El 12 de mayo pasado, el Servicio Médico Legal despachó a la fiscalía un informe pericial de la unidad de salud mental infanto-juvenil sobre el paciente A.J.A.A. (17). El menor de edad es víctima en el caso en que se formalizó al sargento de Carabineros Sebastián Zamora (23) por presuntamente tirar al joven desde el Puente Pío Nono en 2 de octubre pasado, en medio de manifestaciones en el sector de Plaza Italia.

El examen médico, conocido como Protocolo de Estambul, busca evaluar el daño emocional y su correlación con los hechos denunciados.

Sin embargo, aparte de ese hecho, A.J.A.A. es investigado por el fiscal Patricio Cooper por presuntos desórdenes públicos durante el mismo día que cayó al lecho del río. Y luego fue formalizado a fines de mayo por daños tras una serie de ataques a las sedes de la UDI, RN y al memorial del fallecido senador Jaime Guzmán. Esa vez, su ropa fue clave para que funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) pudieran identificarlo junto a otro joven y los siguieran a través las cámaras de seguridad, hasta que fueron detenidos cerca del Parque de los Reyes. Así, son tres casos en los que A.J.A.A. está involucrado como víctima e imputado.

En el marco de la causa por la caída desde el puente, la fiscal Centro Norte Ximena Chong recibió el 14 de mayo el informe del SML. En el documento de 27 páginas, el joven señala tener temor de lo que podrían hacerle terceras personas: “Me podrían ocurrir cosas peores de las que me pasaron. A veces tengo el presentimiento de que me podría pasar algo grave. De que me pueden secuestrar. Está como claro lo que pasó con el estallido social. Le están haciendo seguimiento a la gente. Siento que me puede pasar algo”.

Respecto de lo que ocurrió el 2 de octubre, dice que “cuando yo iba corriendo, sentía el empujón. Ahí desperté abajo en la camilla”, con las muñecas rotas. Además, indica que “me afecta, porque no hay justicia. Yo veo que si hubiese sido al revés, yo estaría condenado de muerte. Me afecta porque no hay justicia de nada”.

El perito Marcelo Urra concluye que “la vivencia de ser lanzado al río tuvo repercusión pública, por cuanto el peritado se percibe como reconocible a muchas personas. Teme que su exposición lo haga ser víctima de represalias, que su casa sea allanada por Carabineros, que se lleven sus cosas. Tiene conocimiento de otras víctimas de Carabineros que han tenido seguimientos posteriores, se siente desprotegido”. Agrega que “teme que funcionarios de Carabineros vuelvan a hacerle daño”.

Por estas razones, el psicólogo dijo que se recomienda que el menor de edad “reciba a la brevedad sicoterapia en un centro especializado. De recibir el tratamiento pertinente, la sintomatología y afectación psicoactiva pueden ser revertidas, y si no lo recibe, puede cronificarse y determinar la existencia a futuro de otras patologías de salud mental, como depresión mayor, incluso cambios en el estilo de funcionamiento afectivo y social de modo persistente”.

La pericia se da en el contexto de una reasignación de recursos por parte del Ministerio de Justicia al SML de $ 513 millones, que tiene como objetivo justamente la realización de los peritajes bajo el Protocolo de Estambul. De esta forma, desde fines de junio hasta noviembre se espera determinar el futuro judicial de 900 causas que están pendientes, a propósito de la realización de esta pesquisa, fundamental para poder enfrentar en tribunales los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y pedir los castigos a los agentes responsables de estas conductas.

En la misma línea, el 11 de noviembre la fiscalía pidió al SML realizar a Fabiola Campillai el Protocolo de Estambul. La mujer -al igual que Gustavo Gatica- perdió la vista de sus dos ojos tras el impacto de una bomba lacrimógena el 26 de noviembre de 2019. Según concluye el informe pericial, en su caso “existe una sensación de injusticia ante el sistema judicial y el trato que habría tenido la persona responsable de los hechos investigados”.