos educacionales que dependen de la corporación municipal están con clases presenciales. Y para alcanzar el 100%, solo faltaría resolver problemas menores de infraestructura, explican.

En Los Ríos está pendiente la comuna de Mariquina y ahí su alcalde, Rolando Mitre (PRI), detalla que le falta un recinto por abrir y que esto será la primera semana de octubre. “Ha sido gradual de acuerdo a requerimientos de los apoderados”, dice.

En Pedro Aguirre Cerda, en tanto, el jefe municipal, Luis Astudillo (ind.), cuenta que el retorno a clases presenciales en su comuna está programado para el 4 de octubre y que a quienes hasta aquí no se han podido conectar se les entrega “material pedagógico en las escuelas y liceos″.